Varios congresistas criticaron la falta de claridad en algunos temas. Por ahora queda la prohibición para los gobernadores y alcaldes.

Una muerte agónica sufrió el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la participación en política de funcionarios y servidores públicos. Ayer, después de algunas modificaciones que le hizo la Comisión Primera del Senado en varias sesiones, fue hundido por falta de quórum y con una votación de seis votos a favor y cuatro en contra.

El autor del proyecto, el senador del Partido de La U Carlos Enrique Soto, aseguró que no hubo voluntad para regular un tema que ha estado pendiente desde hace veinte años.

“Yo creo que hay algunas prevenciones de tipo político, más que de convicción, de aprobar la ley. Todos los partidos y senadores no tienen la gallardía de decir es que no me no gusta porque la presentó fulano de tal, y entonces buscan argumentos como que el proyecto no está completo”, le dijo el congresista a EL NUEVO SIGLO.

Sin embargo, era predecible el hundimiento del proyecto de ley, pues desde hace varias semanas los Senadores se habían quejado de la falta de claridad.

Ayer por ejemplo, el liberal Jesús Ignacio García le dio la estocada final argumentando que no era pertinente.

Según el parlamentario, el proyecto “no es lo suficiente claro y explícito, porque no entra a precisar de manera exacta cuáles son las actividades que los empleados habilitados pueden desarrollar. Yo encuentro que el artículo tercero trae unos principios rectores, entre los que se encuentra el de la imparcialidad. Dicho artículo dice que los servidores públicos no podrán tomar posición alguna sobre un candidato o causa política en el desempeño de su función. Me parece que lo que se debe tratar de regular es que la acción del empelado público no sirva para interferir indebidamente en la conciencia de los electores y, sobre todo, de quienes son sus subordinados”.

Además agregó que es inocuo reglamentar la participación en política de los trabajadores del Estado, pues actualmente la Constitución no se los prohíbe. De igual manera, García explicó que a los funcionarios de carrera administrativa no se les debe prohibir la participación en política, pues no están bajo presión, como sí lo están los funcionarios que están por prestación de servicios o no son de carrera.

Hace un par de semanas el ministro del Interior Germán Vargas Lleras había expresado en la Comisión Primera del Senado que aunque el proyecto de ley en principio es bueno, “porque desarrolla un artículo constitucional, puede ser muy mala sino se reglamenta en detalle".

El jefe de la cartera política también explicó que el Gobierno tenía algunas preocupaciones sobre aspectos como si el proyecto debe o no cobijar a quienes ejercen o no jurisdicción, mando u ordenan gasto, así como a gobernadores y alcaldes.

"Otro elemento importante es qué va a pasar con las investigaciones disciplinarias que están en curso, o si a las personas que han sido sancionadas por participar en política les rige o nos les rige el principio de favorabilidad", dijo el Ministro.

Vargas Lleras afirmó, además, que si " el Congreso quiere avanzar en esta materia es muy importante que se definan todos los criterios en materia de uso de bienes públicos, la participación o no en actos públicos, y si se autoriza o no a los servidores públicos a hacer parte de las directivas políticas".

Tal como venía la ponencia del proyecto, se autorizaba la participación en política de alcaldes, gobernadores, ministros y directores de entidades administrativas, pero como se hundió, queda vigente la prohibición