Por nueve votos a favor y siete en contra la Comisión Primera del Senado decidió archivar la reforma constitucional sobre el aborto.
La ponencia negativa había sido radicada por los senadores Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, y Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Se trataba del Acto Legislativo 06 de 2011 Senado, “por medio del cual se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política, sobre el derecho fundamental a la vida humana”, suscrito por nada menos que 58 congresistas de ambas cámaras y de los partidos Conservador, La U, Alas e Integración Nacional (PIN), así como el respaldo de cinco millones de firmas de ciudadanos.
Según Avellaneda, con la aprobación de la iniciativa “la normatividad colombiana sufriría un grave retroceso en los avances jurisprudenciales estipulados por la honorable Corte Constitucional, que establecen una interpretación integral al derecho a la vida y por consiguiente debe enmarcarse dentro del derecho a la salud, vida digna en condiciones de calidad, derecho a la intimidad y a la no discriminación”.
Para Barreras, eso fue lo más sano para mantener los derechos ya adquiridos por las mujeres, avalados por la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en caso de que el embarazo sea producto de una violación, corra riesgo de morir o por malformaciones en el feto.
Uno de los votos decisivos en la discusión de ayer fue el de la legisladora caribe Karime Motta, de La U, quien sostuvo que “yo no me siento con la autoridad moral a condenar a una madre a llevar a su hijo inviable en su vientre nueve meses”.
“Considero que debe ser la madre la que tome la determinación si ella quiere esperar esos nueve meses, tener ese niño una, dos o tres horas en sus brazos, o definitivamente interrumpir ese embarazo y dedicarle todo ese amor materno muy probablemente a los otros hijos que deba tener esta mujer”, agregó la senadora.
En un comunicado, el vocero del Partido Verde Luis Eduardo Garzón anunció el voto negativo de su colectividad aduciendo que son “respetuosos de las libertades y de los derechos de la mujer”.
“Votaremos negativamente la penalización del aborto en el Congreso de la República y, en su lugar, buscaremos que el Estado trabaje en la prevención y educación sexual y reproductiva, y en la protección y acompañamiento de las mujeres violentadas, reclamando del Estado más acción en su seguridad, y en las políticas públicas que hagan realidad sus derechos”, señaló Garzón.
Avellaneda, a través de una carta enviada ayer mismo al presidente Juan Manuel Santos, le había pedido pronunciarse respecto al proyecto.
Pues, aunque el Gobierno decidió que, por tratarse de un asunto de conciencia, cada partido político y cada parlamentario fijara su propio criterio, el ministro del Interior Germán Vargas insistió en que las excepciones sobre el aborto establecidas por la Corte Constitucional deben mantenerse: “Considero que los casos emblemáticos que ha fijado la Corte Constitucional merecen preservarse (violación, malformación del feto o peligro de muerte de la madre o el feto) y por tanto puede y debe proceder la intervención quirúrgica”.
En el proyecto, y en la ponencia positiva radicada por los senadores Roberto Gerlein y Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, y Manuel Enríquez, de La U, se argumentó que a través de la adición propuesta al texto de la Constitución se busca garantizar a todos los seres humanos igual protección del derecho a la vida, haciendo explícito que este derecho fundamental, presupuesto de todos los demás, debe ser reconocido y respetado por todos los miembros de la sociedad de forma incondicional, y que debe recibir igual protección por parte del Estado durante todo el ciclo de vida del ser humano, independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre.
De esta forma, la regulación jurídica de todos los procesos destinados a la eliminación de vidas humanas (tanto del aborto como de la eutanasia, junto a los demás tipos de homicidio voluntario), se reconcilia con los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución Política sobre los cuales se funda el Estado colombiano, a saber: el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que integran la República, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política, la vigencia de un orden justo, la igualdad y la primacía de los derechos inalienables de la persona.