En  los últimos años se ha acentuado la controversia alrededor de la pena capital. Muchas naciones la han abolido. Sin embargo, en otras continúa vigente, por lo cual se sigue usando. Un castigo que en algunas ocasiones ha sido aplicado con carácter de vindicta, como ocurrió en países donde triunfan movimientos revolucionarios y los vencidos son ajusticiados por los nuevos amos. Así sucedió, por ejemplo, en Cuba, luego de la victoria de la revolución castrista, donde miles fueron pasados al ‘paredón’.

 

En estos días vuelve a agitarse el tema con motivo de la ejecución de un prisionero en Georgia (EE.UU.), señalado del asesinato de un policía. El acusado, Troy Davis, fue condenado en 1989. Fueron 21 años en la antesala de la muerte y la sentencia tuvo repercusión global, con pedidos de muchas partes para que no se cumpliera. Una causa que reunió a miles de defensores, más aún por las dudas acerca de la culpabilidad, incluyendo al Papa, la ONU, Amnistía Internacional y al ex presidente Jimmy Carter. Siete de las nueve personas que lo habían identificado como el autor del homicidio se retractaron en el curso de los años. En este caso el cuestionamiento fue a escala orbital. Hubo sugerencia en la Unión Europea de moratoria general de ejecuciones para quizá llegar a la eliminación de la pena máxima. 

Es evidente que la pena de muerte puede implicar equivocación, eventualidad de la que no está libre nadie, ya que de humanos es errar. Si aun en países de alto desarrollo con jueces de elevadas calidades, imparciales y probos, puede llegar a castigarse a un inocente, con más razón donde factores políticos, raciales o de cualquiera otra índole pueden influir en el jurado y los jueces, los riesgos de error aumentan.

Aunque siguen registrándose en el mundo muchos crímenes atroces, que ameritan para sus autores drástico castigo, el debate sobre la pena de muerte sigue agitándose en el mundo y muchas organizaciones internacionales persisten en la lucha porque sea borrada de las legislaciones de todos los países. Además, en la evolución del Derecho penal moderno, no es recomendable y las estadísticas han demostrado que es poco su aporte a la disminución de los delitos.