El Gobierno nacional tiene casi lista la estrategia jurídica que emprenderá de cara a resarcir sus derechos que considera conculcados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el año pasado decidió entregar a Nicaragua cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar que eran zona de explotación económica exclusiva de nuestro país. Como consecuencia, en los próximos días el presidente Santos indicará cuál será el camino a seguir.

Así lo señaló ayer la canciller María Ángela Holguín en el marco del foro “San Andrés presente y futuro. Estado de las cosas luego del fallo de la CIJ”, organizado por la Universidad del Rosario y Colprensa. La funcionaria explicó que el Gobierno ha utilizado los meses de junio y julio de este año para procesar los informes y recomendaciones entregadas en mayo pasado por un grupo de expertos nacionales e internacionales, “y el señor Presidente en unos pocos días, le hará un anuncio al país de esas medidas que irá a tomar el Gobierno nacional”.

La funcionaria añadió que el Gobierno se ha cuidado de manejar este tema con discreción porque parte del éxito que puede tener cualquier estrategia que se tenga es “tratar de ser lo más prudente posible, tenemos en frente un país muy complejo, que no queremos que siga utilizando la Corte como, al parecer, la va a utilizar nuevamente para seguir insistiendo en sus motivos expansionistas en nuestro mar”.

La Canciller dijo que sabía que para mucha gente el Gobierno había estado callado en las últimas semanas en cuanto a qué se va a hacer frente al fallo de la Corte de La Haya, “pero en esto tenemos que ser responsables, para eso contratamos esas firmas de abogados precisamente para que nos den esas luces de qué debemos hacer”.

Tras este fallo de La Haya el 19 de noviembre de 2012 en el marco de una demanda que  presentó el país centroamericano desconociendo el tratado Esguerra-Bárcenas del año 1929 que suscribieron ambas naciones, el cual reconoce la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y varios cayos, el presidente Santos dijo que “ese fallo vulneró muchos derechos de los colombianos y yo no voy a aplicar ese fallo hasta no garantizar que esos derechos están bien defendidos”.

Posteriormente, el Ejecutivo buscó asesoría de juristas distintos a los que manejaron la demanda ante el Tribunal internacional, para lo cual conformó un grupo deinternacionalistas y no internacionalistas, como Rafael Nieto, Luis Ricardo Paredes (abogado experto en derecho del mar), Manuel José Cepeda (constitucionalista), Carlos Gustavo Arrieta y Juan Daniel Jaramillo, el cual entregó en mayo pasado un informe con las recomendaciones de las acciones que puede seguir Colombia frente a dicho fallo.

También fue contratada la firma inglesa de abogados Volterra Fietta, la cual igualmente el pasado 31 de mayo entregó un informe al Gobierno con las respectivas recomendaciones.

“Independientemente de eso, hemos tenido otros conceptos jurídicos, no nos hemos solamente centrado en este bufete de abogados sino en visiones distintas”, entre lo cual hay abogados franceses, norteamericanos y “de un abogado adicional, que motu proprio, nos hizo un concepto que realmente es mucho más desde el punto de vista de la Constitución colombiana”.

A finales del año anterior la Canciller indicó que “estamos estudiando unas posibilidades de unos recursos jurídicos que la misma Corte los tiene, pero ante todo queremos ser juiciosos y serios en el estudio del fallo”.

En ese sentido es posible que el Gobierno pida la aclaración y revisión de este fallo, que son  mecanismos que contempla la Corte Internacional de Justicia, sin embargo como se dijo anteriormente, la estrategia  a seguir dependerá del análisis que haga la administración Santos de las recomendaciones que en este sentido le hicieron los abogados nacionales e internacionales.

Protesta

El Gobierno nacional denunció ayer que el Gobierno de Nicaragua está realizando una oferta de bloques para exploración y explotación de hidrocarburos, costa afuera en el Mar Caribe, incluyendo bloques en áreas que le pertenecen a Colombia y en las de otros países de la región.

“Los mapas publicados en la página Web Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, donde se ubican los bloques ofertados para exploración y explotación de hidrocarburos, muestran que un número significativo de los bloques ofertados están ubicados en áreas colombianas, incluido Quitasueño y sus áreas adyacentes”, indicó la Cancillería en un comunicado.

Agrega el boletín de prensa que el Gobierno de Colombia reitera que no “aceptará ni permitirá labores de exploración o instalación de infraestructuras para explotación de hidrocarburos bajo concesiones que pretendan ser otorgadas por el Gobierno de Nicaragua en áreas que corresponden a Colombia”.

Más que buenas intenciones

Representantes de la población del archipiélago de San Andrés reclamaron al Gobierno nacional políticas de fondo para superar la crisis social y económica que atraviesan, incluso mucho antes del fallo contrario a los intereses colombianos.

La gobernadora Aury Guerrero dijo que “la comunidad de San Andrés sigue mirando con expectativa que los anuncios se den, que de verdad el diseño de política pública corresponda a la realidad de esas necesidades y que las respuestas sean inminentes luego de terminar metas a corto, mediano y largo plazo. Algunas de corto y mediano se han dado con alguna cantidad, de pronto, de situaciones de inconformidad, pero las más contundentes y por las que debemos propender son esas políticas fuertes”.

Por su parte el representante a la Cámara por San Andrés, Jack Housni Jaller, dijo que el departamento tiene problemas en educación, salud, ambiente incluso antes del fallo de La Haya.

Añadió que la intervención del Estado luego del fallo del Tribunal internacional “ha sido de muy buena intención, se ha volcado todo el Gobierno hacia San Andrés, pero en nuestra opinión le falta un poco ordenar esta intervención para poder dotar a los sanandresanos del futuro”.

Como un ejemplo de ello dijo que la primera acción del Gobierno fue otorgar a los pescadores artesanales un subsidio mensual de $1.800.000 para suplir los efectos del fallo. Sin embargo anotó que este subsidio por seis meses, que en total puede sumar $16 mil millones, hubiera sido mejor aprovechado, empleado para industrializar su labor por medio de una flota de pesca, por ejemplo.

Por eso el Parlamentario pidió al Gobierno nacional políticas que aseguren no solo el presente sino el futuro de los isleños.

Mientras que el presidente de la Asamblea de San Andrés, Jorge Méndez, se quejó porque ni los diputados ni congresistas de la región han sido tenidos en cuenta en la comisión intersectorial que conformó el gobierno para producir soluciones y políticas de largo plazo para el desarrollo de San Andrés.