Las fértiles tierras de la finca Papayal, no solo han sido testigo de la abundante producción de caña de azúcar, sino también de uno de los procesos empresariales más enconados de los últimos años en el Valle del Cauca.
Se trata de un conflicto familiar que ya completa 32 años, tiempo durante el cual la empresaria Alexandra Garcés Borrero ha luchado para defender su herencia y el derecho a ser propietaria de extensos terrenos de la finca Papayal, que actualmente es administrada por Invercauca.
En esa lucha enconada, Garcés, exesposa del exministro de Hacienda, Antonio José Urdinola, y descendiente directa de Jorge Garcés Borrero, creador de la firma JGB, hoy enfrenta líos jurídicos que arrancaron con la muerte de su padre, Jorge Garcés A.
Conexiones
Estos embrollos en el que están involucrados directa e indirectamente varios accionistas de ingenios azucareros del Valle, tienen que ver con un contrato firmado en los años 90, donde se estipula que la administración de las cañas de Papayal está en cabeza de Invercauca y va hasta la asignación de las hijuelas.
Según la empresaria, al morir su padre debió enfrentar un ataque jurídico dirigido por Rafael González, accionista minoritario de Riopaila-Castilla y su abogado Héctor Fabio Restrepo.
González, representando a las señoras María Antonia y María Cristina Garcés, tías de Alexandra Garcés, sostuvieron ante la Fiscalía 4 Seccional de Cali que dicho contrato no es auténtico y que Jorge Garcés y su yerno, el exministro Antonio Urdinola, lo usaron para embargar las cañas, cometiendo el delito de fraude procesal y falsedad en documento privado y público.
Sin embargo, durante muchos años el contrato respaldó la venta de caña por parte de Invercauca a todo el sector azucarero, sin que nadie pusiera en duda su autenticidad. A la muerte de Jorge Garcés en el 2009 comenzó la batalla jurídica por el cuestionamiento de dicho contrato.
En el transcurso del mismo, la empresaria Alexandra Garcés ha entregado a la justicia pruebas de que las hermanas de su padre, María Antonia y María Cristina, se lucraron del producido de las ventas de caña realizadas por Invercauca, desde el inicio del contrato en 1996.
Los cultivos
Según Alexandra Garcés, los motivos detrás de las acusaciones de sus familiares tienen que ver con la intención de quitarle la administración de los cultivos de caña a Invercauca, con el fin de cerrar la empresa para poder vender las tierras de Papayal.
El exministro Urdinola ha denunciado penalmente por falso testimonio a las hermanas Garcés Arellano, para lo cual ha entregado 78 documentos originales que ratifican la autenticidad del contrato.
Sin embargo, este proceso se ha dilatado sucesivamente en los juzgados de Cali, principalmente en el 74 seccional, como lo afirma la empresaria.
De acuerdo con Alexandra Garcés, el abogado de González, Héctor Fabio Restrepo, se ha caracterizado por acudir a formas de intimidación como la toma armada del ingenio Papayal, propiedad de la familia Garcés, con 39 hombres armados en el 2010 (noticia registrada por CM& y La W radio) y amenazas.
Con el paso del tiempo y para la sorpresa de muchos, la pelea personal de González se convirtió en un interés empresarial de Riopaila-Castilla por las tierras de Papayal, vitales para el negocio del azúcar en el Valle.
Según la empresaria Alexandra Garcés, desde el 2010, Riopaila-Castilla bloqueó comercialmente a Invercauca, congelándole pagos por corte de caña, amenazando y denunciando a los compradores de la empresa.
A pesar de los esfuerzos de la contraparte por cerrar Invercauca, y arriesgando el empleo de cientos de trabajadores, no en vano de esta situación es testigo su abogado Jaime Lombana y sus trabajadores que han estado junto a ella por más de 40 años.
La empresaria
Esta empresaria es una mujer de armas tomar. No en vano defendió su propiedad ante la acometida de grupos paramilitares que querían robarla y apropiarse de sus bienes.
En el gremio empresarial del Valle, aseguran que es una de las personas que maneja mejor la agroindustria azucarera y además destacan su coraje y conocimiento para negociar caña de azúcar. Precisamente esos conocimientos le sirvieron para asumir la dirección de Invercauca, la empresa administradora de los cultivos de caña en Papayal.
Luego de 14 años en Estados Unidos y en Europa regresó al país con títulos en Ciencias Políticas en la Universidad de Boston, una Maestría en la Universidad Libre de Bruselas y un Master en Administración de Empresas (MBA) en el prestigioso Solvay Business School.
Desde el primer segundo de lo que ha denunciado como un carrusel de la corrupción, armado de una maraña jurídica, se comprometió a que jamás negociará o entregará sus propiedades, tal como lo señalan sus allegados. Por eso, dicen, es que con hilaridad vive afirmando que la han paseado por todo el Código Penal.
Según su concepto, lo que buscan es acorralarla para que desaparezca Invercauca y por ende se acabe el contrato de administración y como resultado final se remate a precio de ruina las fértiles y bien localizadas tierras de Papayal.
En los corredores y pasillos de la Fiscalía y los Juzgados de Palmira y Cali conocen cómo esta empresaria, con lenguaje impulsivo, mordaz y agresivo, enfrenta a los jueces y fiscales.
De acuerdo con Alexandra Garcés Borrero,“detrás se esconde un carrusel de corrupción manejado por Rafael González y sus abogados Héctor Fabio Restrepo, con asuntos pendientes con la DEA, y José Gerardo Atehortúa, utilizando prácticas corruptas que han logrado en cinco años evadir, con la complicidad de funcionarios judiciales, el examen de medicina legal de la señora de 98 años, Mariana Arellano, e impedir la comparecencia de testigos durante más de cinco años y dilatar el cumplimiento de las etapas procesales con aplazamientos injustificados de audiencias en más de doce ocasiones. Están robando con la complicidad de la administración de justicia”.