Se puso nuevamente sobre el tapete la polémica propuesta de castigar hasta con cadena perpetua a los violadores y abusadores de niños, iniciativa que desde el 2006 se ha presentado en repetidas ocasiones en el Congreso sin éxito alguno. La novedad es que en esta oportunidad sería el propio Gobierno el que la impulse.
Como sucedió en otras oportunidades, la propuesta esta vez surgió tras execrables acciones contra menores de edad, en este caso en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, donde tres niños fueron maltratados y abusados sexualmente por parte de adultos, supuestamente como parte de ritos satánicos.
Ayer fue capturada una persona por estos hechos y se espera la detención de por lo menos dos, en tanto que los tres niños quedaron en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco de un proceso de restablecimiento de derechos, donde no se descarta que los padres pierdan la patria potestad.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, dijo a La FM que “llevo muchos años diciendo que necesitamos penas más severas para los violadores de niños, lastimosamente en este momento no se está juzgando a todos estos criminales, vemos un problema grave en el acervo probatorio, no se están llevando las pruebas como son en los procesos y muchas veces vemos que no se condena a estos criminales”.
En ese sentido la funcionaria dijo que “creo que es fundamental que aprobemos un proyecto de ley de cadena perpetua, y no hay delito peor que la violación de un niño o una niña. Es un delito atroz, es un delito inhumano, y sí creo que debemos ser mucho más severos en Colombia frente a este delito”.
Plazas dijo que el presidente Santos apoya esta medida contra los abusadores de niños, y “esperamos que el Congreso lo apruebe”.
El mes pasado en la clausura de los retiros espirituales del Partido de La U, efectivamente Santos se mostró proclive a que sea implementada esta drástica sanción. “El Gobierno se comprometió a apoyar ese referendo, es una buena causa y una promesa que yo había hecho y no había cumplido”, dijo el Presidente.
“Que salga ese compromiso. Ustedes pueden tener la seguridad, pueden decir que el Gobierno se comprometió a apoyar ese referendo. Esa me parece que es una buena causa”, aseguró Santos.
<INTERTIT>Ángulo legal
A raíz de los recurrentes abusos contra los niños colombianos la justicia ha endurecido las penas por delitos como violación y explotación sexual, entre otros, además de que por el Código de Infancia y Adolescencia está prohibido otorgar beneficios a las personas que son condenadas por este tipo de conductas.
Sin embargo, la violencia en contra de nuestra infancia antes por el contrario sigue creciendo, por lo que desde el 2006 han sido presentados en el Congreso varios proyectos de ley proponiendo establecer la cadena perpetua, la cual está prohibida por el artículo 34 de la Constitución, los cuales han sido archivados.
Incluso en 2011, la Comisión Primera de Cámara hundió un proyecto de la entonces senadora Gilma Jiménez (QEPD) para convocar un referendo que consultara a los colombianos si estaban de acuerdo o no con instaurar la cadena perpetua.
EL NUEVO SIGLOconsultó al abogado penalista Jaime Granados sobre este nuevo intento de revivir la iniciativa de cadena perpetua para abusadores de niños. “Estoy convencido que en casos de abusos sexuales, atentados contra la vida de menores, la reacción punitiva del Estado debe ser la más severa posible con efectos no solo de prevención especial sino de prevención general. Finalmente los menores son los más valioso y preciado que tiene cualquier sociedad”.
Añadió que está probado que las personas que abusan de menores “no tienen mayor posibilidad de recuperación” porque se trata de comportamientos reiterativos. Por eso consideró que “la única manera eficaz de proteger los menores, que no viole los derechos humanos, es a través de la intervención punitiva del Estado consistente en la pena más alta posible, que es la cadena perpetua”.
Mientras que el exvicefiscal General de la Nación, Jaime Camacho Flórez, dijo que “es una pésima idea”. Consideró que sobre un caso por más execrable que sea no se puede legislar, “la cadena perpetua no es una medida lógica, no es una medida eficiente, las penas existentes son más que suficientes, y si esas personas (el caso de Ciudad Bolívar en Bogotá) son condenadas, pues prácticamente no van a volver a la cárcel”.