El derecho a la alimentación debe ser defendido por la sociedad. Este requiere un análisis cultural desde todas las miradas, en busca del respeto a la tradición y las costumbres de sus integrantes.

Así lo manifestó Philip Oxhorn, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de MacGill (Canadá), durante el I Congreso Internacional por el Derecho a la Alimentación, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, organizado por el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsán) de la Universidad Nacional de Colombia, según lo informó ayer Unimedios.

Si bien, el académico reconoció que son muy pocos los casos donde este derecho es llevado a la práctica, pues depende del Estado, es importante porque con una normativa de esta naturaleza se podrá garantizar el futuro, si se tiene en cuenta que la niñez es la población más vulnerable en este sentido. Por eso, insistió en el reto de reivindicar este derecho.

Hizo énfasis en la tarea de definir lo que significa para todos los colombianos y sus sectores el derecho a la alimentación, e instó a hacer una movilización para poner en la agenda pública la idea de que ese derecho debe ser respetado por el Estado.

"Se necesita una ley para hacerlo de la manera que se debe. Pero, ¿de dónde viene la ley? Esta tiene que reflejar las necesidades y prioridades de la sociedad civil y obligar a los partidos políticos para que se implemente una ley adecuada al derecho a la alimentación que corresponda".

Y agregó: "la sociedad civil no solo puede, sino que debe ser parte, reivindicar su derecho. Porque, probablemente, no van a tener ni siquiera la ley. Y si la consiguen no va a ser la más adecuada con las esperanzas de las prioridades de los mismos colombianos".

Dicha ley debe responder a las necesidades urbanas y rurales, y tener en cuenta a las comunidades indígenas, afro y mestizas. "Es una idea viable, pues todos tienen una voz y la posibilidad de participar a través de sus organizaciones, muchas de ellas presentes en este congreso", asegura.

Finalmente, hizo referencia a tres tipos de ciudadanía. Una de ellas, la ciudadanía como cooptación, el modelo más típico en América Latina, que incluye derechos sociales segmentados, políticos desvalorados y civiles precarios; y el derecho de la alimentación no es "derecho," pero su acceso es sinónimo de clientelismo.

El segundo tipo corresponde a la ciudadanía como consumo (es el modelo más nuevo). En este, los recursos económicos de los ciudadanos determinan su acceso a los derechos de ciudadanía. La sociedad civil es atomizada y fragmentada y el derecho a la alimentación no existe.

El último pone en evidencia a la ciudadanía como agencia. Califica esta como la ideal, ya que da cuenta del papel activo que juegan actores múltiples, especialmente aquellos que representan a los grupos desfavorecidos. Explica que no es propiamente el modelo tradicional de la izquierda, pero "es el mejor camino al derecho a la alimentación".

El I Congreso, que se extiende hasta mañana, pretende construir e impulsar una agenda de acción para la garantía del derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), la alimentación y la soberanía alimentaria, desde las diversas experiencias de exigibilidad de las comunidades y organizaciones participantes, con el fin de fortalecer el movimiento agroalimentario y su incidencia social y política en Colombia.

Las mesas temáticas que se desarrollarán abordan los circuitos agroalimentarios (vistos desde un ámbito económico), las culturas alimentarias (oferta institucional, consumismo y conocimiento tradicional), semillas y especies animales nativas (TLC, normas fitosanitarias, leyes de semillas y razas), así como la construcción, apropiación y defensa del territorio.

Las tres iniciativas

El establecimiento de los lineamientos de política para garantizar el derecho a la alimentación y a no padecer hambre de todos los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad y fragilidad social, y adecuar los desarrollos institucionales necesarios para la política de seguridad alimentaria y nutricional, es el propósito de una reforma constitucional que espera ser debatida en el Congreso.

Se trata del proyecto de acto legislativo número 66 de 2012 Cámara, “por medio de la cual se establecen lineamientos de política para garantizar el derecho a la alimentación y a no padecer hambre de la población en situación de vulnerabilidad y fragilidad social, se modifican los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 1355 de 2009 y se dictan otras disposiciones”.

La iniciativa, que está de primera de informe de ponencia en la Comisión Primera de la Cámara, está suscrita, por una parte, por la bancada del Polo Democrático (Alba Luz Pinilla, Mauricio Ospina, Gloria Inés Ramírez, Wilson Arias, Hernando Hernández, Iván Cepeda, Germán Navas y Alexánder López.

En la legislatura pasada, el proyecto alcanzó a avanzar hasta el quinto debate, siendo aprobado por la Comisión Primera del Senado (es decir, comenzó bien la segunda vuelta). Pero al no llegar a debatirse en plenaria, fue archivado por vencimiento de términos el 20 de junio.

Por aquel entonces, el senador Parmenio Cuellar, también del Polo y ponente del proyecto, precisó en la exposición de motivos de su informe, que el derecho a no padecer hambre “es categóricamente un derecho fundamental, el cual no se encuentra contemplado en la Constitución colombiana”.

De acuerdo con la exposición de Cuellar, al ser constitucionales los derechos económicos sociales y culturales “su efectividad se traduce en proyectos, programas, políticas públicas y leyes que el Estado diseña para garantizar su cumplimiento; así mismo se les confieren asignaciones presupuestales para su realización, debido a su carácter prestacional y programático. Si el Estado prescinde de esta responsabilidad, él automáticamente se convierte en el único responsable de su incumplimiento y por deducción se establece una inconstitucionalidad por omisión”.

Otros dos

En Senado fue radicado el 3 de agosto por el legislador Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), el proyecto de ley número 64 de 2012, “por medio del cual se dictan medidas para garantizar la seguridad alimentaria mediante la protección y conservación nacional de la tierra”.

La iniciativa, que tiene ponencia lista desde el 29 de agosto y casi un mes después espera ser agendada en la Comisión Quinta del Senado, “propende por el bienestar social mediante la implementación de medidas legislativas que prevengan cualquier situación que afecte a la población colombiana y su forma de vida, asegurando que la tierra como medio indispensable de producción de alimento esté asegurada para el abastecimiento alimenticio interno”, según la exposición de motivos.

En Cámara, un grupo de congresistas de La U (Francisco Pareja, Adolfo León Rengifo, Claudia Marcela Amaya, Sandra Elena Villadiego, Elkin Ospina y Alfredo Guillermo Molina) radicó el 22 de agosto el proyecto de ley 103 de 2012, “por el cual se promueve la agricultura urbana como una estrategia complementaria a la agricultura rural, a través de diferentes modelos urbanos productivos que contribuyen al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la población”.

El objeto de la iniciativa es reconocer, promover y regular la agricultura urbana, como parte de las estrategias públicas y privadas para superar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, fortalecer el tejido social, mejorar las condiciones ambientales, la calidad de vida y la salud de la población, en el ámbito urbano nacional, en armonía con la normatividad sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Aún no tiene ponencia.