El próximo 28 de febrero el concesionario Aeropuertos del Caribe S.A. (ACSA) debe entregar a la Aerocivil el aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz, después que el organismo decidió no prorrogarle la concesión que mantenía.

Este proceso ha estado lleno de obstáculos, pues a la vez que ACSA ha insistido en la prórroga aduciendo que ha cumplido a cabalidad con el contrato de concesión y ha asegurado que no demandará, a principios de este mes un juez de Barraquilla, atendiendo una tutela presentada por 25 trabajadores de ACSA que pedían la protección a su derecho al trabajo, congeló la decisión del Gobierno en cuanto al Ernesto Cortissoz.
Ahora la sociedad ACSA busca llegar a un acuerdo con el Estado en la etapa de preconciliación del litigio surgido y para ese efecto reclama 40 mil millones de pesos por lucro cesante.
Frente a esta situación el director de la Aerocivil Santiago Castro señaló que “en esa fecha (28 de febrero) tienen que entregar el aeropuerto y están usando toda clase de artimañas jurídicas, utilizando a los empleados, a quienes ya les deberían estar buscando oportunidades laborales en vez de generarles expectativas de que el Estado se va a hacer responsable de ellos”.
Castro aseguró que la concesión no será prorrogada y que la administración de la terminal aérea quedará a cargo del Estado por año y medio, “mientras entregamos a un nuevo concesionario con un gran músculo financiero”.
Sin embargo el presidente de ACSA Raúl Riveira aseguró que la sociedad cumplió con la ejecución del contrato y “que la misma Aerocivil lo reconoció y firmó un documento de entendimiento para adelantar un proceso de prórroga”.
En este sentido explicó que “cuando estábamos en la etapa final, en la cual se contrataron asesores exigidos por Aerocivil, se produjo intempestivamente, extracontractualmente, mediante una resolución, una negativa de la prórroga a raíz de un extraño informe de la Contraloría Departamental sobre un supuesto detrimento”.