Por Alberto Abello
En política internacional jugar sin una estrategia es peligroso y puede conducir a situaciones desesperadas. En particular en tiempos en los cuales las instituciones nacionales y las internacionales están en crisis. La ONU ha resultado inferior a su misión. El famoso gobierno global que se le atribuía entre sus fines secretos se ha pasado al desgobierno y la ineficacia internacional. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se estableció poco después de la II Guerra Mundial con la finalidad de resolver por la vía pacífica las controversias y litigios entre las naciones, ha resultado inferior a su inmensa responsabilidad y notables cometidos.
Cuando Nicaragua de manera unilateral resolvió desconocer el Tratado Esguerra-Bárcenas violó el compromiso de respetarlo y cumplirlo. Violó los compromisos solemnes del Pacto de Bogotá y los principios amistosos para resolver los problemas entre las naciones de la región. Al violar el tratado se colocaba en el terreno de la ilegitimidad en el concierto hispanoamericano e internacional.
Esa situación hizo pensar a la Cancillería del Palacio de San Carlos que la demanda de Colombia en La Haya no sería avocada por la Corte Internacional de Justicia. Se pensó que no tenía pies ni cabeza denunciar tratados vigentes anteriores a la misma existencia de esa Corte, puesto que Colombia, por intermedio del jurista Jesús María Yepes, había dejado constancia en 1932 de que al Colombia ingresar al sistema judicial de La Haya, lo hacía bajo el compromiso de que esa entidad debía respetar los tratados y las fronteras de Colombia anteriores a la existencia del alto tribunal. Lo que además está en la misma esencia de esa altísima Corte.
Hasta ese momento la Corte no había dictado ninguna sentencia que afecte territorios o espacios marítimos entre las naciones. Por tanto la diplomacia colombiana y los distintos gobiernos que asumieron el manejo del litigio con Nicaragua esperaban que la justicia internacional favoreciera a nuestro país, en el sentido de que se actuaba con buena fe y lo mismo se debía esperar de la contraparte y del tribunal internacional.
No es del caso insistir una vez más en cuanto Colombia nunca debió aceptar acudir a la Corte de La Haya, a menos que lo hiciera para decir que de aceptar que el Tratado Esguerra-Bárcenas dejaba de existir, como solicitaba Nicaragua, debía reclamar ipso facto las costas que le había regalado a Nicaragua en mala hora y a cambio de nada en el Tratado Esguerra-Bárcenas, como lo planteó en su momento en EL NUEVO SIGLO quien suscribe este artículo. Todo ello con el agregado expreso de que no teníamos nada que ganar en La Haya y sí mucho que perder, bajo la presión de una demanda inicua que pretendía justificar el filibusterismo internacional.
Evidencia al vuelo
Al rechazar la Corte Internacional la nota que presentó el gobierno colombiano para rechazar la jurisdicción de La Haya, mostró que se inclinaba por acometer el estudio de un asunto que estaba fuera de su jurisdicción. Y ello a sabiendas que no tenía competencia para modificar las fronteras territoriales de Colombia.
Al violar este principio la Corte sometió a un doloroso vía crucis a la diplomacia nacional. Como es de público conocimiento las normas internacionales establecen la intangibilidad de los tratados fronterizos, que son el fundamento del orden internacional. Principio que debería ser sagrado por ese tribunal, tanto más en cuanto aquí no cabían problemas de interpretación entre las partes, ni con terceros, dado que la comunidad de nuestros vecinos aceptaba el statu quo del meridiano 82. Un Tratado entre las partes anterior a la Corte, que no resistía el argumento de Nicaragua de haberlo firmado bajo presión de Estados Unidos o de Colombia, puesto que el meridiano 82 lo sugirió un senador de ese país centroamericano y el nuestro se limitó a aceptar la sugerencia.
Quizá por eso mismo, la Corte Internacional de Justicia, en el fallo inicuo contra los intereses históricos y la soberanía e integridad de Colombia, se limita a sugerir una línea imaginaria distinta al meridiano 82, que no se considera limítrofe y no menciona el espacio aéreo ni las áreas respectivas en este caso.
Lo que dice es que todo el oriente del meridiano 82 es de Colombia, en cuanto sus islas, cayos y arrecifes y mar. En lo demás se respeta el Tratado Esguerra-Bárcenas, puesto que sabían que como Tribunal carecían de facultades para desconocerlo. Por lo mismo, se dejó en vilo las zonas ecológicas patrimonio de la humanidad. Todo eso conduce la situación al punto muerto de un fallo inaplicable.
La Corte no fijó la jurisdicción del Tratado Esguerra-Bárcenas, por carecer de jurisdicción. Lo que hizo fue crear un lío con terceros países como Costa Rica, Panamá y Jamaica, entre otros. Y ello pese a que cuando esos países quisieron ser parte del litigio de Nicaragua contra Colombia, les aseguró el alto tribunal que éste no afectaba sus fronteras o tratados. Pero ocurrió lo contrario.
