El presidente Juan Manuel Santos anticipó, el pasado miércoles, que los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana entrarán en su etapa más difícil con el punto sobre el final del conflicto, al señalar que "la guerrilla no quiere ser el primer grupo en la historia que entrega las armas para irse a la cárcel".

No obstante dejó claro que "el mundo de hoy es diferente y tenemos una legislación y una jurisprudencia nacional e internacional que no permiten los indultos y las amnistías de antaño".

Y es que el tratamiento penal que se dará a los integrantes de las Farc ha sido, tal vez, el principal tema de polémica en los más de 2 años de las conversaciones de paz.

El Gobierno ha asegurado que no habrá impunidad, pero consciente de que los guerrilleros no se desmovilizarán si la expectativa que se les ofrece son las largas condenas, tiene previsto aplicar un modelo de justicia transicional, para lo cual el Congreso ya tramitó el Marco Jurídico para la Paz. Éste contempla, entre otros, la selección de casos para investigar y juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos por las Farc, pero también cabe la posibilidad de penas alternativas diferentes a ir a prisión.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, ve con buenos ojos la aplicación a los desmovilizados de la guerrilla de una justicia restaurativa en caso de lograrse un acuerdo de paz.

“En un momento dado se puede generar por parte de la víctima el perdón hacia el victimario y por parte del victimario la solicitud de perdón a la víctima, y que la comunidad a la que pertenecen los ayude a salir adelante, de manera que no es tanto una cuestión de penas sino de actitudes”, indicó ayer en declaraciones a RCN Radio.

Sin embargo el procurador General, Alejandro Ordóñez, ha insistido que los máximos responsables de la guerrilla necesariamente tienen que pagar cárcel proporcional a los delitos que han cometido de lesa humanidad y violatorios del Derecho Internacional Humanitario.

“La Procuraduría ha dicho que debe haber penas privativas de la libertad y no impunidad. Se lo dijo la Fiscal de la CPI al Presidente de la Corte Constitucional, se lo dijo al Procurador, se ha reiterado en la academia. Esto demuestra que no es un capricho del Procurador; que el Procurador no está poniendo palos en la rueda”, dijo Ordóñez.

La propuesta de monseñor Castro empezó a ser ventilada en el marco de la 96 Asamblea del Episcopado Colombiano, en donde pidió una urgente reforma a la justicia y medidas para los privados de la libertad, sin descartar, propuso, una rebaja generalizada de penas.

También dijo en esa oportunidad que “en los actuales momentos de Colombia, vale la pena que profundicemos más en los desafíos de la justicia transicional y de ser promotores de la justicia restaurativa”.