Declarar como delito de lesa humanidad determinado crimen no es un asunto fácil. Tienen que cumplirse una serie de requisitos de tipificación penal.

Es sobre esa base que tiene que analizarse la petición que hiciera el periodista Mauricio Gómez Escobar, quien a nombre de su familia, pidió a la Procuraduría que el magnicidio del dirigente conservador, insigne periodista y ex director de EL NUEVO SIGLO, Álvaro Gómez Hurtado, sea considerado como un crimen de lesa humanidad.

Como se recuerda, el excandidato presidencial fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, al norte de Bogotá.

Aunque desde el mismo momento del magnicidio se ordenó una investigación exhaustiva, lo cierto es que pasados 17 años del crimen, cuatro gobiernos y más de cuatro fiscales generales no hay condena alguna contra los autores materiales e intelectuales del homicidio. Es más, no hay un solo sindicado preso por este caso, ya que los que en algún momento fueron señalados como presuntos artífices del homicidio, terminaron quedando libres por vencimiento de términos y ausencia de acusación formal.

Así, el proceso ha pasado por múltiples despachos de fiscales y se han explorado diversas hipótesis, pero sin avance concreto alguno. Falsos testigos, intentos evidentes para desviar la investigación, dilaciones procesales insólitas, testimonios acusadores no profundizados… En fin, todo un entramado judicial que ya amenaza con el riesgo de que el magnicidio quede en la impunidad, puesto que a los 20 años prescribe la acción penal, es decir que la justicia ya no podría perseguir a los autores materiales e intelectuales del crimen que conmovió a Colombia en 1995, en pleno pico de la crisis de un gobierno Samper cercado por el narcoescándalo debido a la infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña, lo que dio origen al tristemente célebre “proceso 8.000”. Tampoco ha progresado la causa que se adelanta en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el exmandatario liberal.

 

Las razones

 

“En vista de que se avecina la fecha en la cual podría ser declarada la prescripción de la acción penal, se hace indispensable que las autoridades se pronuncien sobre la materia”, consideró Mauricio Gómez en su petición al Ministerio Público.

Agregó que “la declaración del homicidio como crimen de lesa humanidad no significaría una decisión judicial respecto de la responsabilidad del crimen sino, únicamente, la posibilidad de que las investigaciones puedan continuar, evitando la impunidad y haciendo posible encontrar la verdad y la justicia”.

Gómez Escobar precisó que “hechos como supuestas rupturas de unidad procesal, remisión del proceso a la oficina de asignaciones e infiltraciones de testimonios, han hecho que se pierda tiempo en la investigación, cuando se sabe que estamos a dos años y medio para que se cumpla el plazo de la prescripción”.

 

Tipificación

 

La petición de Gómez Escobar es lógica en la medida en que se enmarca en otras decisiones que la Fiscalía ha tomado en los últimos años al declarar varios magnicidios y actos graves de terrorismo como delitos de lesa humanidad (ver recuadro).

En todos esos crímenes, como los asesinatos del excandidato presidencial Luis Carlos Galán o del exministro Rodrigo Lara Bonilla, el ente acusador consideró que sí se cumple la tipificación del delito de lesa humanidad, en la medida que los homicidios hicieron parte “de un ataque generalizado o sistemático…”. (Ver recuadro sobre definición de este delito).

¿Puede considerarse el magnicidio de Gómez como delito de lesa humanidad? En principio es claro que la principal dificultad radica en que las pesquisas por este crimen no han avanzado sustancialmente. Son tantas las líneas de investigación que se han seguido y tan pobres sus resultados en estos 17 años, que no se ha podido individualizar una sola acusación formal, con mérito probatorio o indiciatorio pleno.

Sin embargo, el hecho de que testigos como el extraditado narcotraficante Hernando Gómez, alias Rasguño, digan que el crimen de Gómez Hurtado fue instigado por Samper y el exministro Horacio Serpa (acusaciones que ellos niegan), o que el exministro Fernando Botero diga que aquí lo que hubo fue un “crimen de Estado”, evidencian que se está ante una acusación de extrema gravedad y que el asesinato no fue una acción aislada sino parte de un complot sistemático y planificado dirigido a desestabilizar al país, matando a uno de los dirigentes de mayor estatura moral y peso político del momento, que, además, era un férreo opositor del emproblemado gobierno de turno.

En ese orden de ideas, por más que el proceso haya dado tantas vueltas y no se tenga todavía un escenario claro de los móviles y autores del crimen, es evidente que se trató de un magnicidio que pudo hacer parte de un plan orquestado por las mafias y sus ramificaciones políticas para eliminar a todo aquel que se oponía a sus intereses y maniobras ilícitas.

Bien lo advertía el editorial de EL NUEVO SIGLO el 4 de junio de 2009, cuando en carta al procurador Alejandro Ordóñez el entonces director de este Diario, Juan Gabriel Uribe, urgía destrabar el proceso investigativo y aplicar pronta y debida justicia.

“… Un solo reo, una sola condena, una actitud proclive a desenmarañar los desvíos y altibajos de las investigaciones, es lo que se pide a la Justicia por su conducto señor Procurador. Como también del Presidente de la Republica, por ejemplo, una Comisión de la Verdad, integrada por tres ex magistrados que el jefe de Estado tenga a bien considerar. Y, claro, del Partido Conservador se esperaría salga del mutismo al respecto y al menos convoque a sus líderes en el propósito común de exigir la verdad  a que tenemos derecho. Y así también debe hacerse porque es infamante vislumbrar cómo los usufructuarios de la impunidad se han cobijado bajo expedientes tan inverosímiles y estrambóticos como que dizque Álvaro Gómez estaba incurso en un fantasioso golpe de Estado. ¡Qué desdoro y qué indignidad! No es suficiente ni satisfactorio el rumor de que fue un crimen de Estado sin castigo…”, precisó la carta-editorial.

En síntesis, sin que la declaratoria de crimen de lesa humanidad signifique que el proceso –no teniendo ya el riesgo de prescripción penal encima- siga hundido en la dilación y la impunidad que lo ha caracterizado estos 17 años, es claro que existen los elementos suficientes para dar cumplimiento a la solicitud de la familia del inmolado dirigente conservador.

Declarar el magnicidio de Álvaro Gómez como crimen de lesa humanidad no sólo resulta viable sino un imperativo en un país que no puede seguir resignado a que quienes accionaron las armas o dieron las órdenes para asesinarlo, sigan libre, impunes y burlándose de la justicia.

Si se cumplieran 20 años del crimen y se agotará el tiempo para castigar a los responsables, la mácula en el Estado será imborrable.

 

 

¿Qué es un delito de lesa humanidad?

 

Al tenor del artículo 7 del Estatuto de Roma, se entiende por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.