"El denominado ‘blindaje jurídico’ del proceso en La Habana es para defraudar la Constitución. Defraudan el poder del Congreso al despojarlo de sus funciones constituyentes, defraudan al pueblo", aseguró hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en su intervención en la audiencia pública convocada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para analizar el proyecto de acto legislativo presentado por el Congreso frente a un eventual acuerdo final entre Gobierno y FARC en La Habana (Cuba).

El jefe del órgano de control reiteró que el anunciado “acuerdo especial” entre Gobierno y subversión vulnera el ordenamiento jurídico, atenta contra la Constitución, desplaza al Congreso de la República y excluye una participación real de la sociedad colombiana en el ejercicio de refrendación.

"El presidente Santos dice que el pueblo va a tener la última palabra y es cierto. El pueblo va a hablar de último frente a los acuerdos de La Habana. El pueblo va a votar, pero no va a decidir nada (…) Hoy el presidente Santos y el comisionado Jaramillo perdieron la vergüenza, dijeron que la refrendación es una concesión graciosa, que podría existir o no, si la Corte Constitucional lo permitía”.

Explicando los motivos jurídicos por los que el “acuerdo especial” de La Habana no responde a esa condición, ni a la de tratado internacional, y por ende no puede ingresar al bloque de constitucionalidad, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a los congresistas para evitar que sean utilizados en nombre de la búsqueda de la paz.

"No lo permitan. Están siendo instrumentalizados para concretar la defraudación (…) Para conseguir la paz el Gobierno no puede desbordar sus competencias", manifestó.

El procurador de los colombianos pidió igualmente a la sociedad y a la institucionalidad no creer en la retórica usada por el Gobierno para justificar las decisiones que viene tomando en La Habana y las concesiones ofrecidas a una organización terrorista que pretende no ser objeto de una justicia efectiva tras más de medio siglo de cometer crímenes atroces.  

"No vengan a decir ahora que las FARC se someten a la institucionalidad. Son la Constitución y el Gobierno los que están sometidos a las FARC. Ahora hacen una Constitución con los que deberían estar en la cárcel", concluyó.