"La Sala Administrativa aceptó esa recomendación en el sentido de mantener el tren de descongestión, los cargos de descongestión, hasta dónde sea posible, hasta cuando el dinero que nos ha ofrecido el Gobierno, es decir los 170.000 millones de pesos, alcancen", anunció ayer el presidente de esa Sala del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Pedro Munar.

El jurista informó que se suspendió el acuerdo que eliminaba 130 despachos judiciales de descongestión, así como más de 80 cargos de apoyo al interior de las Altas Cortes.

La decisión se tomó luego que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, compuesta por los presidentes de las Altas Cortes, el Fiscal y un representante de los trabajadores, solicitara la revocatoria del acuerdo.

El acuerdo que se derogaría, el PSAA14-10195, tuvo enfrentados a la Judicatura, que lo expidió, y al Consejo de Estado que pidió su revocatoria.

El viernes el presidente de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, el magistrado Augusto Hernández, le envió una carta a Munar pidiéndole revocar el acuerdo por considerarlo “a todas luces ilegal”.

Según Hernández, las determinaciones adoptadas en ese acuerdo “alteraron súbitamente, de la noche a la mañana, la normalidad del servicio de la justicia, y porque no fueron consultadas con el Consejo de Estado ni menos aún autorizadas por esta Corporación”.

La Corte Constitucional, específicamente, estimaba que se afectaba seriamente el trabajo de la corte, ya que eliminaba 20 cargos en la Corporación, de las personas que están más capacitadas en cada despacho.

Esto, para la Corte, reducía “significativamente las posibilidades de respuesta oportuna y satisfactoria de la Corporación respecto de las múltiples demandas ciudadanas que se deben atender para proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, desconociendo el derecho de acceso a la administración de justicia”.

En su momento, la Corte deploró “la falta de planeación que refleja la manera de conducir la política de descongestión en el poder judicial, particularmente en esta Corporación”, llamando a todas las instancias involucradas en estas determinaciones “para que de manera urgente y expedita corrijan el déficit de personal referido”.

Para la Corte, "una determinación de esta naturaleza resulta aún más preocupante cuando el país se encuentra en la construcción de un proceso de paz, para el cual resulta determinante una administración de justicia independiente y fortalecida. La Corte se solidariza y da una firme voz de aliento a las justas reivindicaciones de los juzgados, tribunales y demás Cortes de la Rama Judicial".

El magistrado Munar explicó que todos los cargos continuarán hasta noviembre e indicó que hacen falta 50.000 millones que deberán ser conseguidos por el Gobierno nacional para que las medidas vayan hasta diciembre.