La decisión de Colombia de detener los despachos de carbón de la minera estadounidense Drummond por problemas ambientales, implicará menores ingresos por impuestos, pero no afectará la confianza de los inversores, afirman analistas y autoridades.
"Decisión sobre cargue directo en bahía de Santa Marta será de muy buen recibo en la comunidad internacional", dijo este jueves en su cuenta de Twitter el ministro de minería de Colombia, Amylkar Acosta, en referencia a la suspensión del sistema de carga de carbón mediante barcazas, que hace un año provocó un derrame de 500 toneladas al Mar Caribe.
"Que el país entienda que decisión sobre cargue directo de carbón se tomó tras múltiples esfuerzos para que las empresas acataran la ley", señaló el funcionario.
La medida anunciada el miércoles por el ministerio de Medio Ambiente de Colombia fue antecedida por una multa de 3,5 millones de dólares a la empresa por el derrame que tiñó las costas de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, en el norte del país.
La ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, calificó la multa establecida para la compañía estadounidense, segunda mayor productora de carbón de Colombia, como "la más alta en la historia ambiental del país".
El analista de Energía de la firma Serfinco, Luis Jairo Acevedo, destacó que la suspensión de los despachos de Drummond se ajusta a la normativa, que exige que las actividades de carga de carbón en Colombia se realicen de forma directa.
"El primer plazo estipulado por el gobierno a Drummond fue finales de 2010, tras lo cual procedió a extender el plazo hasta enero de 2013", explicó.
"No creo que tenga implicación en la inversión extranjera directa porque era una sanción anunciada", señaló Acevedo. "No es una medida populista sino que estaba en las disposiciones contractuales".
Para el analista Federico Barriga, de Economist Unit, esta suspensión de los despachos de Drummond tiene un cariz político.
"El gobierno trató de hacer un balance entre la política interna y la mantención de la confianza de los inversionistas extranjeros", señaló Barriga.
"Esta decisión puede tener un punto de política interna, Colombia se encuentra en proceso electoral y había una demanda ciudadana de mayores controles a la minería", dijo Barriga, en referencia a las elecciones legislativas del 9 de marzo y a las presidenciales del 25 de mayo, en las cuales el presidente Juan Manuel Santos acude a la reelección.
"La mayoría de los inversionistas pensará que es un problema puntual. No va a haber una respuesta negativa", dijo Barriga.
La compañía Drummond, que no ha efectuado comentarios, estimó en diciembre que la implementación de un sistema automático de carga podría entrar en funcionamiento en marzo.
Acevedo calcula que este paro de casi 90 días va a implicar una caída de la facturación de la minera estadounidense de 370 millones de dólares, lo que implicaría que el Estado deje de ingresar cerca de 2 millones de dólares diarios en impuestos y regalías.
En este sentido, el senador Jorge Enrique Robledo expresó su temor de que las pérdidas impliquen despidos de trabajadores.
"El gobierno no debe autorizarle a Drummond el despido masivo de trabajadores", señaló el parlamentario en un comunicado.
En 2012, Colombia produjo 1,5% del carbón a nivel mundial, según datos del sector recopilados por la minera BP en un informe del sector.
Colombia produjo 89,2 millones de toneladas de carbón en 2012, de las cuales 34,3 millones correspondieron a Cerrejón (propiedad de las mineras suiza Xstrata, la británica Anglo American y la australiana BHP Billiton) y 26 millones a Drummond.
Las exportaciones de carbón colombiano sumaron en 2012 3.357,7 millones de dolares, 5,5% de las ventas del país al extranjero.