Unidades especializadas en investigación criminal para la defensa, certificadas por el Consejo Superior de la Judicatura, lograron establecer en un muestreo realizado en Venezuela en las ciudades de San Antonio de Táchira, Maracaibo, San Carlos, Machiques y San Cristóbal, que por cada 10 mil sufragios se presentaron más de 4 mil irregularidades comprobadas y contempladas como delitos de suplantación, trashumancia y falsedad, para el caso de las elecciones de Congreso en el exterior de Colombia
Del mismo modo, la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó hace varias semanas ante un medio de comunicación en Colombia, la veracidad de la información suministrada por el líder conservador Zoilo Nieto, quien ha venido denunciando los fraudes presentados en las elecciones pasadas de Congreso – Circunscripción Internacional.
Uno de los más graves, es el aparente sufragio de ciudadanos registrados en el Sisben en diferentes ciudades de Colombia como Soledad Atlántico, Cúcuta y Maicao entre otras, que aparecen votando en Maracaibo o en otras ciudades fronterizas como residentes del exterior, razón por la cual se pedirá su verificación para la exclusión como beneficiarios, ya que al parecer no son residentes en Colombia o por lo contrario fueron víctimas de una red a servicio de un candidato en especial para cometer delitos electorales fraguando así un fraude electoral masivo.
Aunque las arbitrariedades y delitos denunciados con pruebas y bolsas de votos que llegaron rotas o de basura, cambian la total voluntad democrática de los colombianos residentes en el exterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no resolvió las reclamaciones aportadas dándole valides y legalización al fraude, que fue denunciado con el suficiente tiempo de antelación ya que se entablaron las acciones legales desde el pasado 4 de febrero y consecutivamente sin que se diera una revisión y resolución idónea, justa y a tiempo.
De las 1667 mesas habilitadas por la Organización Electoral para sufragar en el exterior el pasado 9 de marzo, el CNE en un acto administrativo y eludiendo su responsabilidad eliminó 522 mesas, es decir el 33% de las mesas habilitadas, por fallas atribuibles a la propia Organización Electoral que no allegó conforme a la ley las Actas de Jurados denominadas “E17” que son formularios que garantizan la transparencia en el proceso electoral. No obstante, la decisión tomada no acata los fallos del Consejo de Estado y deja a un lado la revisión de las pruebas aportadas del fraude electoral, dejando entrever claramente la perdida de la cadena de custodia del material electoral.
“Aunque hemos aportado todas las pruebas conforme a la ley y lo denunciamos desde hace más de 5 meses, ayer, miércoles, 16 julio 2014 en sesión de Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, los magistrados decidieron a toda costa entregar una de las curules a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior a la candidatura cuestionada, sin revisar las reclamaciones, pruebas de fraude electoral y la exigencia de la totalidad de la falta de las actas E17,es decir evadieron su responsabilidad administrativa y le asignaron la papa caliente al Consejo de Estado. De alguna forma la determinación del CNE, no solo condena al colombiano en el exterior a continuar en el olvido por otros 4 años, sino también desestimula su participación ciudadana y respeto por la Democracia ya que hoy se han vulnerado sus derechos”, señaló el líder conservador y educador Zoilo Nieto.