Con ponencia que pide su hundimiento, hoy la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes tiene previsto darle tercer debate al proyecto de ley que permitiría a las Fuerzas Militares combatir a las bandas criminales, las cuales hoy han echado raíces en varias regiones del país con actividades de narcotráfico y extorsión, copando territorios que dejaron los paramilitares tras su desmovilización.

Esta iniciativa ya había sido radicada por primera vez el 22 de agosto de 2012, sin embargo teniendo en cuenta que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa radicó el Proyecto de Ley Estatutaria número 211 de 2013 Senado y 268 de 2013 Cámara que reglamentaba los artículos 116 y 221 de la Constitución Nacional relativos al Fuero Militar y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, cuyo contenido plasmaba los fines de esta iniciativa, de común acuerdo con el Ejecutivo se resolvió entonces dejar un solo texto y avanzar con el proyecto estatutario, procediendo al archivo de la iniciativa parlamentaria.

Sin embargo en octubre de 2013 la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-740 declaró inexequible el Acto Legislativo número 2 de 2012 por vicios de trámite, lo que de contera hizo que a juicio del autor de la iniciativa, el entonces senador Juan Lozano, hubiera planteado la necesidad de presentar nuevamente este proyecto por medio del cual se dictan medidas para combatir los grupos criminales armados y organizados, permitiendo también sumar el concurso de las Fuerzas Militares a la labor solitaria que desarrolla la Policía Nacional.

En consecuencia, Juan Lozano presentó nuevamente el proyecto de ley el 29 de octubre de 2013, el cual recibió el número 133 de 2013 Senado y 208 en Cámara.

La iniciativa ya fue aprobada en sus dos primeros debates en el Senado, en la Comisión Segunda  y la Plenaria, y ahora está lista para su tercer debate en la Cámara, en donde como se dijo anteriormente, para arrancar el debate  cuenta con ponencia negativa que pide su archivo por considerarla inconveniente para el país.

Los peros

El proyecto de ley busca habilitar a las Fuerzas Militares para que en virtud del cumplimiento de sus deberes constitucionales, de mantener la integridad del territorio nacional, defender el régimen constitucional y salvaguardar la soberanía nacional de amenazas internas, use todo su accionar en el enfrentamiento de uno de los mayores flagelos generadores de violencia que azotan a la Nación, como son las acciones criminales realizadas por estructuras armadas.

En ese sentido el proyecto establece que “con el fin de mantener la integridad del territorio nacional y defender el orden constitucional, las Fuerzas Militares podrán diseñar, desarrollar, ejecutar y conducir acciones, operaciones y procedimientos que permitan combatir” las bandas delincuenciales.

Añade que “el Ministerio de Defensa Nacional elaborará e implementará manuales de operación militar y policial con el objeto de instruir a los miembros de la Fuerza Pública en la manera de conducir sus operativos, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estos manuales deberán incluir, a su vez, una instrucción práctica sobre estos temas, que minimice los riesgos jurídicos a los cuales pueden verse sometidos quienes desarrollan las operaciones”.

Sin embargo, los ponentes advierten a la Comisión Segunda de Cámara que “la habilitación de las Fuerzas Militares presenta una serie de inconvenientes de carácter jurídico y político, más cuando Colombia se encuentra en medio de un proceso de paz que tiene como objetivo la terminación del conflicto armado”.

Agregan que “incluir a las bandas criminales como parte del conflicto armado o considerarlo como un grupo armado organizado en los términos del Derecho Internacional Humanitario, envía un mensaje a la sociedad colombiana de que en el Congreso queremos perpetuar el conflicto armado, dado que como lo señala el proyecto de ley con estos grupos no se puede llevar un proceso de paz ni una desmovilización”.

Por eso piden al Gobierno nacional ratificar la posición tomada desde el año 2011, donde el presidente Santos manifestó que las Bacrim son grupos del crimen organizado y no grupos armados ilegales y que serían enfrentados y sometidos a la justicia ordinaria.

Por lo tanto señalan que lo que se debe hacer es fortalecer la capacidad institucional, a través de la implementación de una política integral que permita la desarticulación de estas organizaciones criminales, con componentes eficaces de investigación y judicialización de todos los crímenes que hayan cometido los miembros de estas organizaciones criminales. Por lo que se deben someter a la justicia, bien sea a través de su captura o de su entrega.

Fuente: proyecto de ley