A mayo de este año habían sido indemnizadas 166.067 víctimas de la violencia, incluyendo a 7.052 niños, niñas y adolescentes, con una inversión de más de 986.000 millones de pesos sin embargo, la reparación integral va más allá, dijo Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.

“La principal conclusión del informe es que la política de atención y reparación integral a las víctimas está implementándose en su totalidad, en decir, en todos sus componentes”, manifestó.

A mayo de 2013, 27.852 personas contaban ya con Planes de Atención, y 126.543, con Planes de Reparación Integral, que son el instrumento con el que se concreta el Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.

La Directora de la entidad también destacó que La Unidad ha tramitado 124.835 solicitudes de atención humanitaria de emergencia para población desplazada, por un valor de 105.122 millones de pesos y ha recibido 842.725 solicitudes de atención humanitaria de transición por un valor de 726.241 millones de pesos.

En sus 94 Puntos de Atención, 2 Centros Regionales y 133 esquemas móviles ha atendido a más de 1.054.000 personas. Más de 2.063.000 llamadas telefónicas se han recibido en la línea gratuita nacional de la Unidad, que funciona de manera continuada.

“Si el primer año estuvo centrado en la adecuación institucional, se pasó rápidamente en el segundo año a la implementación de las medidas previstas en la ley. A estas alturas, ninguno de los componentes de la política previstos en el marco normativo ha dejado de merecer atención por parte de la institucionalidad estatal”, puntualizó Gaviria.

En materia de participación, la Directora de la Unidad anunció que entre el 1 y el 3 de octubre próximos será instalada la Mesa de Participación Nacional de Víctimas, en Girardot.

Esta Mesa Nacional es la culminación de un juicioso proceso que ha incluido la expedición del Protocolo de Participación y la conformación de Mesas Departamentales y más de 800 Mesas municipales, que han permitido que las víctimas participen de una manera efectiva en la discusión de la política pública de atención y reparación integral.