Uno de los grandes temas que deja en el tintero el saliente ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, es la presentación del proyecto de ley de tierras al Congreso, para que surta trámite dentro del fast track, que finaliza el 30 de noviembre.
Es decir que para que la iniciativa pueda ser estudiada mediante este mecanismo debe ingresar al Legislativo en los próximos días, de lo contrario se hará a través de la legislatura ordinaria.
El Gobierno está en busca de los recursos, unos $6 mil millones para concluir las consultas y luego armar el proyecto, para que en menos de dos semanas sea presentado al Congreso para su discusión y aprobación.
La iniciativa que está siendo socializada a lo largo y ancho del país busca ante todo garantizar el acceso de manera equitativa e integral y formalizar las tierras rurales del país, sin que esto represente la violación de la propiedad privada o la expropiación de predios.
“Es falso que nos estemos copiando de Venezuela, este no es un proyecto de ley para expropiar tierra, es para darle más garantías a los propietarios y brindar las condiciones para que exista seguridad jurídica y pongamos a producir el país”, dijo el Ministro en respuesta a algunos que buscan generar pánico para que el proyecto de ley no prospere. “Es absolutamente necesario tener un marco normativo para ordenar la casa y tener un desarrollo productivo”, señaló.
Vale recordar que actualmente se realizan en diferentes ciudades del país, jornadas de socialización del texto borrador del proyecto de Ley. De esta forma, los actores del sector agropecuario y rural han podido escuchar la propuesta en distintas ciudades y poblaciones del país.
Una vez finalizada la socialización se recogerán todas las observaciones de los diferentes sectores y el texto definitivo se presentará a consulta previa por parte de las comunidades indígenas y afros.
“Esta no es una ley de expropiación o extensión de dominio, el propósito es ponerle orden a la propiedad rural, que ha sido el motivo del conflicto entre los colombianos, la verdad es que el desorden que ha habido en el manejo de las tierras en el país ha impedido lo que todos queremos, un desarrollo productivo del campo en Colombia para que al final del ejercicio al campesino, al agroindustrial, al finquero, le quede más plata en el bolsillo”, aseguró el ministro Iragorri.
Explicó que hoy de los cuatro millones de predios rurales, el 60% no tiene escrituras por lo que “tenemos que buscar la forma de agilizar esos procesos y darle acceso a tierras a 800 mil familias de campesinos que hoy no han tenido esa posibilidad”, agregó.
El tiempo apremia
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, ha insistido que se debe actualizar la Ley 160 de 1994.
Para Bedoya, el texto reviste una gran importancia para los productores rurales, pues de la Ley de Tierras depende la seguridad jurídica de los trabajadores del campo.
“Independientemente de que estemos en el último tramo de un gobierno, el Congreso está legislando (…). Por eso es importante la socialización, la discusión con los productores, pero adicionalmente lo que se haga en el Legislativo”, añadió.
El dirigente gremial declaró que, en el caso del Decreto-Ley 902 del 29 de mayo de 2017 para implementar la Reforma Rural Integral, hubo “un diálogo permanente.
El dirigente gremial se quejó del poco plazo que hay para la discusión en el legislativo, pues el poco tiempo que hay no dará suficientes espacios para discutir la iniciativa como es debido.
Ley reduce conflictos
Miguel Samper Strouss, director de la Agencia de Tierras, señaló que tras el fin de la guerra en Colombia, lo más urgente es la tierra y la gente.
“La formalización y las necesidades de los campesinos no dan espera, este Decreto-ley, una de las partes de la Ley de Tierras que será expedida por el Ejecutivo, es la solución. Cada segundo que se demore la formalización y el acceso a la tierra en Colombia, puede significar años de retraso en el desarrollo de nuestro campo”, afirmó.
Con el Decreto 902 de mayo del 2017 se reducen a un único procedimiento los 52 que existen actualmente para acceder a tierras y que por años se convirtieron en un viacrucis para los campesinos.
Al reducir la conflictividad en el campo, pues plantea reglas claras para vender, comprar y usar la tierra, el Decreto también ordena los asuntos de la propiedad rural y promueve el tránsito de un campo informal, donde impera la ley del más fuerte, a un campo que respeta la formalidad, el apego a la ley y las instituciones.
No a la corrupción
En estafa, concierto para delinquir, financiación de grupos de delincuencia organizada, estarían incurriendo quienes quieren desacreditar la política de tierras del Gobierno y aprovecharse además de la población campesina cobrando por procesos que son gratuitos.
Así lo estableció la Oficina de la Inspectora de Tierras que ya ha identificado focos de corrupción y delincuencia por los que, en los últimos meses, ha interpuesto seis denuncias penales.
“Van a caer los que estafen a campesinos. A los corruptos se les olvida que con el fin de la guerra tenemos una Fuerza Pública enfocada en vigilar nuestro campo y que hoy tenemos más ojos que nunca puestos en el cuidado de la población campesina. No vamos a permitir que interfieran en la política de tierras. No vamos a permitir que se sigan interponiendo entre las familias y la riqueza rural, y en este propósito necesitamos contar también con el apoyo de todos los medios de comunicación regionales”, indicó Miguel Samper, director general de la Agencia de Tierras.
Los casos más recientes se han presentado en Magdalena, La Guajira y Meta donde se han escuchado mensajes radiales anunciando procesos inexistentes afectando sobre todo asentamientos de población desplazada.
En estas cuñas se anuncia una fraudulenta oferta de predios a través de la inscripción en un formulario inexistente y por el que están cobrando hasta 100.000 pesos cuando ningún trámite ante la Agencia tiene costo. En algunos casos, y con la ayuda de las autoridades judiciales, se ha identificado una relación directa entre tramitadores y personas que habrían hecho parte de grupos de autodefensa que nunca se desmovilizaron, particularmente en Meta y La Guajira.
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