Como si fuera poco al cuello de botella que se ha convertido las elecciones a cargo de las Cortes, este año se sumará una más con la conformación del Tribunal de Garantías Penales que estableció la recientemente aprobada reforma al Fuero Penal Militar.

Esta normatividad busca entregar más garantías a los uniformados integrantes de la Fuerza Pública en materia de investigación y juzgamiento frente a actos delincuenciales que pudieran cometer en el marco de la prestación del servicio. En ese sentido fue creado un  Tribunal  de  Garantías  Penales, el cual estará integrado  por  ocho  magistrados,  cuatro  de  los  cuales  serán  miembros  de  la  Fuerza  Pública  en  retiro.

La elección de los integrantes de dicho Tribunal quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, el  Consejo  de  Estado y  la  Corte  Constitucional.

En consecuencia, las Cortes estrenarían esta nueva función este mismo año, una vez el  Tribunal  de  Garantías  Penales  empiece  a  ejercer  las funciones  asignadas, luego de que entre en  vigencia  la  ley  estatutaria que lo reglamente, para lo cual el Gobierno ya se comprometió en que presentará un proyecto en ese sentido en marzo próximo, cuando el Parlamento regresa a sesiones.

No querían

Aunque las Cortes no se han pronunciado sobre esta nueva función que les entregó la Constitución, desde el año anterior habían manifestado su oposición a que les ‘colgaran más procesos eleccionarios’, por lo menos así lo señalaron durante el trámite de la reforma a la justicia, cuando con ocasión de las propuestas que lograron ser aprobadas en algunos debates estaba la creación de una sala de gobierno en el Consejo Superior de la Judicatura, en lugar de la Sala Administrativa, que sería eliminada, cuyos integrantes serían elegidos por las Cortes.

Al final se aprobó la creación de una sala de instrucción e investigación en la Corte Suprema de Justicia, compuesta por seis magistrados, los cuales serían elegidos por la Corte Constitucional de ternas que remitirían el Presidente de la República y este Tribunal.

Sin embargo esto quedó sin efecto, luego de que el Congreso atendió el pedido del presidente Santos de hundir la reforma a la justicia por la serie de ‘micos’ que fueron incluidos en la etapa de conciliación del proyecto.

Alto número

El sistema eleccionario en las Cortes se ha convertido en una ‘papa caliente’ porque, por un lado, llenar una vacante que se produce por la finalización del periodo de un magistrado o por su renuncia, no toma menos de seis meses; en tanto que las elecciones de altos funcionarios del Estado también han sufrido tropiezos. Como se recordará, la elección de Fiscal General tardó más de un año en la Corte Suprema.

Esta situación ha llegado al punto de que al día de hoy, solo el Consejo Superior de la Judicatura funciona con todos sus magistrados titulares, en tanto que hay 8 vacantes sin llenar en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

Además hay que tener en cuenta que es alto el número de elecciones a cargo de las Cortes. El Consejo de Estado elige a sus magistrados de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Además elige a tres magistrados del Consejo de la Judicatura. Igualmente elige ternas para suplir vacantes de magistrados en la Corte Constitucional, que luego remite al Senado. Elige un candidato para la terna de Contralor General. Elige un candidato para terna de Procurador General y finalmente su presidente junto con sus pares de la Corte Suprema y la Corte Constitucional eligen al Registrador Nacional.

La Corte Suprema elige a sus magistrados; elige a dos magistrados para el Consejo de la Judicatura; elige al Fiscal General de una terna que presenta el Presidente; elige a un candidato para la terna de Contralor General; elige un candidato para la terna de Procurador General; y su presidente, junto con sus pares del Consejo de Estado y Corte Constitucional eligen al Registrador Nacional.

Mientras que la Corte Constitucional elige a un magistrado del Consejo de la Judicatura; elige a un candidato para la terma de Contralor General, así como su presidente junto con sus homólogos de la Corte Suprema y el Consejo de Estado eligen al Registrador Nacional. 

Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura elige al director administrativo de la rama Judicial.