Las recientes capturas por supuesta subversión plantean el debate de si deberíamos continuar con las normas vigentes o crear nuevas para su aplicación. Ex fiscales y ex procuradores generales de la nación opinaron al respecto
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¿Se hace necesario aplicar una ley antiterrorista en Colombia?
En los últimos días ha generado polémica el hecho que algunos de los capturados en el llamado grupo MRP ya estaban en el radar de las autoridades, incluso dos de ellos habían sido detenidos con explosivos y habían sido dejados en libertad bajo el argumento que como el elemento no había explotado, no era un peligro para la sociedad.
A raíz de esto, ya se está discutiendo si Colombia necesita una ley antiterrorista particular especial o si con la que tenemos es suficiente. Este debate está sobre el tapete a raíz de los últimos hechos violentos.
Por lo anterior, EL NUEVO SIGLO consultó con ex fiscales y ex procuradores generales de la Nación su opinión sobre si Colombia requeriría una legislación especial antiterrorismo o si deba tramitarse bajo las normas vigentes, o en su defecto si con las normas y leyes que tenemos actualmente es suficiente.
El exfiscal y exprocurador, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que “yo que fui siempre un crítico del sistema acusatorio, la forma apresurada como se impuso en el año 2005, tengo que decir que esto no tiene tanto que ver con el sistema, sino con la forma de interpretar las leyes por parte de los jueces. Así planteado creo que en términos normales, en la sola presencia de una sustancia explosiva; de hecho hay un tipo penal que sanciona la simple posesión de elementos explosivos. Sería suficiente para considerar que una persona sí puede causar daño a la sociedad, pero ese no es un problema de la norma, ese es un problema de la interpretación”.
En contexto, Gómez Méndez argumentó que “tienen razón quienes han protestado contra una posible estigmatización mediática de la Universidad Nacional porque delincuentes aquí ha habido de todas las universidades, de todas las universidades aparecen personas vinculadas a hechos delictivos, trátese de hechos terroristas o de grandes corrupciones como el caso de los Nule o incluso de casos de violación sexual como el reciente de finales del año pasado”.
“La segunda observación es que yo parto de la buena fe de la Fiscalía y de la Policía y creo que al frente de la Dijin de la Policía hay una persona muy capaz como el general Vargas y el fiscal Néstor Humberto Martínez, luego creo que ellos debieron tener todos los elementos de juicio suficientes para solicitar esos allanamientos y capturas”, añadió el exfiscal y exprocurador.
“En los últimos días ha generado polémica el hecho que algunos de los capturados en el llamado grupo MRP ya estaban en el radar de las autoridades”
Finalmente, Gómez Méndez enfatizó en que se debe respetar la decisión que tomen los jueces, “en tercer lugar, por lo menos hasta donde yo sé los allanamientos han sido por un juez de control de garantías, estamos esperando a ver qué ha pasado finalmente con la solicitud sobre la medida de aseguramiento por parte de un juez, entonces a lo que tenemos que atenernos es a dos cosas: primero, respaldar las autoridades en lo que han hecho, pero igualmente ser suficientemente cautelosos sobre todo por hechos en el pasado que han generado capturas de inocentes, hay que tener toda esa precaución, pero en últimas respetar la decisión que tomen los jueces, primero el juez de garantías y luego el juez de conocimiento”.
“Inflación legislativa”
A su vez, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, aseguró que “yo lo que considero es que Colombia tiene verdaderamente una inflación legislativa, tratándose del derecho penal y especialmente en la tipificación de diferentes comportamientos como también en el procedimiento para determinar la responsabilidad. Me parece que aquí lo que se tiene que desarrollar es una dinámica en el sistema de investigación. Yo creo que hay normas suficientes, habría sin embargo que revisar, pero el punto es cómo se hacen las investigaciones, cómo se están resolviendo las situaciones jurídicas, por qué razón en ocasiones se dejan en libertad ciertas personas y a otras se les aplica de manera rigurosa la ley. Entonces me parece que esto es un problema de condiciones humanas para dirigir las investigaciones con base en las normas que hoy tenemos a disposición”.
Cuéllar concluyó que “entre más se crean normas, más hay inseguridad jurídica y más difícil se hace su aplicación porque debe empezarse por determinar qué está vigente y qué no está vigente. En consecuencia el problema de Colombia no es solamente en normatividad o no es el punto fundamental, el problema es de condiciones humanas, de métodos de investigación con base en lo que hoy tenemos como normatividad”.
De otro lado, la exfiscal Vivian Morales aseguró que con la normatividad actual es suficiente, “yo creo que es articular más en sí el aparato judicial, los jueces y los fiscales casi que operan con dos lógicas completamente distintas y con formaciones muy distintas en uno y otro, entonces eso hace que haya a veces como un corto circuito en el lenguaje que se habla. Pero yo creo que con las normas que hay, sólo que funcionando como debe ser, puede atacarse el terrorismo. Tal vez en el sistema penal acusatorio se deben cambiar algunas normas para permitir un poquito más de tiempo en las presentaciones que tienen que hacer los fiscales porque la legalización en tan poco tiempo, eso sí puede a veces generar dificultades para la propia Fiscalía”.
A su vez, el exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza, refutó este concepto y dijo que “yo creo que el problema no es de leyes, el problema es de aplicarlas y de hacerlas efectivas y de lograr resultados, ese es el punto. Con lo que hay es suficiente, lo que pasa es que hay que aplicarlas con severidad. Hay que tener una actividad muy fuerte investigativa y volver a recoger una fortaleza que da mucho resultado y es la inteligencia de los organismos que tienen la investigación, de las instituciones de justicia, todo eso es lo que contribuye a una respuesta y ahí se va dando, lo que pasa es que obviamente la investigación es fundamental, hay que tener certeza en la investigación”.
Asimismo, el exvicefiscal Francisco José Sintura Varela, dijo que “realmente el problema no es de nueva legislación, el estatuto antiterrorista que fue expedido en la época del presidente César Gaviria y que se incorporó en la legislación ordinaria, es suficiente y se encuentra a tono con los estándares internacionales recomendados en las convenciones contra el crimen organizado. Luego el problema no es de legislación, el problema es de aplicación de la legislación actualmente vigente para que exista un correcto entendimiento por parte de los fiscales y de los jueces de las disposiciones que ese estatuto incorpora, entonces el problema no es de flecha sino el problema es de indio, no se requiere una nueva legislación, la actual es suficiente, es completa, sino es la aplicación de la norma lo que está fallando”.
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