El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó este miércoles la Ley Estatutaria para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.

La Ley sancionada define la función de inteligencia y contrainteligencia, y establece los límites y los fines de sus actividades.

Señala además que "los principios que la rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de las bases de datos, la protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre los organismos, y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas".

Entre sus disposiciones también se destaca la creación de tres nuevos organismos que se relacionan con la materia: la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC); una comisión legal de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el Congreso de la República; y una comisión asesora para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

También prohíbe vincular menores de edad a las actividades de las que trata la normativa que, además, ordena efectuar interceptación de comunicaciones únicamente en desarrollo de procesos judiciales.

Igualmente, a la Ley 5 de 1992 se adiciona un artículo relacionado con las funciones y facultades de la Comisión Legal de Seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Así mismo, la norma estatutaria señala la obligatoriedad de un plan nacional de inteligencia que desarrolle los requerimientos y las prioridades del Gobierno Nacional para el año siguiente a su elaboración.

Todas las medidas dispuestas en la presente Ley van encaminadas a garantizar la debida aplicación de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, y de la Constitución, en materia de inteligencia y contrainteligencia.