Gobierno espera descongestionar procesos de delitos menores y los casos que adelanta personalmente la Fiscal General.

Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Periodista de EL NUEVO SIGLO

AUNQUE NO es de su autoría, el Gobierno está muy pendiente del trámite que tenga, en su segunda vuelta, el proyecto de acto legislativo que les otorga a las víctimas y a las autoridades administrativas la facultad de instrucción (investigación y acusación) que actualmente tiene la Fiscalía, y que empezará a ser analizado hoy por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Como primera medida, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras ha anunciado desde el semestre pasado que uno de los objetivos de la iniciativa será descongestionar los procesos de los delitos menores, ya que actualmente la Fiscalía no cuenta con la suficiente capacidad de asumirlos. Esta situación de congestión en el ente acusador, se dio después que la Corte Constitucional declarara en el 2009 inexequible la ley de pequeñas causas, que les entregaba la competencia de la investigación a Comandantes de Estación y Subestación de Policía de estos delitos. Desde entonces, no han corrido con éxito las iniciativas que el Gobierno ha radicado en el Congreso sobre la materia. La última tuvo que ser retirada de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la legislatura pasada por problemas de presupuesto. Por tal motivo, el Gobierno ha visto con buenos ojos entregarles esta competencia judicial a las propias víctimas de los delitos menores.

De hecho, la iniciativa original de reforma constitucional contemplaba que las víctimas tendrían tal competencia sólo en los procesos de delitos menores, pero durante su trámite en los primeros cuatro debates fue suprimido del texto esta consideración, para que sea posteriormente la ley la que reglamente la materia, por lo que tal como está el proyecto, las víctimas y las autoridades administrativas podrían ejercer la acción penal en cualquier proceso ordinario.

De otro lado, la semana pasada el Gobierno anunció que se acabará la congestión en el despacho de la Fiscal General, con respecto a la investigación contra ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, gobernadores, generales y almirantes, pues el proyecto de acto legislativo que desmonopoliza la investigación y acusación que hoy día está en manos de la Fiscalía, le da la facultad al director del ente investigador de designar la tarea de instruir los procesos contra aforados en fiscales especializados.

En este tema, el proyecto plantea modificar el numeral cuarto del artículo 235 de la Constitución, el cual quedará así:

“Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen”.

De igual manera, la iniciativa le añade un parágrafo al artículo 250 de la Constitución: “Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente”.

Sin embargo, esta nueva facultad que recaería sobre las víctimas, ha sido criticada por varios expertos en temas judiciales, quienes han expresado que esa disposición puede eliminar la gratuidad de la Justicia.

 
Reforma a la justicia

El interés del Gobierno por el proyecto de acto legislativo 216 de 2011 Cámara – 20 de 2011 Senado, “por el cual se reforma el numeral 4 del artículo 235, el artículo 250 y el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución Política”, se ve mejor desde la perspectiva de la reforma a la Justicia, que pretende darles funciones provisionales de juez a notarios y abogados, como fórmula de descongestión. Los presidentes de las Cortes se oponen y dicen que lo que se necesita es más plata para la Rama, para tener más jueces.

“La Constitución previó la posibilidad de que, de manera excepcional, pudieran atribuírseles funciones jurisdiccionales a los particulares y a algunos funcionarios administrativos”, explicó el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, “de manera que el Gobierno no se está inventando esa práctica. Por el contrario, ha venido funcionando con los tribunales de arbitramento, en los que se les entrega la función jurisdiccional de modo transitorio a unos particulares. Se trata de los mismos abogados de los que usted me habla. Si son escogidos por las partes, éstas no van a cometer la equivocación de seleccionar o aceptar a quienes no les inspiran confianza”.

El magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, sostuvo que otorgarle funciones judiciales a los notarios y a los auxiliares jurídicos, en otras palabras, es privatizar la justicia, “lo que desnaturaliza las competencias de las ramas del poder público”.

“Los notarios están bajo vigilancia del Ejecutivo con el control de la Superintendencia de Notariado y Registro, y por lo tanto es un tema que el Congreso debe reflexionar con muchísimo cuidado”, expresó Fajardo.
En cuanto a que sería mejor una inyección presupuestal para la Rama, Esguerra argumentó que “desde antes de que yo entrara a estudiar Derecho he venido oyendo decir que hacen falta más jueces y más presupuesto para la justicia y nunca se ha resuelto el problema del todo”; y agregó que “la solución no está sólo en la plata. Es necesario buscar otras soluciones”.

El Ministro sostuvo, además, que no se trata de privatizar la Justicia, “sino de aplicar alternativas. ¿Tiene sentido que sigamos manteniendo como judiciales, el trámite de acciones o de procesos ejecutivos en los cuales el debate jurídico es casi ninguno? No se trata de privatizar la Justicia. Esa no es la idea. Quiero ser perfectamente claro que la administración de justicia es una de las funciones esenciales del Estado, tanto como la guardia de las fronteras y el orden público interno”.