El Mandatario consideró que el Ejército colombiano ha avanzado más en derechos humanos que cualquier otro en el mundo.

Una enérgica defensa del fuero militar hizo ayer el presidente Juan Manuel Santos, pocos días antes de que la plenaria del Senado dé el último debate a una reforma orientada a fortalecer esta garantía para los uniformados.

El Jefe de Estado dijo que el proyecto que cursa en el Congreso “busca darles seguridad jurídica a los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de nuestra Policía”. Frente a lo cual agregó que esto “para que quienes quieran aprovechar el frente de la justicia para que injustamente pongan en posiciones difíciles a miembros de nuestras Fuerzas, no lo puedan lograr si no hay una causa justa”.

El Mandatario hizo el pronunciamiento durante la ceremonia de ascensos del Ejército Nacional, que se cumplió en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova en Bogotá.

Indicó que al mismo tiempo ese nuevo fuero militar busca garantizar una conquista que las Fuerzas Militares y el Ejército han logrado en los últimos años: “Este Ejército ha tenido el avance más importante en materia de doctrina de respeto de los derechos humanos que ha tenido cualquier Ejército en el mundo”.

Señaló también que hoy todas las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia “entienden perfectamente el respeto por los derechos humanos y el respeto por la población, que es algo además que nos impone nuestra propia Constitución. Es la mayor fuente de legitimidad. Por eso son los primeros interesados en mantener esa legitimidad”.

El Presidente Santos destacó que el fuero militar también tiene como propósito fortalecer la Justicia Penal Militar, en lo cual el Gobierno no escatimará esfuerzos para lograr los objetivos propuestos.

Polémica

El fortalecimiento del Fuero Militar fue uno de los compromisos que adquirió Juan Manuel Santos como candidato presidencial, que busca hacer efectivo a través de este proyecto de reforma constitucional.

Sin embargo, la iniciativa desde su radicación ha sido motivo de polémica porque por un lado, el gubernamental y el sector militar y policial, los uniformados no tienen las suficientes garantías para el desarrollo de sus actividades propias del servicio pues se habría menoscabado el Fuero Militar en los últimos años.

En ese sentido el Gobierno habla de la existencia de una guerra jurídica contra la Fuerza Pública que busca ‘empapelar’ a los uniformados por acciones que son propias del servicio, y que en casos en que efectivamente cometen delitos, que no sean conocidos por la Justicia Penal Militar, la cual se argumenta brinda mayores garantías de un juicio justo pues conoce la especificidad de la operación militar, el cual escapa a la Justicia Ordinaria.

En contraposición, ONG defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales se han opuesto con ahínco a esta reforma porque consideran que la justicia castrense no ofrece las suficientes garantías para que sean juzgados delitos de lesa humanidad y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, más teniendo en cuenta el conflicto interno que sigue viviendo el país.

Sin embargo a pesar de la inclusión de la lista de delitos la polémica no ha perdido fuerza, más teniendo en cuenta que la próxima semana espera ser votado en último debate por la plenaria de Senado.

El martes anterior hicieron presencia en el país varias personalidades para hacer escuchar su voz sobre este proyecto, como es el caso de José de Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien tras reunirse con las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes dijo que esta reforma es incompatible con los estándares interamericanos en materia de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que tras adelantar un análisis del proyecto mañana hará un pronunciamiento sobre el mismo.

Igualmente se hizo presente en el país José Manuel Vivanco, quien se reunió con el presidente del Senado, Roy Barreras, y el coordinador de ponentes para el octavo debate del proyecto, senador Juan Manuel Galán, para manifestarle su preocupación de que la Fiscalía pierda la competencia de investigar casos como el de los falsos positivos y que queden en la impunidad.

“La Fiscalía debe defender sus fueros para continuar investigaciones en las que pueden estar involucrados miembros del Ejército", dice Vivanco, para quien no es suficiente que la reforma al fuero militar incluya una lista de siete delitos que no serán de conocimiento de la justicia penal militar. "Creemos que hay riesgos serios de que se cuelen en esta reforma los falsos positivos, es decir que sean trasladados algunos de estos casos a la justicia penal militar”, dijo Vivanco.