Una de las mayores preocupaciones que han expresado algunos congresistas frente al proyecto que presentó el Gobierno en el que pide autorización para capitalizar a Colombia Telecomunicaciones, es que se repitan los vacíos que se produjeron en la liquidación de Telecom en el año 2003.

 

En ese sentido el senador Álvaro Ashton, del Partido Liberal, señaló que hay preocupación de la Cámara y el Senado por garantizar el pasivo pensional de Telecom, sin embargo, anotó, tiene que darse un compromiso del Gobierno nacional de que esa capitalización garantice la atención del pasivo pensional de los trabajadores de la extinta Telecom, y que se mantenga su flujo en el tiempo. “Para que en seis años no se esté en lo mismo”, acotó.

El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, dijo que “se suponía que si Telefónica se quedaba con la antigua Telecom, a través de Colombia Telecomunicaciones, era para que el Estado colombiano no tuviera que pagar esas pensiones, pero a estas alturas se nos dice que va todo el año 2011 sin que Telefónica cumpla con sus deberes y además la supuesta solución es darle más plata a Telefónica para que administre, sin ninguna garantía de que ahora sí cumpla”.

El 30 de agosto este proyecto (133/11 Senado, 080/11 Cámara) fue radicado con mensaje de urgencia en Cámara por el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

Con esta iniciativa se busca que la Nación (socio minoritario) capitalice a Colombia Telecomunicaciones, empresa que está en crisis. Muestra de ello es que desde 2009 arroja pérdidas en su operación y que este año no ha pagado al Estado la cuota por el arrendamiento de los activos de la antigua Telecom; recursos que son destinados enteramente al cubrimiento del pasivo pensional de la extinta Telecom.

Para el Gobierno nacional, la capitalización de Colombia Telecomunicaciones es la única alternativa para que no entre en quiebra, lo que automáticamente implicaría que la Nación asuma los ocho billones de pesos en que está cifrado el pasivo pensional de los cerca de 18.000 extrabajadores de Telecom y de cerca de 15 teleoperadoras regionales que fueron liquidadas en el año 2003 por el gobierno de Álvaro Uribe.

Precisamente el pasivo pensional y las pérdidas que acumulaba Telecom fueron las razones para que la empresa fuera liquidada en el año 2003. Paralelamente ese mismo año el gobierno Uribe creó Colombia Telecomunicaciones para que asumiera los servicios de telefonía local, larga distancia nacional e internacional, Internet y transmisión de datos.

Sin embargo en 2006, el Gobierno decidió permitir la llegada de un socio que capitalizara la empresa. En consecuencia y tras ganar una subasta, Telefónica de España se quedó con el 52 por ciento del paquete accionario, por lo que pagó 853.000 millones de pesos. Mientras que el Estado colombiano quedó con el 42 por ciento de las acciones, y con algunas obligaciones a su cargo como responder por el pasivo pensional de Telecom, si Colombia Telecomunicaciones no podía hacerlo.

En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno explica que “los desafíos del mercado de las telecomunicaciones han conllevado un debilitamiento financiero de la empresa que pone en riesgo el pago de la contraprestación, generando un enorme riesgo fiscal para la Nación que deberá responder por el pasivo pensional, en caso de que Colombia Telecomunicaciones se vea en imposibilidad de cubrir sus obligaciones financieras”.

“Los desafíos del mercado” a los que se ha enfrentado Colombia Telecomunicaciones, a que hace referencia el proyecto, tienen que ver, explica, conque uno de los mayores retos para un operador de telefonía pública básica conmutada, es el fenómeno de sustitución del servicio fijo por el móvil. Progresivamente, las tarifas de telefonía móvil han ido descendiendo en beneficio de los usuarios y han alcanzado prácticamente la paridad con las tarifas de los servicios fijos. Esta sustitución ha ocasionado una importante pérdida de líneas fijas, poniendo en riesgo los demás productos empaquetados con los clientes de Colombia Telecomunicaciones, señala el proyecto.