Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la formulación de acusación en contra de los herederos de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela como coautores de lavado de activos, por su presunta participación en el manejo de dineros ilícitos de sus padres a través de varias empresas.

El escrito de acusación implica en lavado de activos a Jaime, Humberto y María Alejandra Rodríguez Mondragón, María Fernanda y Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, Amparo Arbeláez Pardo, Julio César Muñoz Cortés, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Rafael Guillermo Alvarado Arjona y María Tereza Quiazua Espinel.

De acuerdo con la investigación, las personas implicadas a través de diferentes medios manejaron cuentas en varias entidades bancarias de diferentes ciudades y por las que entre 1997 y 1998 circularon más de 26 mil millones de pesos, sin contar los dineros registrados en cuentas saldadas, pues se abría una cuenta que se utilizaba hasta por dos meses – en algunos casos-, luego era cancelada y se abría otra, repitiéndose la operación para seguir manejando recursos que no tenían soportes sobre su transparencia.

Después de analizar la posible responsabilidad de cada uno de los implicados, el fiscal de segunda instancia reiteró que a pesar de que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela colaboraron con las autoridades y aseguraron que los recursos del narcotráfico introducidos en las empresas ocurrió sin el conocimiento de los empleados y accionistas, esta fue solo una intención de hacerlos a un lado de las consecuencias penales que sobre ellos pudieran despuntarse, porque las cesiones de empresas y la creación de diferentes cooperativas fue una metamorfosis para proseguir el lavado de dineros provenientes del narcotráfico, mezclándolos con los de origen legal.

Es decir que cuando las empresas de los Rodríguez Orejuela aparecieron en la Lista Clinton, estos las vendieron ficticiamente a cooperativas recién creadas donde sus representantes legales fueron personas de confianza con las que suplieron el manejo que tenían de los recursos del narcotráfico ya mezclados con los percibidos del accionar de las empresas dentro de sus objetos sociales, para así seguir ocultando los dineros ilícitos.