Después de más de dos años la mayor deuda del Gobierno nacional en materia de la agenda legislativa territorial es nada menos que la reforma al régimen departamental, que se quedó para ser discutida en marzo próximo en la Comisión Primera del Senado.

En este sentido le queda un sabor amargo al gobierno nacional en el propósito de remozar las normas y dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus funciones, a pesar de que logró a mediados de año que el Congreso le aprobara la reforma al régimen municipal, y que esta semana también quedaran listo para sanción presidencial el proyecto de áreas metropolitanas y el régimen distrital, aprobados, respectivamente, por la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado.

La reforma al régimen departamental fue radicada en agosto de 2011 por el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, arrancando su trámite por la Comisión Primera de la Cámara, que le dio ‘luz verde’ el 8 de noviembre de ese mismo año.

Tras el receso legislativo de fin de año, la plenaria de la Cámara retomó la discusión de esta iniciativa, la cual aprobó el 22 de marzo de este año.

Sin embargo, la iniciativa frenó en seco su trámite legislativo al arribar a la Comisión Primera del Senado, en la cual se dio un fuerte debate en cuanto si el articulado responde o no realmente a los requerimientos  del departamento del siglo XXI.

Por esa razón, el 23 de mayo de 2012, la Comisión Primera de Senado aplazó la votación del proyecto que busca modificar el régimen de los departamentos hasta realizar un estudio en cada región del país para formular un cambio estructural administrativo e independiente para todas las regiones.

En ese sentido se determinó adelantar inicialmente un estudio para conocer de primera mano la situación de cada capital y departamento para formular una descentralización.

A su vez el entonces presidente de la Comisión, Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), planteó la necesidad de realizar un análisis más concreto en dicha reforma con el objeto de otorgar herramientas jurídicas a los entes regionales para que puedan ejecutar obras de desarrollo y progreso al disponer de recursos y asumir sus propias decisiones orientadas en beneficio de sus pobladores.

¿Qué pasará?

La realidad actual del proyecto de reforma departamental es que quedó para marzo del próximo año. La iniciativa estuvo en el orden del día esta semana en la Comisión Primera del Senado, pero no pudo ser votada porque fue citada plenaria para evacuar el proyecto de reforma al fuero militar.

Sobre el particular la presidenta de esta célula legislativa, Karime Mota (Partido Social de Unidad Nacional –La U) explicó que efectivamente “se hicieron los foros, se escuchó a toda la comunidad, los ediles, gobernadores, diputados, y estaba en el orden del día pero como la plenaria nos citó en horas de la mañana, no pudo sesionar la Comisión, por lo tanto quedó para el otro año.

En cuanto a la ponencia para el tercer debate de este proyecto hace varios cambios fruto del diálogo territorial que se dio previo al tercer debate, como la inclusión de un artículo, el cual hace referencia al impacto subregional y regional de las competencias ejecutoras de los departamentos. Al respecto señala que “sin perjuicio de la aplicación de los principios de subsidiaridad y complementariedad para con los municipios de conformidad con la Constitución y la LOOT, los departamentos desarrollarán sus competencias ejecutoras, teniendo en cuenta el criterio de impacto subregional y regional de los programas y proyectos que adelante. El departamento se abstendrá de inmiscuirse en las competencias ejecutoras de los municipios y distritos y, por el contrario, buscará economías de escala en la aplicación de los recursos públicos”.

La ponencia también introduce otro artículo nuevo, el cual hace referencia a la mesa de coordinación territorial. Al respecto indica que “créase la mesa de coordinación territorial como instancia de articulación para la ejecución de políticas públicas sectoriales, conformada por: el gobierno nacional, los gobernadores o su representación, el Presidente de la Confederación Nacional de Diputados o su Delegado, los alcaldes o su representación, y el Presidente de la Federación Nacional de Concejales o su delegado, que sesionará ordinariamente cada seis (6) meses, será presidida por el señor Presidente de la República y actuará bajo la coordinación técnica del Ministerio del Interior”.