Para frenar la Constituyente, la dirigencia opositora, sin el chavismo disidente, anunció que celebrará un plebiscito, que será monitoreado por rectores universitarios y líderes cívicos. Ese mismo día el oficialismo realizará un “simulacro” de votación. Con sólo pensarlo, el escenario resulta macondiano. Pero se va dar. Después del 16 de julio, comienza la ‘hora cero’ opositora y se pedirá un eventual gobierno de transición
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Esta semana, como las últimas 12 en Venezuela, estuvo marcada por una creciente polarización entre la oposición y el oficialismo, dejando varios diputados heridos por la invasión de paramilitares chavistas al Parlamento. Pero quedó claro, a diferencia de meses pasados, que ambas partes definieron una hoja de ruta, que cambiará presuntamente el país a partir de agosto. Unos los harán a partir de un plebiscito consultivo; otros, por medio de una Constituyente.
El sorpresivo beneficio de casa por cárcel concedido a líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, el sábado en la madrugada, no parecería en cambiar el curso de las cosas, ya que el mismo líder opositor instó a seguir en la lucha hasta que haya libertad y democracia en su país.
En un encuentro que congregó a toda la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sin presencia de representantes del chavismo disidente, salvo la fiscal Ortega, la oposición anunció que el 16 de julio, dos semanas antes de la constituyente de Maduro, realizará un plebiscito para consultarles a los venezolanos tres preguntas concretas sobre la realidad del país.
Realizada la consulta, que será simbólica, cívica y no estará regida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se activará la ‘hora cero’, escenario de total desobediencia civil -24 horas de calle-, para, según los líderes opositores, lograr “la salida negociada de Maduro del poder”.
¿Por qué un plebiscito en medio de protesta?
La consulta, que sentó sus bases a lo largo de la semana, es una contraofensiva de la oposición frente a la Constituyente, viciada y antidemocrática, según sus líderes. Aparte de las continuas y crecientes protestas a lo largo de Venezuela, se busca, por medio de este mecanismo de participación directa, dejar claro el rechazo popular a la iniciativa del oficialismo.
El plebiscito, sin aval del CNE, porque no fue presentado ante esta institución, se basa en dos argumentos generales. El primero de ellos es que al momento de ser convocada la Constituyente no se le preguntó al pueblo, requisito inequívoco de cualquier iniciativa popular, de acuerdo a la Constitución de 1999, de Hugo Chávez.
También, y es por este motivo que no se presentó ante el CNE, la oposición justifica el plebiscito por la no convocatoria del referendo en contra de Maduro, previsto para comienzos de este año, y la falta de una fecha para las elecciones regionales. Sin bloqueos, esta entidad sí ha avalado la Constituyente, demostrando el desequilibrio democrático dirigido por Tibisay Lucena, una ficha del chavismo a la que muchos llaman “títere” (es una de las funcionarias más antiguas del régimen).
Algunos dudan, pese a estos argumentos, de su constitucionalidad. Sin embargo, fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO, explicaron que la iniciativa se sustenta jurídicamente en cuatro artículos de la Constitución Nacional Bolivariana: 5, 71, 333, 350. Estos, de manera taxativa, anuncian que la “soberanía recae en el pueblo”, “la Asamblea tiene la facultad, exclusiva, de “convocar un referendo de interés nacional” y la posibilidad de hacer lo necesario “para impedir una sustitución de la Constitución”. Sin olvidar, el fundamento básico de las marchas del último mes: la desobediencia civil (350).
La legitimidad, por tanto, es clara. Pero, como todo en Venezuela, siempre queda la duda: y, ¿después qué? En diferentes espacios, la oposición ha dicho que al invocar los artículos 333 y 350 el plebiscito es vinculante, justificando lo que viene luego del 16 de julio: la ‘hora cero’, sin retorno.
Sobre la ‘hora cero’, y la carga que significa el “sin retorno”, surgen muchas dudas. Una de ellas es la transformación de la desobediencia civil que, según una fuente de este diario, pasará de un “aumento escalonado” de la protesta a “calle las 24 horas”. Lo que se entiende, en otras palabras, como un estado de protesta excepcional que paralizará el país.
A sólo 15 días de la Constituyente, este escenario de protestas, en la medida en que se vayan desarrollando, busca impedir que se lleve a cabo la iniciativa de Maduro calificada por la oposición como “una cubanización de Venezuela”.
La misma noche del 16 de julio, o en los días siguientes, se llamaría, según algunos líderes de la MUD, a una huelga general indefinida que paralizará el débil aparato productivo que, con las uñas, aún existe en Venezuela.
Cívico-simbólico
En la historia reciente de Latinoamérica, no se conoce un escenario en que los detractores de un régimen, que gobiernan con mayorías el Parlamento, llamen a una consulta popular, sin pasar por el control previo de las autoridades electorales.
