Un total de 692 mandamientos ejecutivos por un valor de 761 millones de pesos expidió la Registraduría Nacional en contra de jurados de votación que dejaron de prestar su servicio en Bogotá en las pasadas elecciones territoriales.

Los ciudadanos que sin justa causa no concurren a desempeñar las funciones de jurado o las abandonan,

se hacen acreedores a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, $5.667.000.

La designación para ser jurado es de forzosa aceptación, según el Código Electoral, por lo que la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Coordinación de Cobros Coactivos de la Oficina Jurídica, expidió estos mandamientos coactivos.

A los jurados sancionados que desatiendan el cobro persuasivo, la entidad les impondrá hasta medidas cautelares, como el embargo de salarios o bienes inmuebles, secuestro de vehículos a fin de lograr el efectivo recaudo de las multas.

Al sancionado renuente a pagar se le hace investigación de bienes. Si se le encuentra vinculación laboral se ordena el embargo del salario, que equivale a la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal mensual vigente y el jefe de talento humano está en la obligación de consignar en la cuenta judicial mes a mes del descuento que le hagan hasta completar el total de la deuda.

Desde el 2007 y hasta el 30 de mayo de 2012 la Registraduría ha recaudado $868.753.617 por concepto de procesos en contra de jurados de votación. De esta cifra $248 millones se han recaudado desde enero y hasta el 30 de mayo de 2012; $221.465.885 en 2011; en 2010 un total de $188.773.155, en el año 2009 ingresaron $65.597.257, en el año 2008 se recaudaron $62.463.712 y en 2007 $90.453.608.