El pulso  entre el uribismo y el Gobierno por la supuesta persecución política contra ese grupo partidista se agudizó al interponer el Centro Democrático una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Según lo anunció ayer Carlos Holmes Trujillo, coordinador de Asuntos Internacionales del Centro Democrático, la comunicación suscrita por esa colectividad presenta una serie de hechos presuntamente violatorios de derechos civiles y políticos, anotando que esa organización no busca demandar al Estado, sino que pretende que se tomen los correctivos necesarios y se garanticen sus derechos.

De acuerdo con lo dicho por Trujillo, ayer mismo “se hizo entrega en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una comunicación” de Óscar Iván Zuluaga, director de Centro Democrático, que denuncia hechos que violarían lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Ese Consejo, explicó Trujillo, es “un organismo intergubernamental encargado de la promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos, que actúa, no con carácter sancionatorio, sino con carácter cooperativo y recomendatorio”.

Allí, Zuluaga habría puesto en conocimiento la presunta “violación a los derechos de participación política, entre ellos la libertad de expresión, asociación y derechos políticos”, así como “al derecho de garantías judiciales. En especial la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido por la Ley, la presunción de inocencia, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni declararse culpable, y el derecho a la doble instancia. Hechos presuntamente violatorios a la prohibición de no discriminación por opiniones políticas, hechos presuntamente violatorios a la prohibición de apología al odio nacional. Hechos presuntamente violatorios al derecho de no injerencia arbitraria e ilegal a la vida privada, familiar, domicilio, correspondencia y ataques ilegales a la honra y a la reputación. Y hechos presuntamente violatorios a la protección debida del derecho a la vida y a la seguridad personal”.

Con base en esos argumentos, Zuluaga, a nombre del uribismo, pidió “el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas a los procesos que actualmente se adelantan en Colombia y que dicho Sistema adopte todas las medidas que estén contempladas en la legislación internacional, para efecto de garantizar en Colombia los derechos que los militantes de Centro Democrático tienen, así como los tienen todos los ciudadanos de nuestro país”.

Gobierno

 “Valga decir que nuestro gobierno sí respeta integralmente la libertad de pensamiento, respeta la libertad de opinión y de expresión y respeta a la oposición”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo CPB 70 años.

“Este gobierno nunca ha llamado a los directores de medios a regañarlos, ni mucho menos a espiarlos o les quita la pauta a los que critican”, dijo el Mandatario y agregó: “La oposición que viene de las canteras de la extrema derecha ha asumido la estrategia de presentarse como perseguida política… y el país sabe muy bien que esa es otra mentira monumental”.

El jefe de Estado reiteró que “este gobierno no persigue a nadie, y la justicia, por fortuna, es un poder independiente. Si acaso mi gobierno persigue a los corruptos y a los delincuentes. En estos cuatro años y medio de gobierno, todo el mundo ha podido controvertir lo que ha querido”.

El presidente Santos consideró que “por eso irse a otras latitudes a decir que Colombia es una especie de dictadura –o un régimen pro-comunista donde el gobierno persigue a sus opositores–, eso es traspasar los límites de una oposición responsable”.

“Ahora quieren aplicar en el exterior la misma táctica fascista que han aplicado aquí en Colombia: mentir, mentir, mentir, pues de esa mentira algo queda”, sostuvo.

De acuerdo con el mandatario, “lo malo en este caso es que no solamente se trata de una afrenta contra Juan Manuel Santos o su gobierno, lo cual sería secundario. Lo que pasa es que esa es una afrenta contra todos y cada uno de los colombianos, contra el esfuerzo que durante años hemos hecho todos por hacer de Colombia un país donde vale la pena vivir, donde vale la pena invertir, por el que vale la pena trabajar”.