Por lo que se ve el Tratado Esguerra-Bárcenas continúa siendo el referente limítrofe entre Colombia y Nicaragua, como lo reconoce la Constitución de nuestro país y no se puede modificar a solicitud de terceros que presentan demandas ilegítimas, cuando ambos Estados habían ratificado el Tratado por los respectivos congresos, lo que reconocían antes de que se fundara el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya.
En consecuencia, en sana lógica y desde lo geopolítico, el derecho positivo y la seguridad jurídica, le corresponde a Colombia, al gobierno y a las Fuerzas Armadas seguir en la defensa de lo dispuesto por el Tratado Esguerra-Bárcenas, en tanto ambos Estados no dispongan otra cosa en un Tratado futuro que libremente podrían negociar.
Abecé de la estrategia del Gobierno frente al fallo
Medidas inmediatas
El Gobierno diseñó y puso en marcha un plan de inversiones sin precedentes en beneficio de los sanandresanos, con programas en materia de salud, de educación, de vivienda, de tecnología, de infraestructura y de energía, y fortaleció la protección y el apoyo a la comunidad pesquera. Estas inversiones, que duplican la inversión anual histórica en este departamento, ya son una realidad y se vienen ejecutando a buen ritmo.
También denunció el Pacto de Bogotá. Es decir, Colombia se retiró de este tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de la Haya.
La estrategia frente al fallo
El Gobierno definió una estrategia jurídica y política para reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Con el apoyo de reconocidos abogados nacionales y extranjeros, diseñó una ESTRATEGIA INTEGRAL.
Elementos y decisiones
- PRIMERO: El fallo es inaplicable hasta tanto se celebre un tratado.
El Presidente juró defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia.
Dentro de sus deberes constitucionales está el de proteger y garantizar los derechos de los colombianos, defender nuestras fronteras y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros Estados.
El artículo 101 de nuestra Carta dice que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”.
La Corte Constitucional ha sostenido que los tratados que se refieren a las fronteras y límites de Colombia deben ser aprobados por el Congreso.
En consecuencia, la posición del Gobierno es la de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución.
El Presidente acudirá a las vías jurídicas procedentes para reafirmar que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de la Haya.
El Presidente, como Jefe de Estado, defenderá esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda.
- SEGUNDO:- Consolidación del archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral.
Tanto el derecho nacional como el derecho internacional les reconocen a todas las islas y cayos del Archipiélago unas áreas marítimas muy importantes: el mar territorial y la zona contigua.
Por eso, con base en las leyes colombianas y teniendo en cuenta principios claros de derecho internacional, se expide un decreto con los derechos de jurisdicción y control que reconoce el derecho internacional sobre dichas zonas.
Se declara la existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual se unen las zonas contiguas de todas las islas y cayos en el mar Caribe Occidental, desde Serranilla al norte y Alburquerque al sur, en la cual se ejerce plena jurisdicción y control.
Esta área integral permite administrar adecuadamente el Archipiélago y sus aguas aledañas -como archipiélago y no como territorios inconexos–, controlando la seguridad en la zona y protegiendo nuestros recursos y nuestro ambiente.
Se ejercerá jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos.
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es y seguirá siendo un archipiélago completo e integrado, con una presencia activa del Estado en todos sus territorios marítimos.
- TERCERO:- Continuar protegiendo la Reserva Seaflower
Se acudirá a todos los medios jurídicos y diplomáticos para rea firmar la protección de la Reserva Seaflower en la que Colombia ha adelantado labores de pesca desde hace siglos.
Se reafirma el gran valor ecológico para el Archipiélago y para el mundo de esta área que fue declarada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera, y se celebra el pronunciamiento de este organismo en el sentido de que no le corresponde intervenir en desacuerdos entre naciones, en contra de lo que había solicitado Nicaragua.
En el plano interno, se ha impartido instrucciones para avanzar, con toda determinación, en las labores de protección ambiental y social, con el fin de prevenir cualquier afectación o daño a nuestros pescadores y a las aguas vecinas al Archipiélago.
- CUARTO:- Contener el expansionismo de Nicaragua
Nicaragua ha anunciado que acudirá a la Corte Internacional de Justicia para que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del Archipiélago de San Andrés –tal como ya lo hizo durante el proceso que llevó al fallo–, pretendiendo extender la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena.
Colombia está enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor que se requieren.
Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas –como son Panamá, Costa Rica y Jamaica– se suscribirá una nota manifestando la preocupación por las intenciones de Nicaragua, nota que el Presidente Santos entregará al Secretario General de Naciones Unidas durante la próxima Asamblea General en Nueva York.
El fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites vigentes con estos países, los cuales son de obligatorio cumplimiento. Ese es otro motivo que NO permite aplicarlo y que obliga a acudir a las vías diplomáticas.
Colombia se opondrá decididamente a las pretensiones expansionistas de Nicaragua ante cualquier instancia internacional, con argumentos técnicos y jurídicos muy sólidos. El Presidente no duda que Colombia tendrá éxito en ese esfuerzo.
El Decreto que se expide también reafirma jurídicamente que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa Caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas.
Esto muestra que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada, sobre la cual tiene y ejerce los derechos soberanos que otorga el derecho internacional.
Se cierra la puerta a los ánimos expansionistas de Nicaragua.
- SINTESIS:
En desarrollo de la estrategia integral frente al Fallo se han dado cuatro pasos fundamentales:
Primero: Se reitera que el fallo no es aplicable sin un tratado.
Segundo: Se consolida el archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral.
Tercero:Se avanza en la protección ambiental y socialmente la Reserva Seaflower.
Cuarto:Se pone freno a las ambiciones expansionistas de
Nicaragua.
Aparte de estos cuatro puntos el Gobierno se reserva el derecho de hacer uso de los recursos que existen ante la Corte Internacional de Justicia y de tomar otras acciones.
Los pescadores de San Andrés no deben temer: Armada
En la Isla esperan que todo lo que se dice en Bogotá se aplique allá. Urgen acelerar el plan de inversiones en el archipiélago
Los colombianos pueden estar tranquilos que la Armada Nacional permanece vigilante en la zona del meridiano 82 hasta el norte o paralelo 15, ejerciendo las labores de soberanía, protección ambiental y salvaguardando la integridad de los pescadores artesanales y en general la de todos los habitantes del Archipiélago de San Andrés.
La afirmación proviene tanto del comandante de la Armada Nacional, almirante Hernando Wills, como del comandante del Comando Específico de San Andrés, almirante Luis Hernán Espejo.
“Nuestros dispositivos de seguridad para todos nuestros pescadores, atienden las instrucciones del alto gobierno, en el sentido de procurar la seguridad y garantizar los derechos que ellos tienen para ejercer sus faenas de pesca en cualquier parte del Archipiélago”, precisó Espejo Segura.
Reiteró que se cuenta con un dispositivo reforzado permanente no sólo en el área que incluye el meridiano 82, sino en general en los 205 mil kilómetros de la jurisdicción asignada a este Comando.
“Los pescadores pueden estar tranquilos porque la Armada Nacional está patrullando toda la jurisdicción del Archipiélago y lo deben saber todos los ciudadanos”, reiteró.
La vigilancia en el archipiélago se lleva a cabo con unidades de superficie entre ellas el “ARC 20 de Julio” y otros buques más, entre ellos unidades tipo fragata, oceanográfico, corbetas, unidades multipropósito y patrulleras oceánicas.
El almirante Espejo Segura expresó que en el archipiélago también está el Grupo Aéreo del Caribe que tiene unas misiones particulares en defensa aérea y “nos complementamos cuando es necesario, pero todo el tema de interdicción marítima y seguridad en el mar es un rol específicamente asignado a la Armada Nacional”.
Indicó que “hay acuerdos que tiene nuestro país para trabajar conjuntamente contra las nuevas amenazas (delincuenciales en altamar). En ese sentido contamos con varios aliados como Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países amigos que contribuyen con sus medios para atacar los delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de divisas y el tráfico de armas, esas nuevas amenazas que en el año 2001 se reconocieron en la declaración de seguridad de las Américas en México”.
El oficial dijo que no tiene información oficial sobre la destinación del nuevo buque “ARC 7 de Agosto” a la vigilancia en San Andrés y sus alrededores. “El buque será destinado donde el comando de la Armada Nacional estime que debe estar. Es muy posible que parte de sus misiones tienen que ver con seguridad en soberanía en el archipiélago”.
Confirman presencia
Paradójicamente, los voceros militares de Nicaragua también dijeron el jueves pasado que sus efectivos y barcos están en la zona del meridiano y no avistaban ninguna embarcación castrense colombiana.
Se trata, entonces, de dos versiones contradictorias. Sin embargo, del lado colombiano la credibilidad se le da a la Armada Nacional. Por ejemplo, la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie, confirmó que la institución permanece en la zona del meridiano 82 y desde allí garantiza la seguridad de los pescadores y en general de todos los isleños.
“Colombia sigue haciendo presencia en el meridiano 82 y hay dos patrulleras de la Armada Nacional en constante relevo”, precisó.
Según la mandataria seccional, los habitantes del archipiélago esperan entender la estrategia definida por el Gobierno para hacer frente a las pretensiones de Nicaragua y los efectos del polémico fallo de La Haya.
