Por: Pablo Uribe Ruan

Periodista de EL NUEVO SIGLO

 

“Nos estamos acostumbrando a los problemas que estamos viviendo en el país. El agua, la luz, la inseguridad, la escasez, son tantos problemas que la gente se va a ir acostumbrando”, aseguró el alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola, en una entrevista al Nacional de Caracas. En cualquier país de Latinoamérica hay dificultades, pero no como en Venezuela, donde los ciudadanos pasan los días, los meses, los años, dominados por la incertidumbre. 

 

La poca certeza que existe en las calles de Caracas o Maracaibo tiene diferentes caras. Existe una duda permanente sobre el cumplimiento del Estado, que ejerce sus funciones a medias, como muchos estados de la región.

 

Del asistencialismo chavista se pasó el ausentismo de Maduro. Al cabo de tres años de gestión, la ausencia de las instituciones estatales es evidente. El Gobierno se vanagloria del asistencialismo como su principal bandera, pero no cumple con sus funciones mínimas de abastecimiento de alimentos y energía. Esconde su incapacidad en una “guerra económica” que es, por donde se le mire, consecuencia de sus políticas. 

 

Los ataques internacionales que afectan la economía vienen de agentes externos como la crisis del petróleo, las tensas relaciones con Colombia y  los imperialistas que, para el régimen, se engloban como un mismo mal. Olvida que su vecino siempre ha abastecido de alimentos a Venezuela, que las crisis petroleras suceden cada 30 años y que con el imperio se puede lidiar sin acabar el proyecto socialista, como Ecuador.

 

Pero todo eso es retórica y macroeconomía. Salvo en contadas excepciones, el ciudadano no entiende si el crudo está en alza o si existen deseos intervencionistas desde el norte, lo importante es su sustento diario: tener alimentos con un precio razonable con su bolsillo y energía para cocinarlos. Sin esos servicios básicos  cualquier intento para sostener un modelo socialista es inviable y los rumores de un cambio en el Gobierno se vuelven más fuertes, más creíbles. 

 

Con “apagón” 

 

Luis Motta, ministro de Energía Eléctrica, informó que durante 40 días habrá cortes en 10 de los 24 estados, sin incluir Caracas. El fenómeno de El Niño  hizo estragos en Venezuela obligando al Gobierno de Nicolás Maduro a decretar cuatro horas diarias sin luz, a partir de mañana.

 

Sin afectar las cuatros horas finales del día cuando la gente llega a su casa tras la jornada laboral,  Motta anunció que los recortes se harán de manera aleatoria entre las doce de la madrugada y las ocho de la noche. 

 

Según el funcionario,  “El Niño” afectó la hidroeléctrica de El Guri, menguando su capacidad a tan sólo 2,88 metros por encima del nivel mínimo de 240 metros sobre el nivel del mar. De El Guari proviene el 70% de la energía de Venezuela, demostrando que el racionamiento posiblemente será superior al que se espera. 

 

El “apagón”  hace parte del plan especial de ahorro de energía que impulso el gobierno de Maduro a comienzos de marzo. Aparte del reciente recorte de luz, el Ejecutivo ya había tomado la decisión de reducir la jornada laboral del sector público en un 40%, medida que se entendió como un “día feriado”  entre semana. 

 

Ante un fenómeno natural de esas características, los organismos de prevención tienen que adoptar medidas que mitiguen su impacto. En Colombia los encargados mostraron su negligencia al momento de advertir y corregir fallas en el sistema eléctrico. Pero el país no se apagó, por las razones que se quiera. Mientras que Venezuela va cortar la luz y, aparte, ya se trabaja un día menos, como si se tratara de una confabulación para crear una crisis perfecta. 

 

¿Retórica imperialista? El chavismo lo puede llamar como quiera, pero los datos son evidencias irrefutables. El apagón y el recorte de la jornada laboral son medidas que se toman en medio de una recesión histórica y una inflación del 180% (algunos expertos dicen que sobrepasó el 200%). 

 

¡Sin Polar, qué oso!

 

Uno de los peores enemigos de Nicólas Maduro es el empresario Lorenzo Mendoza, presidente del grupo empresarial Polar, a quien el chavismo ha calificado como el director de la orquesta que lidera el desabastecimiento o una de las cabezas de la guerra económica contra su programa socialista. 

 

Mendoza fue denunciado ante la Fiscalía por diputados oficialistas que lo acusaron de traición a la patria y usurpación de funciones, al haber tenido contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) presuntamente para que la organización intercediera en la crisis del país, lo que el chavismo calificó como “suplantación” de funciones. 

