Por encontrar vicios de trámite cometidos en el Congreso, la Corte Constitucional se abstuvo de estudiar el proyecto cuyo objeto es el de promover, proteger y garantizar las modalidades de derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que los afectan y en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y a controlar el poder político.

Por tal razón el Senado de la República en votación nominal respaldó nuevamente la iniciativa, que volverá a revisión de la Corte. El citado proyecto garantiza el desarrollar medidas para contribuir a la organización, promoción y capacitación de las organizaciones sociales con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública.

"La presente ley no agota ni restringe las posibles formas de participación existentes, ni aquellas que los ciudadanos en ejercicio del derecho de asociación puedan crear para intervenir en los asuntos públicos", consagra la norma.

Así mismo se establece que todo plan de desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan. De igual manera los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.

Según la iniciativa sólo bastará recolectar el 30 por ciento de firmas necesarias para convocar a una revocatoria, del total de personas que votaron en la elección donde salió ganador el mandatario al que se quiera revocar.