Se hundió posibilidad de segunda postulación a subsidio de vivienda | El Nuevo Siglo
Viernes, 3 de Junio de 2016

Por no lograr cumplir con los cuatro debates de rigor en dos legislaturas se hundió en el Congreso de la República el proyecto de ley que hacía posible a los beneficiarios de subsidios de vivienda rural y urbana, postularse nuevamente en caso de que no se les hubiera hecho efectiva la entrega del inmueble.

 

Se trata del proyecto de ley No. 009 de 2014 Cámara por medio de la cual se crean condiciones para el acceso a los subsidios de vivienda rural o urbana a nivel nacional.

 

Esta iniciativa de autoría del representante a la Cámara por el departamento del Magdalena, Jaime Enrique Serrano Pérez, fue radicada el 20 de julio de 2014. Posteriormente el 2 de septiembre fue publicada ponencia para primer debate en la Comisión Séptima de esa Corporación.

 

Esta célula legislativa la aprobó en primer debate el 26 de noviembre de 2014. Luego el 14 de abril de 2015 fue publicada la ponencia para segundo debate en la plenaria de Cámara.

 

Sin embargo, la plenaria engavetó la iniciativa, pues la tiene en sus anaqueles desde hace un año y un mes sin darle el respectivo cuarto debate. 

 

Como hecho paradójico la plenaria de la Cámara incluyó este proyecto en el orden del día esta semana, pero en el lugar 24. Incluso si la hubiera aprobado ya no habría tiempo para que se salvara porque a la iniciativa le faltan dos debates en el Senado y esta legislatura acaba el próximo 16 de junio.

 

La iniciativa de ley del Parlamentario liberal busca solucionar el  problema que se presenta con muchos ciudadanos que han sido beneficiarios del subsidio de vivienda rural o urbana, pero que no accedieron finalmente a una solución, “lo que afectó sus derechos fundamentales y el pleno respeto de su condición y la de su familia”, indica.

 

De igual forma permite que beneficiarios que renunciaron al subsidio de vivienda y les fue aceptado, puedan postularse para acceder a un nuevo subsidio.

 

El proyecto de ley también prevé que los hogares beneficiarios del subsidio de vivienda rural o urbana que no se les haya legalizado por motivos de incumplimiento del constructor, tendrán el derecho a la entrega efectiva de una solución habitacional.

 

En este evento, la entidad otorgante del subsidio de vivienda ejecutará las acciones legales correspondientes contra el constructor que incumplió.

 

Incumplimiento

Un informe de la Contraloría General de la República citado por el proyecto de ley en mención sobre la aplicación de estos subsidios a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) indica que los mecanismos de control y seguimiento diseñados y aplicados por el Fondo no han sido efectivos en los proyectos del antiguo esquema ante los incumplimientos de los oferentes.

 

En este sentido detalla el órgano de control que de los proyectos a 31 de diciembre de 2013, un total de 185 se han incumplido, los cuales tienen una asignación de 15.254 subsidios desde el año 2004 por $121.732,1 millones, 458 en ejecución con asignación de 40.610 subsidios desde el 2005 con $380.214 millones y un avance promedio del 68,4%. Por último, 121 proyectos no se han iniciado, los cuales representan 13.252 subsidios desde el año 2004 por $231.037,5 millones.

 

En otro informe de auditoría efectuada a la Política Pública: Vivienda y Ciudades Amables, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, indica que entre agosto de 2010 y diciembre de 2013 se legalizaron 11.166 subsidios de vivienda familiar.

 

Esto representa subsidios que ha recibido efectivamente el beneficiario de cada una de las bolsas establecidas en Fonvivienda y entre las cuales se encuentra la del Programa de Vivienda Gratuita. Esta cifra representa tan solo un 12,98% de los subsidios asignados, que son subsidios que se adjudican mediante resolución y representan un posible beneficio para el ciudadano, que se concreta cuando se materializa la compra de una vivienda a través de una escritura pública.

 

De los recursos considerados en el período de análisis, los subsidios asignados corresponden aproximadamente a $1,8 billones, de los cuales se han legalizado aproximadamente $121.890 millones, indica el informe.