 

La Polar, empresa que lleva en el mercado más de 75 años, esta semana anunció que no puede producir más cerveza por escasez de  cebada, manifestando que esto se debe a la falta de divisas para reponer inventario como consecuencia del control cambiario. Además, calculó que  la medida impactará 10.000 trabajos directos y 300.000 indirectos, sin estimar si habrá despidos. 

 

La cerveza no es el único producto afectado por esta medida. Si bien se le hizo más bombo, otros productos como la harina de maíz -elemento esencial de la dieta venezolana-, gaseosas, quesos, salsas, atunes, cereales, también se ven impactados por la decisión. 

 

Tácticas 

 

Sin luz y un desabastecimiento que crece por montones, la oposición busca la salida de Maduro. Legislando desde la Asamblea Nacional promulga leyes que, como la de Amnistía para presos políticos, son desechadas por el Tribunal Supremo. Al ver que los poderes están captados por el chavismo, diputados opositores se encadenaron frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) exigiendo las papeletas requeridas con el objetivo de empezar a recolectar firmas para revocar a Maduro. Después de cinco horas fueron evacuados por los militares. 

 

“Nos han pedido una cantidad exorbitante de requisitos, que se han consignado a tiempo. Pero aun así se demoran en este proceso. Si no obtenemos estas planillas antes del 28 de abril, entonces será casi imposible hacer el referéndum este año”, dijo Juan Requesens, uno de los parlamentarios en protesta.

 

La declaración de Requesens demuestra que, por un lado, existen innumerables impedimentos para buscar la salida de Maduro antes de que termine su periodo y, por el otro, hay una voluntad para revocar el mandatario pese a las trabas estatales.  

 

En Venezuela se prevé el mismo proceso para destituir un presidente que en Colombia. Según la Constitución  el pueblo puede exigir una revocatoria del mandato mediante referendo siempre y cuando haya cumplido con los requisitos previos: recaudación de firmas y huellas dactilares de los votantes. 

 

Si se le da vía a la revocatoria, situación que parece poco probable, la oposición comenzaría el proceso con la recolección del 1% de las rubricas del padrón electoral. Luego de la verificación del CNE de este requisito, tendría que recolectar el 20% de los votantes, que sería cerca de 4 millones. Se convocaría a elecciones, en las que para revocarlo se necesitaría un número igual o mayor a 7.857.532 personas que votaron por Maduro en 2013. 

 

Pese a la inminente crisis, el oficialismo se mantiene aferrado al poder y no da muestras de una apertura del régimen. Controla cuatro de los cinco poderes públicos y las fuerzas militares se mantienen leales a Maduro, hasta donde se puede ver. En la opinión pública, sin embargo, ha empezado a correr el rumor sobre un plan dentro del oficialismo para realizar una transición en 2017. 

 

Según fuentes cercanas a Humberto González, columnista del periódico La Nación, el objetivo fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es “cruzar el puente de 2016 y llegar con vida al 2017”, para iniciar una transición al interior de la colectividad. 

 

Evitando cualquier iniciativa que busque revocar a Maduro este año, se promovería, supuestamente, un cambio en el Gobierno encabezado por un líder chavista: Aristóbulo Istúriz, actual vicepresidente, quien gobernaría por dos años y luego sería una figura, nueva y diferente, para las elecciones de 2018. 

 

Según González, el PSUV buscaría el apoyo de la Fuerzas Armadas  Nacionales Bolivarianas para impulsar la candidatura de Istúriz y Maduro, calculadamente, saldría por el pasillo de honor y se uniría como militante a las filas partidistas. 

 

Istúriz, un ex ministro de educación y ex gobernador del estado de Anzoátegui, entraría con un perfil más conciliador, buscando bajar la polarización y un pacto nacional con la oposición. Estaría dispuesto a ceder en la política económica, reconocer las iniciativas legislativas  de la oposición y liberar a los presos políticos más importantes (López, Ledezma, Baduel).

 

Con un nuevo perfil, el chavismo entraría a competir en las elecciones de 2018. Pero al fin y al cabo son simples especulaciones que hacen parte, como todo en Venezuela, de esa enorme sensación de incertidumbre que gobierna las calles, los mercados y las instituciones públicas. “Duda, bendita duda, vas acabar conmigo”, canta Venezuela al son de Otto Serge, pero sin cerveza.