La Contraloría de Bogotá requirió al Secretario de Salud del Distrito, Guillermo Alfonso Jaramillo,  y a la gerente del Hospital Simón Bolívar en proceso sancionatorio que se adelanta porque  no se han presentado avances en la puesta en servicio de la Sede B Puente Largo del Hospital Simón Bolívar III (antigua Clínica Fray Bartolomé de las Casas),  que es destinada a la prestación de servicios de salud de la población con discapacidad del Distrito, y terminada desde hace 2 años y 9 meses.

Luego de que en octubre de 2012, el Organismo de Control alertara a través de una función de advertencia a la Administración, sobre un posible detrimento patrimonial de $21.098 millones, por los recursos dejados de percibir por la no puesta en funcionamiento de los servicios médicos hospitalarios y los recursos invertidos en adecuaciones y reforzamiento estructural, la Secretaría Distrital de Saludy el Hospital Simón Bolívar se comprometieron con varias acciones para poner en funcionamiento dicha sede, cuya falta de servicio impacta negativamente el sistema de salud, máxime cuando la crisis hospitalaria ha desbordado todos los niveles y hoy atenta contra la vida de los ciudadanos.

Siete meses después, y luego de una nueva visita fiscal, practicada el 5 de abril del año en curso, el organismo de control pudo evidenciar que  además de que no se presenta ningún  tipo de avance, la proyección del posible detrimento ascendería a más de $27.880 millones a la fecha.

El Contralor Distrital, Diego Ardila Medina, advirtió que es preocupante que una sede que está en capacidad de ofrecer servicios médicos, hospitalarios, laboratorio clínico, rayos x, consulta externa, urgencias, 8 salas de cirugía, salas de parto, unidad de cuidados intensivos, neonatal y capacidad para 200 camas, entre otros, se encuentre totalmente subutilizada, mientras que en los hospitales distritales los pacientes deben permanecer en condiciones infrahumanas, acostados en los pisos por falta de camas y servicios.

Igualmente, llamó la atención del ente de control que no existan actas de inventarios  entregados por la Secretaría de Salud a la gerencia del hospital con los cuales fue entregada la clínica, ni el destino de los bienes o su estado.

Por estos hechos, el Contralor requirió al Secretario de Salud.