Santos y Uribe deben sentarse a revisar caso Reficar | El Nuevo Siglo
Jueves, 11 de Febrero de 2016

El cruce  acusaciones y señalamientos de responsabilidades entre los gobiernos Santos y Uribe no va a esclarecer por qué es que la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar) tuvo un sobrecosto superior a los 4.000 millones de dólares. Eso es claro.

 

 

Como también lo es que dada la gravedad del caso, ambos mandatarios deberían dejar de lado sus rivalidades políticas, para sentarse a analizar conjunta y objetivamente cómo se desarrolló todo este proyecto, ya que las lecturas parciales y subjetivas de cada administración lo único que hacen es politizar peligrosamente el tema, distrayendo, a punta de cruces de denuncias y señalamientos, el foco de las autoridades y los organismos de control para encontrar qué tanto sobrecosto hubo en el proyecto, qué fracción está plenamente justificada y cuál no, así como judicializar rápida y efectivamente a quiénes se lucraron indebidamente.

 

 

Por más que tenga eco mediático ver el rifirrafe de Santos y Uribe, ministros y exministros de Hacienda y Minas, presidente y expresidentes de Ecopetrol, integrantes y exintegrantes de las juntas directivas de esta última empresa y la propia Reficar, así como la puja entre titulares de entes de control y sus antecesores, más provechoso resultaría para el país y el esclarecimiento del que algunos califican ya como el más grave escándalo de corrupción de las últimas décadas en Colombia, que unos y otros se sentarán en una misma mesa a evaluar qué pasó y de quién es la culpa.

 

 

¿Qué tan viable debería ser que ambos gobiernos encabezaran una especie de comisión de la verdad sobre el caso Reficar? Al tenor de lo ocurrido ayer, cuando el rifirrafe de lado y lado aumentó de tono, parecería muy difícil.

 

 

A la ofensiva

 

 

Mientras avanzaban las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría por el presunto desfalco en Reficar, el gobierno Santos, a través  de los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y de Minas, Tomás González, así como de los presidentes de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry y de Reficar, Reyes Reinoso, defendieron la continuación del proyecto de construcción de Reficar, pese a las irregularidades evidenciadas por los entes de control.

 

 

Echeverry dijo que desde junio de 2012 alertó sobre los problemas de sobrecostos que se podrían presentar. “Íbamos en la mitad del río (Reficar) y era más costoso retroceder que avanzar”, explicó al destacar la importancia de la Refinería para la economía colombiana. Dijo que “ya llegamos a la otra orilla y Reficar carga en la actualidad 80 mil barriles y en las siguientes semanas se llegará a 150.000 barriles”.

 

 

Al reiterar que Ecopetrol no tolerará faltas a la ética, recordó que hace cinco meses se habló con la Fiscalía sobre este caso y el ente acusador nombró 3 fiscales especiales.

 

 

El Gobierno califica como rescatable que pese al escándalo Reficar y CBI Internacional buscan un acuerdo para evitar ir a un tribunal de arbitramento.

 

 

En la actualidad, y desde el pasado mes de septiembre, un equipo de abogados de la refinería y de la firma con sede en Houston, buscan la manera de subsanar el daño económico que generó a Ecopetrol la tardanza y los sobrecostos de esta megaobra.

 

“El avance se dará en semanas. Y creemos que el proceso llegará a un acuerdo entre las partes, que no quieren llegar a la etapa de arbitramento”, señaló Echeverry.

 

 

CB&I, mala socia

 

A su turno, el ministro Cárdenas aseguró que gran parte de los sobrecostos obedece a la ineficiencia de la firma estadounidense CB&I a la que Glencore le transfirió la construcción de Reficar. “CB&I fue un pésimo contratista, impuso grandes dosis de improvisación, no logró consolidar los proyectos y no estuvo a la altura de las exigencias de la Refinería", advirtió. 

 

Tras indicar que el Gobierno no tolerará la corrupción en este y ningún otro caso, anunció que se contrató ya un grupo de abogados para preparar las acciones legales a que haya lugar.

 

En torno a por qué no se paró la obra al evidenciar los problemas que arrastraba años atrás, Cárdenas  manifestó que era más costoso para el país frenarla, pese a los sobrecostos, que terminarla, como efectivamente se hizo.

