El Gobierno estudia la posibilidad de decretar el estado de emergencia para poner en marcha un gran plan de apoyo e inversiones en San Andrés, declaró ayer el presidente Juan Manuel Santos.

“Hemos discutido la posibilidad de poder decretar una emergencia, que nos facilite los instrumentos legales y financieros”, dijo el Jefe de Estado, luego de una jornada de reuniones con autoridades y representantes de la capital del Archipiélago, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

En ese sentido, el Mandatario señaló que al decretar la emergencia “lo que queremos es un plan de una mayor envergadura” para el Archipiélago. Para ello, el Gobierno, las autoridades de San Andrés y Providencia, así como líderes de la comunidad, realizaron un inventario de los proyectos que ya están en ejecución, por un monto superior a los 170.000 millones de pesos.

“A partir de esos proyectos lo que queremos es un plan de una mayor envergadura que realmente le de a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como un rediseño de su futuro”, enfatizó el Jefe de Estado.

El presidente Santos reiteró el apoyo del Gobierno Nacional a los pobladores de estas islas, afectadas por el fallo de La Haya. “Queremos que los pobladores de estas islas sientan que aquí está el Gobierno presente, solidario, porque vamos a trabajar todos unidos, todos juntos para obtener ese mejor futuro”, dijo.

Así mismo, el Jefe de Estado señaló que para poner en marcha el plan de fortalecimiento económico del Archipiélago se establecieron reuniones, a partir del lunes 26 de noviembre, con autoridades y representantes de la región para avanzar en las decisiones que permitan adelantar los programas para las islas.

 

Respaldos

 

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, expresó total solidaridad con los habitantes y con el Gobierno, manifestando que respeta el derecho, pero ve con preocupación la suerte de los pobladores que derivan su sustento de la pesca artesanal y demás actividades realizadas en la jurisdicción, que según la decisión del Tribunal Internacional de Justicia ya no hace parte de la geografía nacional.

Otálora dijo que, no obstante los alcances de dicho fallo, respaldará los mecanismos o acciones que emprenda el Gobierno para defender los derechos de los colombianos, particularmente de los sanandresanos.

Ayer, en la plenaria de la Cámara, el representante Germán Navas, del Polo Democrático, hizo un vehemente llamado para que sean hallados “los verdaderos responsables” del fallo y manifestó que, más que a la ministra María Ángela Holguín, “el debate debería hacerse a los responsables de este hecho, porque cualquier otro congreso del mundo estaría protestando al unísono, pero aquí los congresistas están hilando a favor de su partido, no hasta dónde la patria fue damnificada”.

La Federación Colombiana de Municipios estará presente apoyando a San Andrés y Providencia, “respaldando todas las decisiones que el Gobierno del presidente Santos tome para fortalecer y sacar adelante a los pobladores del archipiélago. Es el momento para que todos los colombianos trabajemos unidos por el bien del país”, manifestó su director ejecutivo Gilberto Toro.

 

Rechazo

 

En todo el país se reiteró el rechazo a la delimitación marítima trazada con Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia, en un fallo que reconoció la soberanía colombiana sobre islas y cayos del archipiélago de San Andrés a la vez que extendió el espacio nicaragüense en aguas del Caribe.

"Rechazamos unos aspectos del fallo en donde hay unas inconsistencias, unas omisiones, en lo que tiene que ver con la plataforma continental de San Andrés y Providencia", dijo ayer la canciller Holguín en una conferencia de prensa ofrecida en la isla de San Andrés (ver recuadro).

Sin embargo, "en ningún momento hemos dicho que no lo vamos a acatar. Estamos estudiando unas posibilidades y unos recursos jurídicos", indicó la canciller.

Colombia no ha aclarado de qué modo se opondrá al fallo, que se considera inapelable.

Holguín aseveró que la decisión de la CIJ no fue "justa", y dijo que su gobierno está "desconcertado" porque en casos similares la Corte "nunca había tomado una decisión” como la del lunes.

Con su decisión, la CIJ extendió la jurisdicción de Nicaragua al este del meridiano 82 hasta donde Bogotá la ejerce actualmente. Las coordenadas del complejo trazado de la nueva frontera mantiene una lengua de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como en un radio de solo 12 millas náuticas alrededor de los cayos colombianos de Serrana y Quitasueño.

Holguín criticó que ese fallo "desconoció la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Providencia" así como "la plataforma continental y la zona económica de San Andrés hacia el sur".

Las declaraciones de la canciller suceden a una alocución del presidente Juan Mauel Santos, quien en la noche del lunes afirmó que "la Corte, al trazar la delimitación marítima, cometió errores graves".

"Todo esto son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar", dijo el mandatario, quien pasó la noche del lunes en la isla de San Andrés.

El excanciller Julio Londoño declaró que “estará tomando decisiones sobre el futuro inmediato de Colombia sobre La Haya”.

Londoño expresó que la eventualidad de no acatar enteramente la decisión internacional, “sólo recae en manos del Gobierno Nacional”.

“La canciller, los expresidentes y el presidente Santos tendrán muy en cuenta todos y cada uno de los pasos que se deben dar en particular”, afirmó Londoño.

El diplomático consideró que “hubo fallas evidentes” en la decisión de la Corte, que “no definió una línea media entre lo que pedía Colombia y lo que pedía Nicaragua”.

 

 

Canciller a control político

 

En rueda de prensa, la canciller María Ángela Holguín dijo que “si con mi renuncia se va a garantizar que se solucionen los problemas de los sanandresanos, dígame dónde le firmo”; aunque, consideró que “este es un momento para estar unidos y no para buscar responsables”.

