La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, formuló un requerimiento urgente a la Agencia Nacional Minera para que se ordene la restricción y exclusión de toda actividad minera en las áreas de Parques Nacionales Naturales del país, que están siendo ambientalmente afectadas.

El Ministerio Público manifestó su preocupación por la presencia de minería en áreas de conservación ambiental de gran importancia, como los Parques Nacionales Naturales. El organismo de control considera que permitir la interferencia del sector minero en estas áreas contraviene no sólo disposiciones constitucionales, sino además la protección legal que para ellas confiere específicamente el actual Código de Minas. Esta norma otorga una protección absoluta frente a ciertas áreas declaradas de importancia para la conservación en Colombia, y por consiguiente declara “restringida” toda actividad minera de exploración o explotación en su interior.

Por su parte, la legislación ambiental reconoce explícitamente que las únicas actividades habilitadas en áreas de Parques Nacionales Naturales corresponden exclusivamente a aquellas de conservación, recuperación, control, investigación, recreación, educación y cultura.

Algunos títulos de los que serán revocados autorizan el 100%  de la actividad minera al interior de Parques Nacionales Naturales.

La Procuraduría ha conocido los reiterados pronunciamientos de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales, entidad encargada de la protección y defensa ambiental de estas áreas, sobre la urgente necesidad de actuación por parte de la administración pública frente a existencia de los 37 títulos mineros que en la actualidad comprometen un total de 36.155 hectáreas de estos parques en el país.

Si bien es cierto que en el año 2011 la autoridad minera Ingeominas manifestó su compromiso en la evaluación de los títulos mineros superpuestos en zona de Parques Nacionales Naturales, y su consiguiente cancelación, a la fecha no se han confirmado avances por parte de la autoridad minera responsable.