Un nuevo desplazamiento masivo se produjo en el país a causa del conflicto interno. La Defensoría del Pueblo denunció en las últimas horas que 89 personas de 23 familias abandonaran la comunidad La Honda, Territorio Colectivo del Consejo Comunitario del Cacarica, en el municipio de Riosucio, Chocó, por la llegada de las Farc a una zona en la que desde hace dos años hace presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, les solicitó a los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del Interior, Aurelio Iragorri, y a la Directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, que se atienda de manera urgente y debida a estas  familias que prefirieron huir por vía fluvial, a través del rio Atrato, hacía el municipio de Turbo (Antioquia) con el fin de resguardar su vida e integridad ante posibles enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales.

Otálora Gómez pidió además al Gobierno nacional ofrecer las garantías para el retorno de estos colombianos a su territorio, pues actualmente se hallan albergados en las instalaciones de la Escuela Las Flores en Turbo, y para volver a sus hogares, los desplazados exigen seguridad  permanente de la Fuerza Pública, la adquisición o consecución de una embarcación de madera (bongos) con motor y combustible para el transporte de entre 80 y 100 personas, y la designación de una promotora de salud, pues no cuentan con ese servicio en la región.

Las comunidades requieren además apoyo especial en tres aspectos: posibilitar la movilidad fluvial; contar con botes y motores comunitarios, que permitan dar una oportuna y efectiva respuesta a las emergencias que se presenten; y la instalación de una antena de comunicación dadas las deficiencias en la señal de celular, lo que resulta en graves dificultades para realizar oportunas alertas frente a situaciones inminentes de riesgo.

Del número total de víctimas del desplazamiento, 40 son personas adultas (21 mujeres y  19 hombres) y, 49 son niños, niñas y adolescentes. De esos niños, uno se halla en condición de discapacidad y por su delicado estado de salud fue hospitalizado de urgencia.

La Defensoría del Pueblo aseguró que el fin de semana ingresaron hombres armados del frente 57 de las Farc a una zona donde en los últimos dos años miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han hecho presencia de manera esporádica  ejerciendo un fuerte control al tránsito de embarcaciones, pasajeros, víveres y combustibles sobre el eje del río Atrato.

Por acompañamiento y gestión directa de la Defensoría Regional Urabá, el viernes 10 y sábado 11 de enero, se logró que las autoridades locales activaran el Plan Integral de Prevención y el Plan de Contingencia del Municipio de Turbo y convocaran a una sesión extraordinaria del Comité Municipal de Justicia Transicional con todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con participación de los líderes de la comunidad desplazada, con el fin de adoptar las medidas para la asistencia humanitaria, el alojamiento, alimentación, salud, educación de las familias afectadas.

Este miércoles vence la tregua unilateral por un mes que anunciaron las Farc, aunque en ese periodo se han denunciado más de 10 acciones armadas de esta organización.

Antecedentes

La Defensoría del Pueblo ha registrado que en el transcurso de los últimos años se han presentado graves vulneraciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, así como de la población del Bajo Atrato (municipios de Riosucio y Carmen del Darién). Estas situaciones han sido documentadas desde el año 2009 en los informes de riesgo y notas de seguimiento elaborados por Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, explicó el organismo.

Las acciones de las Farc en el Bajo Atrato buscan el control de los corredores estratégicos (frontera con Panamá) para el desarrollo de economías ilícitas asociadas a la comercialización de la coca y la regulación de la explotación ilegal de maderas, mientras que los grupos armados post desmovilización de las Bacrim intentan mantener el control armado sobre las zonas de producción ganadera y donde se concentran proyectos marítimos y fluviales como de explotación de recursos minerales.