La ministra Holguín dijo que “primero que todo el fallo es un fallo muy complicado, muy complejo. Nosotros ayer simplemente oímos la lectura de 6, 8 páginas por parte del presidente de la Corte, pero es un fallo que el gobierno de Colombia tiene que estudiar a fondo, a profundidad, en eso están los asesores jurídicos del Gobierno, en eso está el equipo que está en la Haya y, hasta que no estudiemos a fondo, el Gobierno no va a hacer un pronunciamiento”.

“De qué si es salomónico o no es salomónico. Mire: yo siempre consideré que lo salomónico era lo justo, y en esto le diría que no es justo”, precisó.

Holguín reveló que tuvo “una conversación con el Canciller de Nicaragua” y que “vamos a mirar acuerdos de pesca. Tenemos que lograr unos acuerdos de pesca para que los isleños puedan seguir pescando en los lugares donde lo han hecho, sobre todo la pesca artesanal”.

Previamente, Holguín se reunió con la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, expresándole su solidaridad y su apoyo a la comunidad de la isla ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

 

 

Hoy en el Senado

 

 

El presidente del Senado, Roy Barreras, del Partido social de Unidad Nacional (La U), informó que la Corporación decidió citar hoy en sesión plenaria a la canciller María Ángela Holguín, al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y a los excancilleres Jaime Bermúdez, Fernando Araujo, María Consuelo Araujo, Carolina Barco, y Guillermo Fernández de Soto para que den explicaciones públicas sobre los alcances y aspectos más relevantes del fallo.

Los jefes de las carteras de Relaciones Exteriores y de Defensa, así como los anteriores Cancilleres deberán responderle a la plenaria graves interrogantes que todos los colombianos tenemos al respecto:

1.¿Cuál es la eficacia jurídica de los recursos de aclaración y revisión del fallo de La Haya que Colombia debe interponer inmediatamente?

2.¿Cuáles son los efectos del fallo con Nicaragua sobre los tratados y límites con otros países como Honduras, Jamaica y Costa Rica?

3.¿Cuáles son las razones jurídicas para que Colombia no haya denunciado ni demandado inmediatamente el Pacto de Bogotá para evitar los efectos de este desfavorable fallo?

4. ¿Cuáles son las medidas de choque que debe implementar el Gobierno para proteger el derecho al trabajo y al desarrollo vital de los compatriotas de San Andrés, especialmente los raizales y cerca de mil familias que viven de la pesca y que en esta hora deben contar con todo el apoyo del gobierno y de los colombianos?

5. ¿Cuáles serían las consecuencias internacionales para el país si la decisión fuera desacatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia?

6. ¿Cuáles serán a los efectos de la pérdida de control marítimo de Colombia en relación con la interdicción aérea y marítima, y el control de las rutas de narcotráfico que Colombia ha venido ejerciendo con firmeza y claridad podría Nicaragua asumir esta responsabilidad?

 

 

 

Se limita pesca de langosta espinosa

 

 

La actual situación entre Colombia y Nicaragua restringe el acceso de los pescadores sanandresanos a la langosta espinosa, que genera exportaciones por 6 millones de dólares al año.

Adriana Santos Martínez, bióloga y docente de la UN en el Caribe, le aseguró a la agencia de noticias Unimedios que esta langosta es una de las especies más importantes en la región. Y precisa que se captura en el extremo noroeste de la Isla, en la zona llamada Luna Verde o la Esquina, un punto comercialmente estratégico al que ya no se tiene acceso debido a la nueva delimitación hecha por la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

“El tema es bastante crítico y grave en el sentido de que la zona de más abundancia, particularmente de langosta espinosa, de caracol pala y de peces, es el norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto afecta no solamente a la producción industrial, sino también a parte de los pescadores artesanales, que están sistemáticamente yendo a estas áreas por el agotamiento que hay en otras zonas”, precisó la profesora Santos.

Se verá afectada la pesca artesanal e industrial de pargos, meros, barracudas y atunes, que se encuentran también en esa área. “Esa es una pérdida indiscutible de un porcentaje enorme de la pesca de esa especie”, indicó.

Los pescadores también perderán el acceso a los bancos de peces de relevancia comercial y a los que tradicionalmente se explotan para reproducción o para el consumo en la Isla.

“Otro motivo de preocupación y que no se puede dejar de lado es el hecho de que toda el área es la Reserva de Biósfera Seaflower, que incluye la conectividad ecosistémica y de las comunidades culturales. Es absurdo tener esos enclaves en los cayos, porque ¿cómo vamos a conservar las poblaciones que no conocen los límites: las larvas, los huevos, el fitoplancton?”, cuestionó la profesora.

Para ella, con la nueva delimitación, se pierde la conectividad ecosistémica que tienen naturalmente las poblaciones marinas y se complican las labores de conservación y las investigaciones que desarrolla la UN.

La Universidad adelantaba proyectos conjuntos con la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento, la Corporación Ambiental Coralina y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en temas de ecología y evaluación de poblaciones pesqueras, pues son más de 130 las especies potenciales que se atrapaban en el área perdida.

Con la nueva delimitación también se pierde espacio de fondo marino, se dificulta el transporte marino y aéreo y el comercio.

Así, afirmó: “Es un impacto muy grande porque no solamente se afectan los recursos, sino también la comunidad raizal e isleña. Se perturba el ambiente —a nivel natural, social, económico y político— y, en últimas, la sustentabilidad”.

“Este es un ambiente que hemos venido estudiando, cuidando y defendiendo, incluso, de la explotación petrolera que el Gobierno colombiano quería hacer. Y veíamos que conservar también pagaba. Estábamos trabajando en modelos holísticos de manejo de reserva de biósfera, modelos de conservación y aprovechamiento. Pero esta fragmentación rompe no solo espacios vitales, sino los corazones”, concluyó la profesora Santos.