Con una nueva Nota de Seguimiento y una comunicación directa a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la persistencia de preocupantes escenarios de riesgo por violaciones a los derechos humanos en Soacha, Cundinamarca, donde las muertes violentas durante las últimas semanas no han dado tregua.
El organismo de control señaló que entre mayo y junio del presente año (es decir en menos de mes y medio), se registraron 14 homicidios selectivos en la Comuna Cuatro de ese municipio, aparentemente (según la información recopilada en terreno y que debe ser valorada por las autoridades) en razón a la influencia de grupos armados post desmovilizados que mediante la instrumentalización de pandillas, “parches” y “combos”, generan temor entre las comunidades.
Algunos de los casos referenciados por el SAT de la Defensoría del Pueblo, se resumen así:
1. Mayo 13: sector de invasión Brisas de la Arenera, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 29 años de edad identificado como Darío Edinson Barrios Pastrana, natural de Chigorodó, Antioquia.
2. Mayo 16: en el barrio La Isla, fue asesinado con arma de fuego el ciudadano Miller Prada Barbosa, sin que se conozca mayor información sobre los móviles de este acto violento.
3. Mayo 17: se produjo el homicidio del auxiliar de Policía Luis Antonio González Hernández, de 24 años de edad, adscrito a la estación ubicada en Ciudadela Sucre. Había llegado pocos meses atrás, procedente de Ciénaga, Magdalena.
4. Mayo 18: en la misma zona fue encontrado el cuerpo del joven Luis David Otálora Garnica, de 21 años, con impactos de bala.
5. Mayo 22: igualmente, en el barrio La Isla, fue reportado el homicidio de John Javier Camelo Pedrozo, de 29 años de edad.
6. Junio 2: sector El Oasis, se conoció la muerte violenta de un joven conocido como Julián Esteban Osorio Millán, al parecer con múltiples impactos de arma de fuego.
7.Junio 5: en el barrio La Isla fue asesinado un adolescente afrodescendiente, sin que exista claridad sobre los responsables de estos hechos.
Los demás casos, fueron documentados e informados ante la CIAT, instancia a la que se puso de presente que la situación de riesgo advertida en épocas anteriores se ha hecho extensiva a un sector de la vereda Panamá, contiguo al barrio Altos de la Florida en la Comuna 6, desde donde hace varios años se han establecido asentamientos humanos por invasión. Se estima que la población potencialmente en peligro por la conflictividad en el área, se aproxima a las 480 personas, incluidos 160 niños, niñas y adolescentes.
Variables como lasamenazas contra líderes, población estigmatizada y representantes de organizaciones de víctimas mediante la circulación de panfletos, llamadas y mensajes de texto, sumadas a la superposición de otro tipo de violencias como la extorsión y las venganzas por el control del microtráfico, agravan el panorama en un contexto en el que según las autoridades administrativas el 53,8 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 20,4 por ciento por debajo de la línea de indigencia.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ha conocido versiones de habitantes en sectores como el mismo Altos de la Florida y el barrio Julio Rincón, donde los montos por extorsión para establecimientos comerciales oscilan entre los 50 mil y 60 mil pesos semanales.
Las denuncias por desaparición también se agregan a este conjunto de factores de riesgo, de las cuales la Defensoría del Pueblo ha sido enterada sobre algunos casos puntuales, como los reportados el 8 de Enero en la persona de Jonattan Alape de 22 años, y el 11 de Enero en la humanidad de Edwin Claret Castaño, víctima de desplazamiento forzado y cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de febrero en el humedal de Tibanica, donde han sido recuperados varios cadáveres en lo corrido del presente año. Medicina Legal señaló en su momento que la cifra acumulada de desapariciones entre enero y abril era de 24 situaciones reportadas.
En materia de desplazamiento, los registros oficiales advierten la llegada a Soacha, durante los últimos 5 años, de 10.640 personas expulsadas por la violencia en otros territorios, circunstancia que complejiza los niveles de vulnerabilidad social, pues por lo general estos asentamientos afrontan limitaciones de acceso a bienes y servicios
Al diagnóstico anterior hay que añadir el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según el cual desde el 1 de enero y hasta el 19 de mayo de 2016 se habían registrado 58 muertes violentas por homicidio en Soacha, y entre el 1 de enero y el 20 de junio 26 asesinatos únicamente en la Comuna 4 de Cazucá, a la cual hace referencia la Defensoría del Pueblo, hecho que corrobora la categoría de riesgo advertida por la Institución en su más reciente informe ante las autoridades competentes.