Tras los comicios de 2010 se prometió la más grande reforma electoral para depurar todo el sistema político. Cuando ya estamos en la antesala de la puja parlamentaria y presidencial la pregunta es una sola: ¿se cumplió?
La respuesta deja mucho que desear. En los últimos tres años fueron varias las iniciativas que se discutieron en el Congreso, quedando la gran mayoría a la vera del camino, como sucedió con la principal de ellas, la reforma al Código Electoral, tantas veces prometida y urgida, pero jamás concretada.
Lo cierto es que el país cuenta con una normatividad electoral anacrónica frente a la realidad en materia política. Algunas reglas del juego, incluso, son anteriores a la Constitución de 1991. Varios aspectos relacionados con actos legislativos de reforma política no han sido reglamentados, como es el caso de los mecanismos para la escisión partidista.
Y hay otros casos aún más complicados. Por ejemplo, la reforma política de 2009 dispuso aumentar de 2 a 3 por ciento el umbral electoral para las elecciones a Congreso a partir de 2014. Esa norma podría implicar la desaparición de varios partidos y movimientos políticos pequeños en marzo próximo, pues el piso de votos mínimo de una lista al Senado será de 400 mil sufragios hacia arriba. Aunque la medida trató de cambiarse en varias ocasiones en los últimos tres años, ni el Gobierno o la Unidad Nacional lograron consenso al respecto.
Hoy la única esperanza de partidos pequeños como el MIRA o el Polo es que la Corte Constitucional falle a su favor, antes de marzo, una demanda de inexequibilidad contra el aumento del umbral.
Es más, se llegó a hablar de que el Ejecutivo, vía decreto, o el Consejo Nacional Electoral (CNE), por medio de una resolución, o incluso el Congreso mediante proyecto de ley, podrían sacar adelante una normatividad que impidiera que los partidos que no alcancen el umbral –y por lo tanto no ganen curules en marzo de 2014- puedan mantener su respectiva personería jurídica. Esa idea tampoco progresó.
También se llegó a proponer una alternativa para fusionar colectividades o dar una nueva amnistía al transfuguismo partidista, pero tampoco hubo apoyo de la coalición gobiernista, y por eso nunca llegó al Congreso.
Incluso a estas alturas todavía no está claro si es posible hacer alianzas multipartidistas para avalar listas al Senado y la Cámara.
En todos esos casos la Casa de Nariño le insistió al Congreso que no era adecuado cambiar las “reglas de juego” electorales estando a menos de un año de la cita en las urnas. Sin embargo, desde la oposición y el uribismo se insistió en que la postura del Ejecutivo era una maniobra política para evitar la deserción de congresistas y dirigentes de la coalición de Unidad Nacional hacia otras toldas, especialmente las del expresidente.
Reforma que no fue
arias son las iniciativas que fueron presentadas al actual Congreso luego de las elecciones legislativas y presidenciales de 2010, y que se quedaron en el camino por diferentes razones.
Sin duda, la decepción más notoria se vivió con el proyecto de reforma integral al Código Electoral que fue radicado en el Parlamento en octubre del año pasado por el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo.
Pero la iniciativa, que se presentó en su momento como una normatividad moderna y de avanzada, se terminó hundiendo pues acabó el periodo legislativo sin recibir siquiera el primer debate en la Comisión Primera de Cámara.
En consecuencia se quedaron solo en propósitos disposiciones que contenía el proyecto como la regulación de las campañas electorales, de la propaganda electoral, el acceso a medios de comunicación social y la financiación de las campañas.
Lo cierto es que el proyecto fue abandonado a su suerte por el Gobierno nacional. Incluso se piensa que la iniciativa quedó en el congelador a la espera de los acuerdos que puedan surgir en materia de participación política en la negociación de paz con las Farc en La Habana (Cuba).
Más hundimientos
Pero esa reforma no fue el único proyecto de ajuste electoral que quedó a medio camino.
Por ejemplo, fue archivado, por cambio de legislatura, un proyecto que pretendía ampliar el horario de las elecciones hasta las 6 de la tarde, con el fin de facilitar a la ciudadanía el ejercicio del derecho al sufragio.
Por igual razón fue hundida una iniciativa para crear una curul en Senado en representación de las regiones que hoy no cuentan con esta vocería por su escasa población.
La iniciativa establecía que se elegirá por cociente electoral un senador en representación de Guainía, Amazonas, Arauca, Casanare, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés y Providencia.
En trámite
De otra parte, hay algunas iniciativas a las que se les ha dado trámite legislativo pero que difícilmente, en caso de ser aprobadas en los próximos meses, alcanzarán a ser aplicadas en los comicios de 2014.
Es el caso del proyecto de ley estatutaria presentado por el Consejo Nacional Electoral para –nuevamente- poder revocar la inscripción de candidatos que de forma manifiesta se observe que están inhabilitados para aspirar. Ello porque Consejo de Estado anuló una resolución en que el CNE reglamentaba esta función. El alto Tribunal consideró que solo el Congreso por medio de una ley puede regularizar esa facultad.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión Primera de Cámara y está a la espera de segundo debate en la plenaria de esta Corporación.
