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Frenar las llamadas licencias exprés busca la creación del Consejo Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), anunció el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
Al presentar al nuevo director de la ANLA, Rodrigo Suárez, el jefe de la cartera Ambiental explicó que el Consejo se encargará de analizar previamente las decisiones que se tomen con respecto a los proyectos definidos como críticos en el Sistema Técnico de Clasificación.
El Consejo asesorará a la ANLA a través de un concepto vinculante en la viabilidad de los proyectos críticos, o las modificaciones que requieran licencia ambiental de los que ya están en ejecución.
El anterior director de la ANLA renunció luego de que se conociera que había sido otorgada una licencia para la exploración petrolera en un área de incidencia de la reserva natural de Caño Cristales, en La Macarena, a pesar de los conceptos emitidos por Cormacarena en el sentido de que el medioambiente podía sufrir graves afectaciones. En la Polémica intervinieron el presidente Juan Manuel Santos y el hoy exministro Gabriel Vallejo, tras lo cual, fue reversada.
Ahora, el ministro Murillo anunció que el Concejo se encargará de revisar diez proyectos que usan tecnologías no aplicadas del país.
Así mismo, en los exista desacuerdo entre la ANLA y las autoridades ambientales regionales o con Parques Nacionales Naturales de Colombia; en los que las comunidades hayan hecho ejercicios de participación en contra del mismo; en los que el proceso de consulta previa finalice sin acuerdo; en los que den por terminado el proceso consultivo porque las comunidades no justificaron su incapacidad de asistir.
También, en aquellos cuya autorización implique un ajuste en la designación ante la Convención RAMSAR; en lo que cuya autorización pueda comprometer designaciones internacionales dentro de la Convención de Patrimonio de la UNESCO; en los que puedan tener impactos transfronterizos; en aquellos que impacten el recurso hídrico de manera intensiva en cuencas vulnerables al desabastecimiento (categoría del IDEAM) y en los que impliquen reasentamientos masivos.
La regulación contempla que una vez finalizado el procedimiento de licenciamiento, la ANLA deberá remitir un borrador del concepto que decide la viabilidad ambiental al Consejo y éste tendrá 30 días para analizar la decisión.