Los procesos de paz tienden a compararse como esos campos minados en los que si bien hay múltiples señales de “peligro, no pase”, el anhelo de acabar la guerra lleva a tomar el riesgo de cruzarlos, a sabiendas que en cualquier momento puede sobrevenir lo peor. De allí que no pocos expertos en resolución de conflictos suelan decir que, al final, un proceso de paz rara vez puede ser considerado sano, sino que hay que verlo como un paciente que siempre está en agonía y al que hay que tratar todos los días para evitar que muera.
Esas dos metáforas son clave para entender lo que le está ocurriendo en el proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc, que esta semana tuvo varios picos de crisis, uno de ellos tan grave que llevó a que, por primera vez en más de 20 meses de tratativas, el presidente Santos advirtiera del riesgo de un rompimiento.
El campanazo presidencial se dio a raíz de una serie de ataques de las Farc contra infraestructura eléctrica, la industria petrolera y hasta redes de acueducto y alcantarillado, atentados todos que afectaron principalmente a la población civil y el medio ambiente. Por ejemplo, el derribo de una torre de transmisión de energía dejó a oscuras por más de 24 horas a los 400 mil habitantes de Buenaventura.
“Eso es lo que nosotros estamos diciéndoles: Ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar”, advirtió claramente el presidente Santos, el miércoles pasado.
Aunque hubo más de un analista y dirigente político que llamó la atención en torno a que por graves que fueran las acciones de las Farc y el Eln, ese era el costo de negociar en medio del conflicto (que es una de las columnas vertebrales de la metodología de este proceso de paz), fue el propio Jefe de Estado el que un día después les respondió tanto a ellos como a la misma organización insurgente: “la guerra no es contra la población civil”.
Cuatro preguntas clave
¿Se va a romper el proceso?Nadie lo sabe, esta clase de cruces de ultimátum y picos de beligerancia verbal son comunes en toda tratativa de paz y para comprobarlo no es sino revisar las crisis que han marcado todos los procesos de diálogo y negociación con la guerrilla en las últimas tres décadas en Colombia. Por lo pronto el hecho de que la Mesa siga funcionando en La Habana con el difícil tema de los derechos de las víctimas, ya de por sí transmite la sensación de que la negociación se mantiene ajena a lo que pase en el día a día del conflicto en el país, por graves que sean los hechos o desafiantes los pronunciamientos del Gobierno y la cúpula subversiva que no está en Cuba.
¿Dejarán las Farc de atacar torres de energía, camiones de transporte petrolero y otros actos de guerra o de típico terrorismo en los que es absolutamente imposible evitar que se produzca afectación de los civiles?No, tanto esa facción subversiva como el Eln están urgidas de perpetrar acciones que les permitan demostrar capacidad de desestabilización y que ésta se traduzca en presión política para ganar terreno en los diálogos y la negociación, así como para dar un campanazo a un grueso de la opinión pública colombiana que ya no ve en la subversión la mayor amenaza para el país, e incluso considera que el proceso de paz es un mecanismo para acabar con el remanente de un problema menor, pese a que 15 años atrás se creía que Colombia iba rumbo a un “estado fallido” por el poder bélico de la subversión. Hoy la guerrilla se siente subvalorada, negarlo sería apenas ingenuo.
¿Acaso la guerrilla, sabedora de su gran impopularidad, no entiende que apostar por el terrorismo y la afectación de los civiles, es atentar contra quienes en menos de un año podrían estar en las urnas definiendo si aprueban o no lo que se llegue a acordar con las Farc en Cuba?Sí lo saben, pero al parecer están consciente de que por más que den muestras de voluntad de paz, es tal el odio que le tiene la ciudadanía, que difícilmente los perdonará y aceptará, en pos de la paz, su reinserción a la vida civil con todas las prerrogativas políticas, sociales, judiciales y económicas que los negociadores subversivos piden en La Habana. Así las cosas, no pudiendo medirse militarmente a unas Fuerzas Armadas con gran capacidad de reacción tras un ataque, tanto a las Farc como el Eln no les queda opción distinta a apostar por el riesgoso plan de generar problemas, daño y miedo a la población civil. En otras palabras, buscando que se acepte el acuerdo de paz bajo la tesis de que es la única salida, ya no para neutralizar a un enemigo militar mayor capaz de derrotar al Estado, sino para acabar con un problema de seguridad ciudadana mayor, con gran capacidad de causar daño, vía terrorismo. Se pasa así de la tesis del “conflicto armado” a la del “problema de seguridad”.
¿Y entonces?Sólo existen dos escenarios viables. El primero, que el país acepte que no sólo se negocia en medio del conflicto armado sino del terrorismo, lo que parece improbable dado que el margen de acción y compás de espera para el proceso se estrecha cada vez, a tal punto que ya se habla de poner una fecha límite para acabar las negociaciones. O segundo, que en el marco de la discusión paralela sobre el tercer punto (pero último en la agenda) relacionado con la “terminación definitiva del conflicto” se avance algún acuerdo parcial que permita disminuir la afectación de los civiles en el conflicto armado. Las Farc podrían estar dispuestas a ello, bajo un claro móvil táctico-político, pero es claro que algo así no le saldría ‘gratis’ al Gobierno, menos aún con una opinión pública cada vez más escéptica, una oposición política con más capacidad de maniobra y, sobre todo, la necesidad de la Casa de Nariño de respetar el norte del proceso: buscar el fin de la guerra, no la humanización de la misma. /JLP