La demanda pretende que se anule el fallo emitido por la Procuraduría General, en la cual se sancionó disciplinariamente a la excongresista Córdoba.

El alto tribunal analizará si se anula o se ratifica la decisión del ministerio público que  destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 18 años, a la exsenadora Piedad Córdoba.