La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo estar muy triste por la posibilidad inminente de perder su mandato en un juicio político, proceso al que considera injusto y que le impediría asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos de Rio en agosto.

"Si eso sucede, voy a estar muy triste porque, es justo decir, hemos hecho un esfuerzo grande para la realización de los juegos (...) pero estoy realmente triste, más aún, por otro motivo: porque la peor cosa para cualquier ser humano es ser víctima de una injusticia. Y yo soy víctima del actual proceso de impeachment", dijo la mandataria en una entrevista con la cadena CNN.

La emisora estadounidense adelantó algunos tramos de la entrevista realizada en Brasilia, que será transmitida esta tarde, a días de que el Senado decida si interrumpe el mandato de Rousseff para juzgarla por supuestas ilegalidades en el manejo de las cuentas públicas.

"Más que creer que voy a sobrevivir, voy a luchar para sobrevivir. No solamente por mi mandato, sino que también lucharé porque defiendo el proceso democrático que gobierna la vida política de Brasil", dijo.

La votación que podría separarla de su cargo está prevista para la segunda semana de mayo.

Si el Senado encuentra razones para instalar el proceso aprobado en forma aplastante por la cámara de Diputados el 17 de abril, Rousseff deberá dejar su despacho por hasta 180 días a la espera de una sentencia definitiva. Los sondeos realizados por la prensa local coinciden unánimemente en que la oposición ya tiene la mayoría necesaria para suspenderla.

En su lugar, asumiría el vicepresidente Michel Temer, que saltó a la oposición y trabaja en la conformación de un nuevo gobierno. Temer es acusado por Rousseff de haberle traicionado y de conspirar para destituirla, en una guerra por el poder que paraliza al país, ya golpeado por una profunda recesión.

La presidenta afirma que hay un golpe parlamentario en curso y niega haber cometido un "crimen de responsabilidad" al utilizar dinero de los bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios, figura que aplica a los funcionarios públicos.

La acusación que promueve la oposición señala que Rousseff, que tiene un apoyo popular de apenas 10%, aprobó créditos sin autorización del Congreso y forzó a entidades públicas a pagar programas sociales con fondos propios para oxigenar al Tesoro.

"En Brasil, un país que tiene un sistema presidencialista, al igual que Estados Unidos, nadie puede ser llevado a un proceso de impeachment por ser impopular, porque la impopularidad es cíclica. Si no, todos los presidentes o los primeros ministros de Europa que tuvieron tasas de desempleo de 20% deberían ser sometidos a procesos de impeachment porque tuvieron una fuerte caída de su popularidad", afirmó la mandataria.