De otra parte, Guerrero Bowie pidió al alto gobierno contar con la participación de la administración departamental y de la comunidad de las islas, los directos afectados por el fallo, si se llegan a establecer nuevos tratados.
Mientras tanto, la Iglesia Católica señaló que tras el pronunciamiento del jefe de Estado de no aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se podría crear inestabilidad en el Archipiélago.
Según el obispo de San Andrés, monseñor Eulises González, después del pronunciamiento del presidente Santos se pone en riesgo la paz en la región, porque Nicaragua va a defender el mar que le entregó la Corte de La Haya.
Insistió en que un acuerdo entre Colombia y Nicaragua puede llegar a poner fin al litigio marítimo entre las dos naciones.
Por último precisó que los isleños recibieron la noticia de la inaplicabilidad del fallo con optimismo moderado.
Los pescadores
Sin embargo, son los pescadores los que conocen de primera mano qué está pasando en la zona en litigio, pues a diario faenan en ellas en busca de sustento.
El pescador Julián Blanco dijo que antes de la decisión de la Corte la pesca fluía a buen ritmo en la zona del meridiano 82, pero ahora se viene reduciendo la actividad en forma dramática por el temor que suscitan los reiterados anuncios de Nicaragua de decomisarles los productos.
“Antes pescaba hasta mil libras y hoy en día entre 25 y 30 libras y hay días en que no nos queda ni para comer. La situación es difícil”, precisó.
Insistió en que el Gobierno colombiano debe ponerse en “los zapatos de los pescadores, porque a veces solo nos quedan unos cinco mil pesos y con este dinero es difícil vivir tranquilamente”.
Expresó que “los nicaragüenses nos vienen correteando con botes y con guardacostas y nos anuncian que nos van a quitar el producto de nuestro trabajo”.
Otro pescador, Juan Díaz, dijo que “lo que el Presidente está hablando allá en Bogotá, que lo cumpla en San Andrés. Así como les prometió a los pescadores que recibirían un subsidio”.
Insistió en que las aguas más ricas en pesca están en manos de los nicaragüenses.
Acelerar proyectos
Paralelo a ello, las autoridades locales insisten en acelerar el plan de inversiones en San Andrés. El alcalde de Providencia y Santa Catalina, Robinson Dawkins, dijo que visitaría diferentes ministerios para asegurar los recursos de los proyectos que hacen tránsito en varias dependencias nacionales. La urgencia es que esos giros y compromisos presupuestales deben concretarse antes de que entre en vigencia la llamada Ley de Garantías Electorales.
Entre esos proyectos se encuentran la construcción de muros de contención para evitar la erosión en los sectores de Free Town, Nan Hill, la represa de Fresh Water Bay, Rocky Point y Salt Creek.
Entre las iniciativas que fueron presentadas ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se encuentran las vías terciarias, la construcción del Centro de Desarrollo Infantil y la nueva estación de bomberos.
El mandatario insistió en que también se busca conseguir recursos para el arreglo del estadio de softbol, la recuperación de canchas múltiples y la construcción del estadio de béisbol infantil en Bottom House.
Mientras tanto, el presidente de la Asamblea departamental, diputado Jorge Méndez, exigió más claridad sobre las inversiones del Plan San Andrés, al considerar que el Gobierno debe analizar con más detalle y suficiente tiempo las distintas problemáticas que aquejan a la isla.
En reciente reunión el exministro Rudolf Hommes anunció que recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de 65 millones de dólares se invertirían en cuatro proyectos básicos, como el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables del Archipiélago, la infraestructura turística, acueducto y alcantarillado.
Unitas sin relación con litigio: Wills
El comandante de la Armada Nacional, almirante Hernando Wills, afirmó que los ejercicios navales que realizan varios países en el mar Caribe colombiano, conocida como “Operación Unitas” no tienen ninguna relación con la situación que se registra entre Colombia y Nicaragua.
“La Operación Unitas es un ejercicio que se viene realizando cada año en Suramérica y la sede para Colombia le fue otorgada hace más de tres años. Lo que estamos haciendo realmente es continuar con ese trabajo y con esa tradición que ha tenido Colombia de participar en estos ejercicios, pero no tiene relación alguna con la situación con Nicaragua”, precisó.
En cuanto al “Plan Orión”, el Comandante reveló que se trata de recursos invertidos por el Gobierno para mantener y mejorar las capacidades de todas las Fuerzas Militares y en general de la Fuerza Pública.
“En este sentido estamos participando de manera masiva (en Unitas) con las unidades recientemente repotenciadas… Las fragatas, los submarinos, los aviones y los helicópteros de la institución sirven para mostrarle a la comunidad internacional y a los países amigos las capacidades que tiene Colombia para hacer esos mantenimientos, porque todos fueron hechos en el país y para mostrarles que estamos listos para ser parte de estas fuerzas multinacionales”.