Un intercambio de acusaciones mutuas sobre supuestas mentiras dichas por sus interlocutores se produjo esta noche en la plenaria del Senado, durante el debate convocado por el uribismo sobre “Tratado de extradición con el Gobierno de los Estados Unidos y deportados desde Venezuela”, al que fue citada la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.
El senador Álvaro Uribe, líder natural del partido Centro Democrático, le respondió al también senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien se refirió a los títulos de la finca El Ubérrimo, de la familia Uribe, señalando que “no hay un peso del Gobierno nacional en predios privados de mi familia, pero además lo que se hizo fue darle mantenimiento a uno canales de riego. Mi familia tenía predios en la zona de canales de drenaje, pero no en la zona de canales de riego. El senador Cepeda vuelve a mentir adjudicando a mi familia y a mi persona inversión de dineros de Estado en canales propios. Más aún, señor presidente: mi familia paga cumplidamente la cuota de sostenimiento de esos canales, cuotas de sostenimientos, y hemos tenido que sufrir tremendas inundaciones en ese distrito de drenaje, a pesar de que pagamos durante muchos años el sostenimiento”.
Según Uribe, el senador Cepeda “ha ido allí, a El Ubérrimo, mintiendo; como una vez que pidió un carro de la Defensoría del Pueblo para ir a visitar la prisión de la represa de Urrá, y se fue para El Ubérrimo. La próxima vez me dice y lo espero. Y váyase con Márquez y con Santrich, y cuanto bandido quiera ir. Y no sea cobarde y mentiroso”.
Tras lo dicho por Uribe, el senador Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, dijo que Cepeda fungía como integrante de las Farc.
La réplica de Cepeda no se hizo esperar: “No le voy a contestar una intervención tan insustancial como la del senador Corzo, pero esas discusiones las podemos dar en cualquier momento. Quiero invitar a que usted presente las pruebas de lo que está diciendo, porque ustedes hace tres años dijeron que en respuesta a mi debate de control político iban hacer uno aquí en el Senado sobre la Farcpolítica y estamos todavía esperando, porque ustedes son buenos para amenazar, pero no para cumplir. Entonces lo reto a que lo haga y con pruebas en la mano, porque aquí cualquiera puede ser acusado y por eso deben tener sustento, así no les guste”.
La discusión se puso sobre la mesa luego de que la Contraloría solicitara una investigación a la Agencia Nacional de Tierras sobre presuntos casos de despojo y venta irregular de baldíos, que involucra a El Ubérrimo. Uribe denunció ante la Fiscalía al contralor Edgardo Maya y a los demás funcionarios de ese organismo, acusándolos de estar de parte de las Farc y de emprender en su nombre una persecución política.
Uribe sostuvo que efectivamente las tierras de El Ubérrimo corresponden a baldíos que fueron entregados a sus anteriores propietarios antes de 1994.
Días después, Noticias Uno difundió un informe sobre cómo, luego de ampliar la superficie de El Ubérrimo con predios baldíos, Uribe se favoreció con subsidios cercanos a los 3.200 millones de pesos.
De acuerdo con Noticias Uno, el Ministerio de Agricultura expidió el decreto 732 de 2008 con el que el Gobierno habría invertido más de 15.000 millones de pesos para el distrito de riego en Montería, donde está ubicado El Ubérrimo.
Según esa información, la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, que cuenta con distrito de riego, recibió subsidios por 903 millones de pesos en 2008, en 2009 otros 1.404 millones de pesos y en 2010 un total de 990 millones.
Tras salir al aire el informe, Uribe trinó: “A Noticias Uno, su periodista pro Farc, Julián Martínez, y a su directora dra Orozco, les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió”.
Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el señalamiento de Uribe contra el periodista Martínez es “un mensaje amedrentador para otros medios”.
“La estrategia del senador de responder con acusaciones personales, en lugar de presentar su versión sobre los hechos, debilita la deliberación pública y fractura las garantías para que los ciudadanos en Colombia puedan opinar e informar sobre el poder público”, dijo la FLIP a través de un comunicado.
La FLIP aseguró que no es la primera vez que el congresista estigmatiza a periodistas y que, a pesar de eso, la Procuraduría no ha empezado las respectivas investigaciones.