Además en la Comisión Primera de Cámara sigue pendiente de debate un proyecto para que el Consejo Nacional Electoral tenga autonomía administrativa y financiera, como lo estableció la Reforma Política de 2009. Previamente, este Congreso ha hundido dos iniciativas en este sentido.
También está un proyecto del senador Juan Carlos Vélez, el cual busca adoptar instrumentos de acceso a la información para los partidos, medidas de restricción de la circulación de efectivo para las campañas políticas, control de aportes, supervisión sobre actividades de las campañas no declaradas por los candidatos, dinamización del sistema “Uriel” (unidad de reacción inmediata sobre anomalías en comicios), entre otras. Dicha iniciativa está a la espera de primer debate en la Comisión Primera del Senado.
Igualmente en la Comisión Primera del Senado está desde julio pasado a la espera de primer debate un proyecto de acto legislativo, de autoría del parlamentario John Sudarsky. La iniciativa fue hundida en la primera legislatura de este Congreso y en esta nueva oportunidad tampoco ha ‘despegado’, a pesar de que fue expuesto por el Partido Verde en la Unidad Nacional y, supuestamente, contaría con el apoyo de los partidos que la integran.
El proyecto introduce un sistema mixto de representación en el Congreso que, para el caso de Cámara, implicaría la creación de distritos electorales por cada 410 mil habitantes en cada departamento; mientras que en Senado un 60% sería integrado por la misma fórmula de distritos electorales, en tanto que el 40% restante sería elegido por circunscripción nacional.
También en la Comisión Primera del Senado está pendiente de iniciar su trámite legislativo el proyecto que establece que para ganar una elección de gobernador se debe contar con más del 40% de la votación. Incluso hay otros relacionados con segunda vuelta en las elecciones de los alcaldes de las principales capitales departamentales.
Y apenas hace algunos días el parlamentario conservador Telésforo Pedraza anunció que presentará un proyecto de acto legislativo que permitiría que la comunidad raizal residente en el archipiélago de San Andrés tenga un senador elegido por la comunidad raizal. En la actualidad San Andrés cuenta con un solo escaño en la Cámara de Representantes.
Hay otros proyectos en trámite o que se radicaron pero nunca pasaron de la primera ponencia… Sin embargo, tras esta revisión lo único claro es que el tan prometido y urgente ajuste electoral para 2014 nunca llegó y los comicios de Congreso y Presidencia se regirán por un conjunto normativo que no pocos señalan de enredado, con zonas grises, con falencias en materia de transparencia y anacrónico.
Los pocos cambios para 2014
- Anticipos: los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un ochenta por ciento de anticipo de la financiación Estatal de las consultas o de las campañas electorales en las que participen.
- Escrutinio el día de la votación: las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva Registraduría previamente señale.
- Unidad Nacional de Delitos Contra los Mecanismos de Participación Democrática.
- Depuración permanente del censo electoral. Ya no “votarían” los muertos.
- Votaciones en el exterior: los periodos de votación de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior deberán estar abiertos durante una semana, entendiéndose que el primer día es lunes anterior a la fecha oficial de la respectiva elección en el territorio nacional.
- Una segunda curul en la Cámara para los colombianos en el exterior, tras una reforma legislativa que le quitó la que tenían las minorías políticas. El parlamentario Jaime Buenahora fue el impulsor de la iniciativa
- Una decisión del Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica, tras considerar que el haberla perdido no tuvo origen en un fracaso electoral sino por la campaña de exterminio a que sus dirigentes y militantes fueron sometidos en los ochenta y noventa.
Reelección intacta
Como era previsible, apenas se empezó a vislumbrar la posibilidad de que el presidente Santos aspirara a un segundo periodo, el tema de una posible reforma a la norma constitucional que permite a un Jefe de Estado repetir de inmediato en el cargo se puso sobre el tapete.
En alguna ocasión, el propio Santos insinuó que era partidario más de un periodo de seis años para Jefe de Estado, gobernadores y alcaldes, pero se formó tal polémica que la idea no pasó a mayores, pues se creyó que el mandatario estaba pidiendo un alargamiento de su mandato, lo cual él mismo tuvo que salir a desmentir rápidamente.
El Polo sí presentó un proyecto para derogar la posibilidad de reelección presidencial, pero la iniciativa se hundió sin pena ni gloria.
La otra gran controversia alrededor del tema electoral en la Casa de Nariño, se dio cuando desde varios sectores empezó a abrirse la posibilidad de eliminar la figura del Vicepresidente y volver a la del Designado, que existía antes de la Carta del 91.
La idea, que tuvo muchos partidarios, incluido el propio Santos, al final de cuentas no llegó al Congreso, en gran parte porque no parecía muy elegante presentar semejante reforma cuando el titular del cargo, Angelino Garzón, atravesaba por una difícil coyuntura de salud luego de sufrir un accidente cardiovascular.