 

Entretanto, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, dijo que el proyecto Reficar comenzó con apenas el 20% de la ingeniería de detalle, con lo cual el presupuesto inicial era de US$3.900 millones.

 

“El Gobierno siempre estuvo consciente de las posibles inconsistencias del proceso y por tanto en 2012 se decidió cambiar las directivas de Reficar para poner la casa en orden”, dijo.

 

González defendió la entrada en funcionamiento de la Refinería señalando que le permitirá a Colombia depender menos de la importación de combustibles para ser autosuficiente en la producción y refinación de estos insumos.

 

“Reficar nos permite sustituir importaciones al ser dueños  de nuestros propios combustibles. Los combustibles que produce hoy Reficar se pueden vender en cualquier parte del mundo por su calidad,  por eso era importante que empezara a operar”, puntualizó.

 

 

Réplica uribista

 

Desde el uribismo, las réplicas a las posturas del actual Gobierno no son pocas ni de bajo calibre.

 

Ex ministros, ex directores y ex miembros de la junta de Ecopetrol del gobierno Uribe han asegurado que están dispuestos a ampliar toda la información sobre cada una de las decisiones que se llevaron en el caso Reficar.

 

El ex presidente Uribe dijo, por ejemplo, que la excontralora Sandra Morelli le había explicado a Santos que “todo está siendo manejado a la perfección”.

 

A su turno, el ex ministro de Minas, Hernán Martínez, manifestó que la obra de la Refinería comenzó en 2011, cuando ya había iniciado el gobierno Santos.

 

Para el año 2010  "ya se preveían sobrecostos justificados en la refinería por cuenta del fuerte invierno en el país y por la necesidad de encauzar un río de la zona", afirmó Martínez.
Sobre su retiro de la junta directiva de Reficar, el exministro expresó que se trató de una petición de miembros del gobierno Santos, por lo que abandonó el cargo con anterioridad a que se causaran los enormes sobrecostos de la refinería. 

 

 

Martínez afirmó que Glencore fue escogido como socio estratégico para la construcción de la refinería porque su oferta fue "40 millones de dólares más alta que la de Petrobras" y cumplía con las condiciones, dispuestas en ese momento, para la escogencia de este socio. 

 

 

A su vez, el expresidente de la ANDI, Fabio Echeverri, quien hizo parte de la junta directiva de Ecopetrol en el gobierno Uribe, indicó que aunque nunca fue miembro de la junta de Reficar, “hay que empezar por entender que el tema se inicia cuando Glencore tiene la mayoría de las acciones y pone la gerencia, la dirección y orientación de la compañía”.

 

 

Ya la semana pasada el Centro Democrático había advertido que solo hasta el gobierno Santos se comenzaron a efectuar las obras.

 

“Es a finales de 2010, en el gobierno Santos, cuando se inician las obras en la refinería, con un porcentaje importante de la ingeniería de detalle, pero claramente con asuntos por definir, como ocurre en este tipo de proyectos que van teniendo una adaptación permanente de acuerdo con los requerimientos de tecnología, origen de las materias primas y requerimientos de los clientes. Las explicaciones en detalle sobre el control de la ejecución del contrato de ahí hacia delante corresponden al Gobierno actual”, precisó ese partido político.

 

 

Agregó que las administraciones correspondientes de cada una de las entidades para los diferentes periodos “seguramente tendrán las explicaciones concretas de cada caso particular y deberán por supuesto buscar recuperar para el Estado aquellos recursos que se hubieren desviado”. 

 

 

Lo que es claro en todo este rifirrafe es que las alertas tempranas sobre lo que pasaba con la refinería se encendieron en ambos gobiernos y que será imposible esclarecer realmente qué pasó si continúa el desgastante cruce de acusaciones y señalamientos.

 

 

De allí que, al final de cuentas, pareciera evidenciarse que sólo si los presidentes Santos y Uribe aceptan, en el marco de un acuerdo político único y excepcional, sentarse a la mesa para analizar conjunta y objetivamente qué pasó, el país podrá tener certeza de cómo se generó uno de los mayores descalabros presupuestales de las últimas décadas.

 

 

De lo contrario, es posible que este escándalo pase a engrosar, como tantos otros, la larga lista de casos no resueltos e impunes.