Más allá de los argumentos constitucionales, es claro que la oposición, que declaró a Maduro en “abandono del cargo”, no reconoce las instituciones políticas del país, por la parcialidad –arbitraria- con que han tomado decisiones a favor del oficialismo.
Pero cuesta hacerse la idea que un plebiscito se lleve a cabo sin la logística y el monitoreo de las autoridades electorales. Los participantes, ¿dónde y cómo van a votar? ¿Quién va contar las papeletas? En fin.
Poco a poco, se han ido despejando algunas dudas sobre el categórico pero confuso anuncio. Después de una semana, la oposición dio a conocer cómo se va a desarrollar el plebiscito, al que calificó como “la mayor prueba de desobediencia civil en la historia de Venezuela”.
Entre los anuncios, la dirigencia opositora explicó que habrá 1766 puntos electorales y más de 8 mil mesas electorales, dispuestas en Venezuela y 200 ciudades el mundo, donde habrá apoyo de diferentes observadores internacionales, como el Grupo Idea.
Los garantes del proceso serán los rectores de las principales universidades de Venezuela: U. Central de Venezuela, U. Metropolitana, U. Católica Andrés Bello, U. de Carabobo y U. Pedagógica. En modo de jueces electorales, ellos estarán a cargo del buen funcionamiento del proceso, de 7 a 4, que, de acuerdo a los antecedentes de los últimos días, será proclive a la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana y los denominados “colectivos” o grupos paramilitares.
El Gran Frente en Defensa de la Constitución, nombre que le han dado los promotores del plebiscito, tendrá en cada puesto de votación una papeleta con tres preguntas concretas:
¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?
La tercera pregunta, de manera clara, muestra la intención de la dirigencia opositora luego de ser efectuado el plebiscito: la conformación de un Gobierno de Unión Nacional. Por lo dicho por algunos líderes, la MUD busca que, entre el 16 de julio y el 30, fecha de la Constituyente, se logre una salida negociada del poder de Maduro y se conforme un gobierno transitorio.
Contraataque
El oficialismo, sin embargo, anunció que no está dispuesto a permitir que sus detractores realicen la jornada del plebiscito sin, al menos, movilizar sus bases. En el comienzo de la gira nacional para movilizar a la gente a favor de la Constituyente, Maduro dijo que el 16 de julio también habrá un “simulacro” de cara a las votaciones del 30.
El escenario, con sólo pensarlo, resulta macondiano. La oposición, con sus puestos de votación en colegios, parroquias y conjuntos residenciales, adelanta la jornada. Mientras, a pocos metros, el oficialismo, con toda la infraestructura, realiza el simulacro, para medir fuerzas.
“A sólo 15 días de la Constituyente, este escenario de protestas, en la medida en que se vayan desarrollando, busca impedir que se lleve a cabo la iniciativa de Maduro calificada por la oposición como “una cubanización de Venezuela”
Pese a su extrañeza, este tipo de cosas son normales en Venezuela, sobre todo en los últimos meses. En abril, con una baja en mayo, Maduro, cada vez que la dirigencia opositora llamaba a una marcha, hacía lo mismo. Poco a poco, ante la escalada de las movilizaciones opositoras, el oficialismo presuntamente se ha quedado sin fuerzas y ha dejado de llamar a sus bases.
No es un secreto que a diferencia de Chávez, un fenómeno de masas, el presidente de Venezuela hoy no goza de la misma popularidad. Además de las desfavorables encuestas, 81% de los venezolanos desaprueban su gestión, EL NUEVO SIGLO fue testigo, en abril, en Caracas, de la maquinaria oficialista para movilizar buses desde el interior del país, con el fin de mostrar una masividad, efímera y circunstancial.
La angustia de Maduro por demostrar apego popular quedó demostrada el viernes cuando, en un discurso de gira por la Constituyente, pidió usar la listas de empleados y “llamar a todos los trabajadores” y a los “que tengan carné de la patria y organizar la forma en que van a ir votar”, para que lo hagan “sin excusas”. Acorralado, el oficialismo no se puede dar el lujo de fracasar el 30 día de julio, día que posterior, no previamente como dice la Constitución, debe ratificar la Constituyente.
En la gira recién inaugurada, el presidente de Venezuela anunció que tan pronto se posesione la Asamblea Constituyente, le presentará dos leyes: una, que regula todos los bienes que se comercian en la economía y otra para enjuiciar a las personas que han participado de manera violenta en las protestas.
“Será una ley constitucional que le dará poderes plenipotenciarios a la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz para que enjuicie y establezca la verdad de todos los crímenes que se han cometido durante el ‘guarimbeo’ (protestas) del año 2017”, concluyó.
Ningún segundo es desperdiciado por la oposición ni el chavismo, en esta cuenta regresiva para la Constituyente, repleta de símiles con Cuba.
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