A través de un comunicado el consejo de gobierno de Santa Marta, presidido por la alcaldesa encargada Ingris Padilla, rechazaron la decisión del contralor Horacio Escobar de pedir la suspensión en el cargo del burgomaestre titular Carlos Caicedo.

“No existe condena de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría Distrital de Santa Marta, como se evidencia en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República de fecha 27 de diciembre de 2013”, expresó el gabinete distrital, agregando que “se desconoce el contenido de la Resolución No. 120 de 2013 mediante la cual se solicitó la suspensión ante la Presidencia de la República y por tanto las consideraciones de hecho y derecho  que soportaron el gravoso requerimiento”.

“Llama poderosamente la atención que si bien la comunicación de la resolución va dirigida al Presidente de la República, al Alcalde en su calidad de directo afectado no le ha sido comunicado aún, inclusive le ha sido infructuoso todo intento de acceso a su contenido, ello en detrimento de la transparencia que debe gobernar las actuaciones administrativas, todo rodeado de misterio y oscuridad. Consecuente con ello, no ha sido posible descartar o verificar la información publicitada por los medios”, anotaron los integrantes del equipo de Caicedo.

Tras señalar que para ellos existe una “flagrante afectación al debido proceso, derecho fundamental imprescindible en un Estado de Derecho”, los colaboradores del alcalde Caicedo plantearon que “respetuosamente instamos a la Contraloría Distrital de Santa Marta, a poner en conocimiento de la administración territorial el contenido de la Resolución No. 120 de 2013”.

Según Escobar, la suspensión solicitada es hasta que terminen las investigaciones que su despacho adelanta en la Administración de Santa Marta.

En carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, Escobar le da a conocer la expedición de la resolución 120 de 2013, misma que el gabinete de Santa Marta no ha podido conocer, mediante la cual se declara la suspensión, explicando que es en razón a las indagaciones de responsabilidad fiscal, penales y disciplinarias que se llevan a cabo contra el alcalde.

Se dice en Santa Marta que la Contraloría habría hallado presuntos detrimentos patrimoniales en varios sectores, entre ellos el de la salud, en el orden de los 1.700 millones de pesos.

Para el gabinete distrital, se observa “un ánimo de desestabilización gubernamental que tiene directa injerencia en el desarrollo de la ciudad, de sus habitantes, queriendo afectar o mancharla notoria gestión en favor de la prosperidad general, todo en contravía del querer de los votantes que expresan su convicción a través del voto programático”.