Es más, tanto este percance médico como una operación de urgencia al Presidente ante el riesgo de un pre-cáncer prostático, llevaron a presentar un proyecto de ley que obliga a los altos funcionarios a someterse anualmente a exámenes médicos para establecer si están en posibilidad de gobernar.
Proceso de paz no impacta todavía
Desde que en noviembre del año pasado arrancó el proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), se aseguraba que uno de los elementos que más influiría para que las normas electorales en 2014 sufrieran un ajuste muy fuerte sería, precisamente, un acuerdo de paz.
Sin embargo, ya estamos en octubre, a escasos seis meses de los comicios parlamentarios y ocho de los presidenciales, y todavía la posibilidad de un acuerdo definitivo en La Habana está lejos. Han pasado 15 rondas de negociación, hay un preacuerdo en torno al primer punto de desarrollo agrario y la discusión del segundo, precisamente sobre apertura a la participación política (obviamente para una guerrilla desmovilizada y desarmada) ha sido larga y muy trabada. Se sabe que se ha hablado sobre número curules en el Congreso para los guerrilleros pero no hay nada claro.
Aunque las Farc han pedido que se aplace el calendario electoral, el Gobierno ha sido claro en que ello no es posible.
Igualmente, mientras la subversión insiste en que se cite a una asamblea constituyente (que podría incluso, como en el 91, recortar el periodo del Congreso), el Gobierno rechaza tal solicitud y dice que el mecanismo de refrendación popular del acuerdo de paz a que se llegue será un referendo, alternativa que las Farc no comparten.
Por ahora lo único claro en materia de impacto normativo del proceso de paz en el aspecto electoral es, precisamente, ese proyecto que busca viabilizar que se pueda votar un referendo el mismo día de los comicios parlamentarios o presidenciales, algo que hoy está prohibido.
El texto a votar puntualmente en el referendo sólo se conocerá cuando se firme un acuerdo de paz con las Farc. Faltando tan poco tiempo para los comicios de 2014, el pacto en La Habana tendría que firmarse antes de terminar diciembre, algo que hoy se ve complicado pues sólo se avanza en el segundo de los cinco puntos de la agenda.
Incluso si se llegara a un acuerdo de paz en diciembre, habría que redactar las preguntas del referendo, llevar el proyecto al Congreso -que sería citado a sesiones extras- y allí debería ser aprobado en tiempo contra-reloj, para que la iniciativa vaya luego a revisión de la Corte Constitucional. Y de allí, en caso de salir exequible, debe ir a la Registraduría, para que se fije fecha de votación. Todo ese proceso difícilmente se podría cumplir antes de marzo, cuando se elige el Congreso.
Así las cosas, si hay acuerdo de paz con las Farc, el referendo para que los colombianos voten por el Sí o No a lo pactado sólo se podría dar en la primera vuelta presidencial (en mayo) o la segunda (en junio).
Es claro, entonces, que si la ciudadanía aprueba darle curules o cargos de poder a los guerrilleros, éstos no se someterían a elecciones en marzo, mayo o junio, sino que los escaños serían automáticos.
Sin Estatuto de Oposición
Otra de las grandes expectativas que había respecto a 2014 era la posibilidad de que para este proceso electoral ya estuviera vigente el llamado Estatuto de la Oposición.
Sin embargo, esto ya no fue posible porque el proyecto en cuestión nunca se pudo consensuar entre el Gobierno nacional y el Polo Democrático, que es el único partido oficialmente declarado en oposición.
Aunque se sentaron a discutir al respecto con los ministros del Interior (Germán Vargas y luego Fernando Carrillo), la colectividad de izquierda se reafirmó en su postura sobre la urgencia del Estatuto pero sus exigencias en torno a puntos como tener un cupo en el Consejo Electoral, en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, o que le dieran la titularidad de los órganos de control (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y otros) hizo imposible un acuerdo.
Pero al final de cuentas, es claro que todo se congeló debido a que el Estatuto tendrá que reflejar cualquier acuerdo en materia de inclusión política a la oposición que se derive de un eventual pacto de paz en La Habana.
Sin voto electrónico, pero sí biometría
Aunque el acto legislativo 01 de 2009 ordenó que en 2014 los comicios tendría que llevarse a cabo con el mecanismo de voto electrónico, ello no será posible.
Es más, aunque la ley 1475 de 2011 creó una comisión integrada por diferentes entidades gubernamentales y electorales para que propusiera el modelo de voto electrónico más apropiado para nuestro país, todavía no se ha podido realizar la prueba piloto para medir en la práctica la efectividad de los dos mecanismos que tienen bajo estudio.
Sin embargo, si el Gobierno lo decidiera, podría aplicar uno de los dos modelos seleccionados, pero sería muy riesgoso sin pruebas previas.
Lo que sí es claro es que se aumentará la cobertura del sistema de biometría, que permite identificar al elector por medio de su huella dactilar. En este proceso ya hay muchos avances, sobre todo en los comicios regionales de 2011 y los atípicos del último año y medio.