Al tiempo que la consulta a los pueblos indígenas sobre la reforma a las corporaciones autónomas regionales (CAR) empieza a arrancar en lo que tiene que ver con la discusión de la parte metodológica, sigue embolatado este mismo proceso con la reforma al Código Minero.

Precisamente el sábado anterior, quedó sin efecto la reforma al Código Minero (Ley 1382 de 2010), la cual fue tumbada en 2011 por la Corte Constitucional, aunque difirió por dos años los efectos de esta decisión teniendo en cuenta la importancia de esta norma y dando este tiempo para que se aprobara una nueva ley, lo que finalmente no ocurrió. En consecuencia, cobró vida nuevamente el viejo Código Minero, la Ley 685 de 2001.

Volviendo al asunto de la reforma a las CAR, desdefinales de 2010 el Gobierno nacional ha tenido la intención de reformar estas entidades de rango constitucional, especialmente en lo que corresponde a sus cuerpos administrativos, proponiendo unas juntas con menos integrantes y definiendo la forma como serán designados los directores así como las competencias para fortalecer el papel de estos organismos en la preservación del medio ambiente y mitigación del riesgo.

 Primero lo intentó a finales del año 2010 en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica a la que acudió para enfrentar los estragos de las fuertes lluvias, argumentado que estos organismos creados por la Constitución del 91 no cumplieron a cabalidad en materia de medidas de prevención frente a la ola invernal que golpeó gran parte del país por esa época.

Sin embargo, en marzo de 2011 la Corte Constitucional tumbó la prórroga de esta Emergencia Económica, con lo cual se cayó el Decreto 141 de 2011, por medio del cual el Gobierno nacional modificó y fusionó varias CAR.

En consecuencia, de ese momento a hoy el Gobierno ha intentado ajustar las CAR por la vía de una reforma constitucional y para ello ha presentado la iniciativa a los indígenas en la Mesa Permanente de Concertación, con el objetivo de adelantar la consulta previa que exige la Constitución y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los casos de proyectos de ley y programas que puedan impactar el territorio, sociedad y costumbres de estos pueblos y las minorías étnicas.

No obstante, los intentos del Gobierno hasta ahora habían resultado infructuosos  para ponerse de acuerdo con los indígenas y poder arrancar la consulta sobre la reforma a las CAR, paso ineludible antes de presentar esta iniciativa al Congreso para su estudio.

Finalmente, el Gobierno logró sentarse con los indígenas a definir los aspectos metodológicos de esta consulta previa a nivel nacional, como lo explicaJuvenal Arrieta González, secretario General de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia). “Apenas estamos arrancando con la metodología de la reforma al sistema ambiental de las CAR y, además porque el movimiento indígena ha exigido que no solo se trabajará la agenda del Gobierno sino la agenda indígena también. Le hemos dicho al Gobierno, sacamos una propuesta legislativa del Gobierno, una propuesta legislativa indígena. Entonces arrancamos con la de ambiente y ahora estamos con la propuesta indígena del Conpes del sistema educativo”.

Código Minero

A diferencia del momento que vive la consulta con los indígenas en lo que corresponde a la reforma a la CAR, que por lo menos Gobierno y representantes de estos pueblos definen los aspectos metodológicos de la misma, sigue embolatada la consulta sobre un proyecto de reforma al Código Minero para presentar al Congreso.

Sin embargo se prende una luz de esperanza. Según el Secretario General de la ONIC, “todo depende del compromiso, un compromiso serio del Gobierno para sacar adelante el Conpes indígena. Es decir que si en dos meses tenemos un compromiso, una adecuación institucional definida, presupuestos claramente establecidos, arrancaríamos a definir metodología de cómo sería lo de minas”.

En ese sentido dijo que la Mesa de Concertación es un escenario paritario, “una propuesta del Gobierno, una propuesta indígena” y sí “en dos meses nos cumplen con el Conpes en donde encontremos recursos, la institucionalidad, implementación de las políticas que ya están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, podremos mirar cómo arrancamos con lo de minas”, expresó.

Sin embargo, la posibilidad de definir en consulta primero la reforma a las CAR y posteriormente la que tiene que ver con el Código Minero también tiene que ver con una postura indígena. “No entendemos cómo si tienen dos normas para sacar adelante, que es la de minas y la de ambiente, cómo se va a proponer salvaguardas ambientales sí antes se definen los criterios de aprovechamiento en el Código de Minas. Nosotros creemos que primero hay que definir la ruta ambiental del país y luego cuál es el esquema de aprovechamiento de los recursos naturales”, dijo Arrieta.

Tierras y desarrollo rural

Tierras y desarrollo rural es otro de los proyectos clave para el Gobierno, pues entre otras busca definir la frontera agrícola, pendiente de que finalice el proceso de consulta previa.

Ya existe un acuerdo del Ejecutivo nacional con el pueblo ROM (gitanos) para iniciar este proceso, así como el mismo se viabilizaría con la elección de los delegados de los afrocolombianos.

En lo que se refiere a los indígenas, este proyecto hace cerca de seis meses está en la etapa de preconsulta en las diferentes regiones del país pues lo están socializando, informando y debatiendo. La definición sobre si se pasará a la etapa de consulta propiamente dicha, la tomarán los indígenas en una asamblea que se realizará los días 27, 28 y 29 de este mes en el municipio de Silvania (Cundinamarca).

Sin embargo, la velocidad que se le pueda dar a este proceso está es su más baja expresión por direccionamiento de las propias autoridades indígenas, a la espera de lo que se acuerde en la mesa de conversaciones de paz que desarrollan en La Habana (Cuba) el Gobierno nacional y las Farc en materia de tierras y desarrollo rural.

A diferencia de las dificultades que han tenido para iniciarse la consulta previa con los indígenas sobre los proyectos del Código Minero y el de reforma a las CAR, el que hace referencia al código de tierras ha fluido porque “el movimiento indígena ha querido mantenerse en la palabra. Es que empezamos desde el año pasado con la propuesta de ley de desarrollo rural con el ministro Juan Camilo Restrepo”, explicó Arrieta.