Estarían enla puerta del horno dos medidas de aseguramiento contra igual número de concejales de Bogotá.

Mientras tanto, al expresidente de la corporación, Hipólito Moreno, quien renunció al Partido Social de Unidad Nacional (La U), le revocaron la condena.

Por otro lado, la Contraloría General no avaló un preacuerdo con el clan Nule.

Y además, la concejala Angélica Lozano, ahora en la Alianza Verde, denunció maniobras para la licencia pedida por José Juan Rodríguez, quien en este momento sería su copartidario. Rodríguez está privado de la libertad dentro del proceso por el carrusel de la contratación.

Así está el proceso de corrupción más sonado en los últimos tiempos en Colombia. Uno de los traspiés de ayer fue porque el Tribunal Superior de Bogotá indicó que la Fiscalía no tuvo en cuenta los agravantes en el juicio a Moreno, quien había sido condenado a seis años y medio de prisión domiciliaria.

La defensa de Moreno apeló la decisión y el Tribunal, luego de estudiar la condena, encontró errores jurídicos en la imputación de los cargos por parte de la Fiscalía que llevaron a un problema al momento de fallar la condena.

Además que el fallo ordena a la Fiscalía investigar a la jueza 64 de control de garantías por el posible delito de prevaricato por acción al dictar prisión domiciliaria sin el dictamen de los médicos autorizados, la Fiscalía deberá confeccionar una nueva imputación de cargos porque en el actual quedó sin efectos la condena.

De otro lado, la contralora Sandra Morelli le advirtió al Tribunal que el preacuerdo propuesto por el clan Nule no cuenta con las garantías suficientes para reintegrar los recursos por el presunto detrimento patrimonial que causaron en el carrusel de la contratación.

“Según la información que obtuvimos, que pedimos a todas la entidades territoriales, la pérdida ascendía a 1,2 billones aproximadamente”, dijo Morelli. De ese dinero, ya se han recuperado cerca de 500.000 millones, de manera que quedarían aproximadamente 700.000 pesos por reparar según los cálculos.

En este mismo sentido, al tiempo que la concejala Lozano indicó que el desfalco a Bogotá puede ascender a los 2 billones de pesos de los cuales sólo se habrían recuperado 19.356 millones de pesos, denunció que estamos en una patria boba: “El Concejo en medio de recursos, impedimentos y toda clase de maniobras jurídicas no decide lo evidente: negar la licencia no remunerada solicitada por el concejal Rodríguez, tal como lo establece claramente el artículo 134 de la Constitución Política y en su lugar proceder a llamar al siguiente integrante de la lista para que asuma la curul, en este caso Lucía Bastidas”.

Precisamente, la concejala Lozano cuestionó que ya se cumplieron 5 meses de haber solicitado licencia. Rodríguez por 6 meses. “No se ha resuelto su situación y sigue siendo concejal con una nómina de 10 personas quienes no asesoran a nadie, pero que reciben su pago cumplidamente por parte de la corporación”.

De igual forma Lozano insistió en su desacuerdo con la disposición constitucional que dejó por fuera los delitos contra la administración y premia a los partidos cuyos integrantes han estado involucrados en procesos de corrupción y estafa al patrimonio público.

Es por esto que la concejala promueve la figura de la silla vacía para lograr que los partidos respondan políticamente en caso de que sus miembros resulten involucrados en delitos de fraude al tesoro público.

Frente a las actuaciones del Concejo, la concejala señaló que es un desprestigio los privilegios a los corruptos como penas irrisorias y cárcel especial o en la casa, le duelen a la ciudad. “Exijo que se resuelva esta situación, los concejales fuimos elegidos para vigilar y controlar el erario de Bogotá y no para robar”.

Mientras se cocinan los procesos por el carrusel de la contratación, uno de los factores que tienen pensando, tanto a implicados como a los líderes que ingresarían al Concejo, es que comienza en dos semanas la ley de garantías.