LA SEGURIDAD alimentaria estaría en riesgo, de no resolverse la inseguridad jurídica que plantea la iniciativa sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), más conocido como proyecto Altillanura y que cursa su trámite en el Legislativo.

Así lo planteó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, quien destacó el positivo avance del documento, pero pidió repensar algunos de sus articulados.

Y es que tal como lo ha venido manifestando en diferentes escenarios la SAC aduce que el Proyecto de ley 133, por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 “y se interpreta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, presentado por el Gobierno nacional, es positivo, pues reconoce que Colombia es un país con regiones muy diversas que requieren una normatividad y un manejo diferenciado”.

Por otro lado, de acuerdo con Mejía “el Proyecto no da seguridad jurídica a los empresarios que han hecho importantes inversiones y que finalmente promueven el desarrollo del agro en diferentes regiones del país. Debido a equivocadas interpretaciones de la Ley 160 de 1994 se generó una incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra que ha afectado el desarrollo de regiones como la Orinoquia, entre otras, y que afecta a la propiedad privada de propietarios de más de 620.000 predios en todo el país”.

Riesgos

“No resolver esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria del país y por ello esperamos que en el trámite en el Congreso se tenga en cuenta que la producción de alimentos debe ser protegida por el Estado dando prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales en todo el territorio nacional entendiendo las particularidades de cada región”, resaltó el dirigente.

Por otro lado, es fundamental para la consolidación y crecimiento del campo colombiano, el reconocimiento que el Proyecto de ley hace a la importancia que tiene el implementar un modelo de desarrollo del campo colombiano que sea incluyente, en el que caben pequeños, medianos y grandes productores.

Sin embargo, “este momento se convierte en una oportunidad única para que como país decidamos cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestro campo y para la agroindustria en el país y para hacerlo se debe reconsiderar la aplicación de la Unidad Agrícola Familiar como instrumento de referencia para la extensión de los proyectos”.

Limitaciones

La UAF “no puede continuar siendo una medida de mínimos y máximos, pues no sólo limita la inversión privada en el campo, sino también es una condena a la pobreza para los pequeños productores y campesinos, al impedirles cualquier posibilidad de crecimiento”, aseguró el Presidente de la SAC, Rafael Mejía.

Por otra parte, el Gobierno a través de la Superintendencia de Notariado y Registro aclaró ayer que las Zidres son zonas especiales de aptitud agropecuaria, ubicadas en el territorio nacional, aisladas de los centros urbanos más significativos que demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza.

Los principales problemas son, entre otros, la baja productividad (1 vaca por cada 3 hectáreas), poca infraestructura y predios ociosos. Sim embargo, destaca que algunas de las ventajas son la nueva frontera agrícola según la FAO, la disponibilidad de suficiente área para la agroindustria y las tierras planas o tractorables para la Agricultura.