El anuncio del Gobierno de que solo hasta marzo se va a presentar otro proyecto de Código minero al Congreso hizo que varios actores del sector insistieran en que la actividad no requiere más normas sino regularizar lo que se estableció por ley hace 11 años.
El director de la Cámara minera de la Asociación Nacional de Empresarios, Eduardo Chaparro, dijo que “el país no necesita otro código minero sino regularizar lo que ya tenemos. Decir que el Código que fue expedido hace 11 años no sirve y debe ser reemplazado porque es viejo, es como decir que se debe cambiar, reemplazar la Constitución Nacional por vieja. No, lo que se debe es reglamentar toda la actividad”.
Este pronunciamiento de Chaparro forma parte de lo que piensa el sector minero, pero es una respuesta al planteamiento que hizo aquí en Medellín en la Feria Internacional Minera, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien sostuvo que será el otro año cuando se presentará otro Código para que sea debatido por el Legislativo.
“Asomineros sostiene la tesis de que con el conocimiento geológico de nuestro suelo, solo con él, se podrán adoptar las decisiones en dónde, cómo y cuándo emprender proyectos mineros, y de la preservación ambiental que se requiere para así garantizar la anhelada sostenibilidad”, señala el directivo.
Sostiene el presidente de Asomineros que “una vez localizados, valorados y ponderados los yacimientos, que la naturaleza ha prodigado a este país, se podrá dotar de empleo digno, seguro y productivo a regiones, que claman por una oportunidad de vida por haber estado marginadas del Estado central y del acceso a bienes y servicios básicos, que eliminen las barreras de la discriminación social y de la inequidad”.
Chaparro afirma que la minería necesita reglas claras para la inversión, ya que es una actividad que demanda esfuerzos técnicos y financieros de grandes proporciones. “Creemos en una sola clase de minería, la de buena calidad, independiente de su tamaño, método o mineral; estamos convencidos y creemos que en Colombia hay campo para todos: pequeños, medianos y grandes que se acojan al estado de derecho y cumplan lo que manda la ley”, señaló.
La visión de la Cámara de Minería de la ANDI, insiste en que “creemos en una industria controlada, un regulador fuerte, profesional y respetado que guíe y comande el ejercicio minero, cree necesario contar con una comunidad informada con la verdad, con datos verificados y verificables, alejados de la especulación y del malhadado principio de sospecha que no dé precaución, que inhibe y atemoriza al ciudadano para escuchar al minero y no solo a los que prevalidos del legítimo derecho de disentir, se empeñan en argüir desinformando y procurando cambiar el modelo de desarrollo económico que hemos adoptado los colombianos”.
Precisamente el interés del sector es que se jalonen “encadenamientos productivos que materialicen la capacidad del recurso humano, la capacidad laboral y para que la industria siga aumentando la oferta de sitios de trabajo decentes, aportando así su concurso a la paz social que tanto necesitamos quienes aquí vivimos”.
Ante los inconvenientes que se han presentado en las consultas previas, Chaparro indicó que “creemos sin vacilación en el derecho de los pueblos indígenas, afrodescendientes y minorías de nuestro país a ser consultados mediante mecanismos claros, expeditos y diáfanos que no les asalten su representatividad y les garanticen la participación tanto en los producidos como en las opciones de desarrollo local social y productivo”.