El presidente Juan Manuel Santos sancionó la reforma tributaria, que incluye la derogación del impuesto del 4X1000 hasta el año 2022 y la no devolución de los 2 puntos del IVA por compras con tarjeta de crédito o débito.

El mandatario explicó en la Casa de Nariño que “esta reforma no afecta a la clase media del país ni a las pequeñas y medianas empresas”. 

El  impuesto en contra de la pobreza, otro artículo que conforma la iniciativa aplicará para   patrimonios brutos por un valor igual o superior a 1.000 millones de pesos a partir del 1º de enero del próximo año. Para personas jurídicas aplicará el próximo año con una tarifa del 1,15%, en el año 2016 del 1%, en 2017 del 0,4% y en el 2018 se derogará.

Para personas naturales la tarifa máxima será de 1,5% durante los cuatro años y recaería sobre 52 mil individuos y 32 mil empresas, que son el 9% de las sociedades que pagan impuesto de renta.
No la pagarán los inversionistas extranjeros de portafolio, ni las entidades sin ánimo de lucro, entre otros.

Ya no habrá cárcel para quienes omitan activos o declaren pasivos inexistentes en el país o en el exterior, puesto que tendrán una sanción administrativa del 200% del mayor valor del activo omitido. Esto significa que sube un 40% a lo que se había planteado inicialmente, cuando se propuso que fuera del 160%, y aplicará para montos iguales o superiores a 8.000 millones de pesos.

En complemento a lo anterior, el Gobierno activará un plan de normalización para quienes quieran ponerse al día con sus tributos, y estableció una tabla de pago de sanciones así: una multa del 10% en 2015, del 11,5% en 2015 y del 13% en 2017.
La sobretasa del CREE explica que los contribuyentes con una base gravable igual o superior a 800 millones de pesos pagarán, desde el próximo año y hasta 2018,  una sobretasa del 5% en 2015, un 6% en 2016, un 8% en 2017 y un 9% en 2018.
Cerca de 7 mil empresas (2,9% de los contribuyentes de este impuesto) lo pagarán y el noveno punto de la tasa del CREE, que fue aprobado por el Congreso para 2013-2015, se volverá permanente y a partir de 2016. La intención es destinarla al cumplimiento de objetivos de educación superior y atención integral a la primera infancia, entre otros aspectos.

Al respecto el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha reiterado que la iniciativa del Gobierno Nacional “no afecta a la clase media ni a las pymes, mientras que potencia el alcance y los beneficios hacia millones de colombianos a través de programas de educación, primera infancia y lucha contra la pobreza”.